Pese a que el Gobierno nacional presentó, en octubre del año pasado, una demanda en la que pide el desalojo del centro de esquí El Azufre, el Ejecutivo provincial convocó a audiencia pública para avanzar en la Declaración de Impacto Ambiental del “centro turístico sustentable de alta montaña”. Ésta se desarrolló ayer, de manera presencial y remota, y hubo diversas miradas a favor y en contra del emprendimiento, con más de 50 oradores que se expresaron a lo largo de unas cinco horas.
El proyecto -que iniciaron en 2018 Alejandro Spinello, José Beccar Varela y Daniel Nofal- contempla la construcción de un complejo, ubicado a entre 2.400 y 3.400 metros sobre el nivel del mar, en Malargüe; en un valle al que se llega por 100 kilómetros de ruta sin asfaltar, desde Bardas Blancas. Se trata de un sitio muy particular, ya que hay nieve asegurada durante cinco meses al año.
El máster plan, que tiene un tiempo de desarrollo de 9 años, contempla la creación de cuatro áreas “urbanas”, con 3.500 camas, para huéspedes y trabajadores permanentes (se estima que serían unos mil). También, prevé el autoabastecimiento de energía -ineludible porque no llegan tendidos-, con paneles solares (80%) y generadores eólicos (20%); el rehúso del agua del río Valenzuela en un área de cultivo restringido (ACRE) de 25 hectáreas o, incluso, su infiltración superficial; y una gestión de los residuos con un 25% de reciclado, 30% de vertido en Malargüe y 45% de compostaje en el lugar.
Por otra parte, las edificaciones son modulares: se construyen en una fábrica en el Gran Mendoza y se trasladan al sitio, lo que reduce considerablemente el impacto de la obra. Desde la empresa resaltaron que, hoy, un emprendimiento de este tipo que no sea sustentable no responde a la demanda del público (en especial, de uno que apunta a un segmento premium). También subrayaron las posibilidades laborales y de capacitación que este proyecto ofrecerá a los habitantes de Malargüe y la provincia, ya que se prevé que el 70% de la mano de obra sea mendocina y los proveedores, cuando sea posible, locales.
Arranque complicado
Sin embargo, la primera polémica fuerte se generó cuando se conoció que la provincia le había asignado por decreto 12 mil hectáreas a la empresa, para el desarrollo del emprendimiento. Y si el número resulta difícil de dimensionar, se trata de una superficie mayor a la del departamento de Godoy Cruz. La asignación, resaltaron desde el Ejecutivo provincial, no es una cesión (entrega), sino que la figura habilita al “mantenimiento de emprendimientos turísticos de ciudadanos que hayan invertido en la zona”.
Un detalle: la zona “Potreros de Cordillera” es de frontera y los terrenos pertenecen a Nación, aunque la posesión fue transferida al Estado mendocino en 1969. En 1991, la Superintendencia Nacional de Fronteras estableció que Mendoza debía elaborar un plan para favorecer la radicación de pobladores y el aprovechamiento de los recursos existentes. Por lo que el Gobierno local entiende, y Fiscalía de Estado lo avaló, que no era necesario realizar una licitación pública para asignar ese predio.
Pero Nación no compartió esta interpretación y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) presentó, en octubre de 2022, una demanda en el juzgado federal de San Rafael para pedir el desalojo de El Azufre, porque “se efectuó una asignación gratuita de las tierras por parte de la provincia que no son de su titularidad, excediendo sus competencias, prescindiendo del proceso licitatorio correspondiente”. Y añadieron que “el Estado nacional, como titular de dominio de las tierras, resulta afectado en sus intereses patrimoniales”.
Pese a que la controversia ya se había desatado, en la temporada de invierno 2022, el centro de esquí recibió a visitantes: grupos reducidos, que llegaron en helicóptero, ante la imposibilidad de llegar por tierra, y se alojaron en un hotel boutique de seis habitaciones, que ya está instalado en el lugar (obtuvo la factibilidad ambiental por parte de la Dirección de Ambiente de Malargüe).
Voces a favor y en contra
Luego de la presentación por parte de la empresa, fue el turno de la explicación, por parte de investigadores de la Fundación UNCuyo, quienes estuvieron a cargo de la Manifestación General de Impacto Ambiental, del proceso de análisis de los posibles impactos -tanto positivos como negativos- en las etapas de construcción y de operación y mantenimiento del complejo, y la elaboración de planes de control y vigilancia para prevenir, corregir, mitigar o compensar los efectos indeseados, y maximizar los deseables.
