Hace unos días ingresó al Congreso un proyecto que propone la creación de una Comisión Nacional Formadora del Precio de la Uva, que funcionaría dentro de la órbita del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). El principal objetivo de este ámbito sería establecer el valor “mínimo, justo y consensuado” para cada varietal. Estaría integrada por representantes del Gobierno y de todos los eslabones de la cadena vitivinícola.
Aunque en 2020 el precio de la uva y del vino de traslado tuvieron una recuperación importante, desde el sector primario insisten en que el atraso era tan profundo que aún no logran tener un valor rentable. Producto de esta situación, un número importante de pequeños productores ha desaparecido y se observa una marcada concentración en la propiedad de los viñedos en los últimos años.
Para la senadora nacional por San Juan, Cristina López Valverde -autora del proyecto-, esto podría evitarse si se fijara un piso para lo que recibe el sector primario. “La idea es poner un precio mínimo, consensuado, y no dejar totalmente desprotegido al productor”, detalló la legisladora. “El poder de negociación del viticultor se ve disminuido, porque tiene un producto perecedero y, a su vez, es el que más riesgos corre, por los eventos climáticos que pueden afectar al cultivo”, subrayó.
“El objetivo es fijar un valor razonable y justo para quien tiene la tierra. De esa manera se puede equilibrar la cadena; que ninguno pierda, pero que nadie gane sobremanera. El precio de la uva lo manejan monopolios que, si no les conviene, tienen capacidad de importar, como ya lo han hecho”, comentó, aunque insistió en que la idea es no afectar ningún eslabón de la cadena y, por eso, este ámbito de discusión y negociación estaría integrado representantes de todos los sectores.
Quiénes tomarían la decisión
El proyecto, que se encuentra en comisiones, plantea que la comisión estaría presidida por el titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura e integrada por un representante del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de la Nación y otro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; también por cinco de los gobiernos de las provincias productoras de uva: uno por Mendoza, uno por San Juan, uno por La Rioja, uno por Salta y uno por el resto de las provincias productoras (por orden de producción).
Además, la conformaría un representante de cada uno de los subsectores de la vitivinicultura: empaquetado y comercialización de uva en fresco; productores y exportadores de pasas de uva; productores y exportadores de mosto o jugo de uva concentrado; sector cooperativo; organizaciones de productores: dos de Mendoza, dos de San Juan, uno de La Rioja y otro Salta; sector elaborador vinícola: dos por parte de las elaboradoras trasladistas que no posean fraccionamiento propio y dos por las bodegas fraccionadoras; entidades que nuclean a los obreros rurales; y entidades que nuclean a los contratistas de viña.
El funcionamiento
La Comisión Nacional Formadora del Precio de la Uva deberá acordar, semestralmente y por simple mayoría, los precios mínimos para la uva en sus distintas categorizaciones o tipificaciones. Este valor deberá ser el piso por el que toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, realice transacciones de compra o venta.
La entidad tendrá también que elaborar informes sobre costos de producción, elaboración y rentabilidad; impulsar normas que impliquen una mejora y control de la cadena comercial agroalimentaria de la uva y colaborar en la tipificación de la uva, entre otras funciones.
El proyecto, además, establece que es obligatoria la confección y registración de los contratos de compra de uva, que deberán detallar operación, consignando cantidad y calidad del producto, precio y forma de pago. Se debe recordar que en Mendoza ya está vigente esta obligatoriedad de registrar los contratos y que funciona una mesa de concertación –no sólo para la uva, sino también para otras frutas que se destinan a la industria-, en la cual el sector productor y el elaborador se sientan a discutir los costos para ver si se puede llegar a un acuerdo.
Posturas divididas
Gabriela Lizana, presidente de la Asociación de Productores del Oasis Este de Mendoza (Aproem), recordó que hace casi siete años el diputado nacional, Roberto Pradines (PD), presentó un proyecto para que se creara una Comisión Nacional Formadora de Precios Vitivinícolas. La iniciativa, que contó con el aval de Guillermo Carmona (PJ) y otros legisladores sanjuaninos, terminó perdiendo estado parlamentario.
El mayor obstáculo para este tipo de proyectos, planteó Lizana, es que no se logra llegar a un acuerdo entre quienes consideran que el mercado debe lograr el equilibrio solo y los que creen necesaria una intervención. Más allá de eso, la productora planteó que es indudable que hay abusos de posición dominante en la formación de precios y prácticas desleales de comercio.
