La marcada caída de la actividad económica y los retrasos de las negociaciones paritarias, condujeron a los trabajadores del sector privado mendocino a una situación crítica. Es que en sólo doce meses, sus sueldos perdieron 6,9 puntos porcentuales de poder adquisitivo y, según gremios y empresarios, hay poco margen para negociar ajustes en los próximos meses.
Los datos se desprenden del Índice de Salarios publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y su comparación con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE). Según los informes, entre junio de 2019 e igual mes de este año, la inflación avanzó 42,9% en la provincia, mientras que los ingresos de los trabajadores se ajustaron un 35,95% en promedio. De ahí se desprende la diferencia de 6,9 puntos de desventaja para los asalariados.
El golpe sobre los sueldos está directamente relacionado con la recesión general y la agudización de la crisis a causa de la pandemia del coronavirus. Si se hace un seguimiento del IPC y del índice de salarios mes a mes, se observa que hubo algunos momentos en los que los sueldos se “acomodaron” y llegaron a superar a la inflación pero, a partir de abril de 2020, con la implementación del aislamiento social, preventivo y obligatorio, la situación cambió. En el cuarto y en el quinto mes de este año los sueldos cayeron 0,2%, en tanto que en junio apenas avanzaron 0,1%. En el mismo período el IPC aumentó 4,45% (de punta a punta).
Si se hace una diferenciación por tipo de contratación, se encuentra que a los que peor les ha ido es a los empleados informales, cuyos sueldos se incrementaron sólo 33,8% entre junio de 2019 y junio de 2020, 9,1 puntos porcentuales menos que la inflación. Los privados registrados, en tanto, tuvieron un ajuste del 37,8%, que fue igualmente insuficiente para igualar el aumento de los precios (quedaron 5 puntos por debajo del IPC).
A esto se deben sumar, por supuesto, los miles de puestos de trabajo perdidos en los últimos meses. Pese a la prohibición de despidos y la doble indemnización, en mayo de este año (último dato disponible) se perdieron 17.346 empleos registrados en Mendoza.
Según economistas consultados, esto se debe al cierre de empresas -en su mayoría de hotelería y gastronomía- y a un paso masivo de trabajadores a la informalidad. De cualquier forma, son señales claras del deterioro de los ingresos y de la pérdida de calidad de los empleos.
Cabe aclarar, además, que actualmente hay 225.800 personas trabajando en el mercado formal y 177.080 en el mercado informal, según las estadísticas oficiales del Gobierno nacional.
El impacto económico
La caída del poder adquisitivo de los salarios tiene múltiples consecuencias, tanto en la economía doméstica como en la macroeconomía. El economista Carlos Rodríguez explicó que el efecto negativo más inmediato es la caída del consumo de bienes no esenciales, lo que ya se ha visto reflejado en toda clase de indicadores.
Según informes elaborados por la Federación Económica de Mendoza (FEM), las ventas del comercio minorista venían cayendo entre un 2% y un 10% antes del inicio de la pandemia, a causa de la “licuación de los salarios”. Luego, los porcentajes de retracción se dispararon, llegando al 70% en abril, pero como consecuencia del cierre de los comercios.
Fueron frecuentes los “números rojos” también en las estaciones de servicio, las concesionarias y los corralones, por citar algunos ejemplos. La gran excepción fueron los supermercados que, impulsados por el frenesí de consumo pre pandemia (hubo sobrestockeo de insumos básicos) lograron mejorar su ventas hasta un 26% interanual en los primeros meses del año. De todas formas, esa tendencia tuvo una interrupción en junio, cuando los súper locales tuvieron una caída en sus ventas de 2,23%.
Causas y consecuencias
La pandemia ha sido culpable de agudizar el problema de los salarios, pero la causa real de la desvalorización de los ingresos es mucho más profunda. Sebastián Laza, asesor del Ministerio de Economía de Mendoza, indicó que “la pérdida de poder adquisitivo de los salarios responde a la política fiscal y monetaria del Gobierno nacional”. Puntualmente, hizo referencia a la excesiva emisión monetaria para el financiamiento del déficit fiscal (el Gobierno gasta más dinero del que ingresa), lo que ha llevado inevitablemente a la inflación.