Entonces, se abrió la participación de los oradores inscriptos. En primer lugar, a quienes habían acudido en forma presencial a la Cámara de Comercio y Afines de Malargüe, y después, a quienes se conectaron por Zoom.
Entre las voces a favor hubo empresarios turísticos y proveedores del complejo. Malargüinos que señalaron la importancia de su concreción para el desarrollo económico y social del departamento, de manera de lograr el arraigo de las futuras generaciones. Otros que señalaron que están “cansados” de que se les niegue oportunidades, como Portezuelo, el fracking, la minería, que generan trabajo. También, quienes destacaron el posicionamiento mundial que el centro de ski daría a Malargüe y Mendoza.
Hubo puesteros que no se manifestaron en contra del proyecto, pero sí pidieron ser tomados en cuenta. Es que desde El Azufre SA indicaron que apuntan a implementar una veranada sustentable, para evitar la sobreexplotación de las pasturas. También se señaló que no se ha tenido en cuenta a las comunidades originarias. El representante de una de ellas solicitó la impugnación de la audiencia, ya que sostuvo que no se respetó el proceso de participación informada a los pueblos indígenas, porque no tuvieron acceso al máster plan.
Una docente de Geografía, especializada en gestión de riesgos y ordenamiento territorial, Amalia Ramírez, manifestó que no hubo un estudio exhaustivo del modelo trashumante, por lo que considera que está invisibilizado. También indicó que no hay en la documentación un análisis profundo del riesgo volcánico, pese a que el complejo del volcán Peteroa está segundo en el ránking nacional de peligrosidad, como tampoco de otros en la zona.
El investigador del Conicet Pierre Pitte resumió, en su breve exposición, varias de las objeciones que se fueron repitiendo. Expresó que, si bien el proyecto incorpora elementos del desarrollo sostenible, falta información y análisis de algunos aspectos ambientales clave. Además del riesgo volcánico y la sostenibilidad del negocio, en un contexto de cambio climático, señaló que las vegas alto andinas, humedales de montaña, son las más extensas de la provincia y tienen una importante biodiversidad, pero no se ha estudiado cómo se verán afectadas.
Sumó que la idea original de forestar con árboles, como una medida de compensación, generaría, en realidad, un impacto adicional por la inclusión de especies exóticas. Y acotó que se le asignaron a la empresa 12 mil hectáreas cuando la propuesta se desarrolla en un 3% de esa superficie.
También hubo quienes apuntaron que el Conicet no tiene certeza de que el proyecto no se desarrolle en zona de glaciares, ya que se requieren estudios adicionales, y que la legislación vigente plantea que, ante esta incertidumbre, rige el principio precautorio. Otros expresaron su preocupación por la posible contaminación del agua de la subcuenca del río Grande y Colorado, sin que haya un informe sectorial del Coirco. Incluso, hubo quien recordó que, en 2021, el Gobierno provincial negó la autorización al proyecto Cerro Punta Negra (en Tunuyán) y ordenó la restauración del sitio donde se había comenzado a instalar una Hostería/Club House.
El jefe de Gabinete del Ministerio de Economía y Energía de la provincia, Facundo Biffi, fue de los últimos oradores y mencionó que la sustentabilidad económica del proyecto -omitió referirse a la ambiental- tiene que ver con que no atente contra otras actividades y que el informe de la Dirección de Ganadería concluyó que no es así y considera los caminos de trashumancia y los campos de pastoreo.
En cuanto a la dimensión social, indicó que el proyecto potencia la matriz productiva de Malargüe, no sólo en términos de turismo, sino de gastronomía, hotelería, servicios profesionales y construcción, además del comercio. Sumó que el incremento del empleo privado registrado, hasta llegar a los 1.000 puestos en 10 años, implica un aumento del 30% en este indicador en el departamento. “Implica una fenomenal transferencia de recursos a la población”, indicó.
El Ejecutivo provincial deberá ahora incorporar estos aportes -los oradores tienen cinco días hábiles para enviar escritos- y resolver si le otorga a la empresa la Declaración de Impacto Ambiental, con lo que podría avanzar en la ejecución de las obras propuestas y en la operación del complejo.