En este sentido, señaló que la Comunidad Europea tiene un código de buenas prácticas comerciales para los productos perecederos, en el que se considera comercio desleal cuando se demora el pago más de 30 días, no se fijan precios ni condiciones de pago, se modifican unilateralmente los convenios y se vende a pérdida.
La mirada de libre mercado, acotó, no justifica el abuso de la posición dominante y debería buscar transparentar las condiciones para que efectivamente exista libertad de mercado. En cambio, si la mirada es intervencionista, se debería asegurar que sea posible el comercio leal y justo. Lizana señaló que hay acuerdo en que se debe implementar algún mecanismo de recomposición de la distribución de la renta en la cadena para evitar que continúe el abandono de propiedades, con el aumento en la desocupación y la pobreza que conllevan. En este sentido, estimó que la Mesa Nacional Vitivinícola puede ser un ámbito propicio para hablar de estos temas.
Milton Kuret, director ejecutivo de Bodegas de Argentina, manifestó que los precios y las condiciones deben pactarse entre las partes, sin intervención de ninguna naturaleza. “Debe ser un acuerdo alcanzado entre privados. Toda intervención externa a la relación comprador/vendedor desalienta la compra de uva e incrementa la maquila (elaboración a cuenta de terceros), postergando en el tiempo la adquisición del vino”, planteó.
Kuret señaló que la mesa de concertación provincial –que nació con la reglamentación de la ley de Registro de Contrato de Compra Venta de Productos Agrícolas, entre ellos la uva- tiene como objetivo tratar temas de costos, calidades y precios, pero resaltó que puede no haber acuerdo entre industriales y productores, como sucedió en la presente cosecha.
“Necesitamos que las instituciones públicas incentiven la demanda y dejen que los integrantes de las cadenas productivas lleguen a sus propios acuerdos, en este caso productores y bodegas. Desde la política nadie defiende a las bodegas frente al canal comercializador o los congelamientos de precios”, lanzó Kuret en relación con el pedido reiterado de Bodegas de Argentina de que los vinos fueran eliminados de los Precios Máximos.
Mauro Sosa, gerente del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, opinó que el proyecto retoma viejas ideas para tratar de solucionar el problema de la rentabilidad del productor, pero que no hay antecedentes de que regulaciones similares haya tenido buenos resultados, más allá de alguna situación coyuntural.
Además, señaló que este tipo de mesas generan “expresiones de deseo” -más allá de la dificultad de que un representante de un sector defina un valor para sus pares en todo el país-, pero que en la práctica es muy difícil que se respeten, ya que luego interviene la inflación. “Los precios no se fijan en un escritorio”, indicó.
Si bien Sosa reconoció que es loable aspirar a mejorar la rentabilidad del productor, opinó que para lograr esto se debe estudiar la cadena de valor y ver en qué eslabón se produce la distorsión que genera que tanto el productor como el elaborador que no fracciona resulten perjudicados.
Los trabajadores tomarán medidas de fuerza
Luego de tres reuniones de negociación paritaria en las que las partes no lograron acercarse siquiera, los empleados vitivinícolas definirán esta tarde, en un plenario, las medidas de fuerza a adoptar. A principios de mes, las entidades gremiales solicitaron que la remuneración sea equivalente al valor de la Canasta Básica para una familia tipo, lo que implica un 100% de aumento.
Miguel Rubio, secretario de Prensa, Cultura y Difusión de la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines, explicó que, en un primer momento, el sector empresario ofreció un 28% de incremento y, en una segunda reunión, subieron a un 30%. Como este número está muy lejos del 100% pretendido por los trabajadores, se rompió la paritaria y ahora deberán acordar medidas de fuerza.
El salario inicial de un obrero de viña ronda los $ 27.500 pesos (y con los ítems no remunerativos alcanza unos $ 37.000), mientras que la remuneración para los operarios de una bodega es de $ 28.800. A fines de agosto del año pasado, Foeva y el sector patronal acordaron un incremento del 40,3%, luego de meses de ardua negociación. El acuerdo regía hasta febrero.
La federación ha solicitado, además del incremento, un bono extraordinario de $ 15.000 en el mes de noviembre (a cobrar en diciembre), en concepto de compensación o por una mayor productividad. En tanto, el precio del tacho de uva, o gamela, pasaría a costar entre $ 30 y $ 40 pesos, cuando el valor de bolsillo osciló el año pasado en los $ 14,50.