Por supuesto que en un escenario económico controlado, con un ritmo inflacionario bajo, los sueldos pueden ir acompañando a la inflación, teniendo ajustes que se realicen de acuerdo con el avance de los precios. En un escenario recesivo, en cambio, esa tarea se dificulta y más aún cuando la inflación supera los dos dígitos anuales, como pasa en Argentina desde 2010.
Carlos Rodríguez hizo referencia a esta situación y describió un panorama preocupante de cara al futuro. “La base monetaria de Argentina hoy es de 2,3 billones de pesos. A eso se le suman otros 2,5 billones que son retenidos por leliqs y pases remunerados. Todo eso generará más inflación en el futuro y si el Gobierno no lo resuelve pronto, provocará una caída aún mayor del poder adquisitivo de los salarios”, apuntó.
Laza coincidió en que “existe un riesgo inflacionario alto”, pero aclaró que el riesgo más importante se verá el año que viene, si se logra una reactivación económica importante gracias a la inminente vacuna del Covid-19. “Hoy la economía está estancada y eso contiene a la inflación. El año próximo el Gobierno se va a encontrar con una gran cantidad de dinero emitido que, si sigue circulando, afectará más a los salarios”, remarcó.
¿Cómo evitar ese desenlace?
Es una pregunta difícil de responder para los especialistas. Carlos Rodríguez señaló que se deben arreglar los desequilibrios fiscales y monetarios para poder disminuir progresivamente la cantidad de pesos en el mercado. “A menos cantidad de pesos, su valor será mayor y la inflación tenderá a bajar”, explicó.
“El déficit fiscal es actualmente muy alto. No hay posibilidad de endeudamiento y el único camino que encuentra el Gobierno para financiarlo es emitiendo. Tampoco el aumento de impuestos debería ser una alternativa, dentro de un escenario económico recesivo. Lo ideal sería que el Estado redujera el gasto para así poder bajar la emisión”, subrayó.
“El otro problema es que la gente no tiene confianza en el peso y tiende a deshacerse rápidamente de él, recurriendo por ejemplo a la compra de dólares. Con liderazgo y un plan económico serio, se podría recuperar parte de esa confianza perdida y eso contribuiría a que no haya tantos pesos circulando en el mercado”, agregó Rodríguez.
Los “parches económicos”
El Gobierno nacional ha implementado diferentes medidas para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Una de las más claras fue el aumento, por decreto, de $ 4.000 ejecutado en enero y febrero de este año. También se destacan el IFE y los congelamientos tarifarios.
Sobre este último punto, Carlos Rodríguez destacó que podrían caer las inversiones en infraestructura, provocando la pérdida de calidad de los servicios públicos. En lo que respecta al IFE, comentó que “hoy ayuda a la población, pero contribuye al aumento de la emisión monetaria”.
Por su parte, Sebastián Laza señaló que la mayoría de las herramientas que apuntan a la preservación del poder adquisitivo de los sueldos, están en manos del Gobierno nacional. No obstante, recordó el congelamiento de los servicios públicos, como el precio del boleto, el agua y el componente Valor Agregado de Distribución (VAD) correspondiente al servicio eléctrico.
“Se están logrando buenos resultados también con Mendoza Activa y las líneas crediticias con tasas subsidiadas. Con este plan económico esperamos frenar la pérdida de puestos de trabajo y así compensar las consecuencias de las políticas económicas erráticas del Gobierno nacional”, concluyó.
La crisis empresarial
Más allá de los factores económicos que dieron inicio al problema, cuando se habla de salarios privados se debe mirar siempre la situación en la que se encuentran las empresas, ya que son justamente las que pagan la remuneración a los trabajadores. Rodolfo Brennan, vicepresidente de la FEM, señaló que la realidad cambia mucho de una firma a otra pero, en términos generales, la situación es muy mala.
“Es difícil considerar la factibilidad de un aumento de sueldos en esta situación económica tan complicada a causa de la recesión en la que estamos inmersos. Vemos oportuno que se den a conocer las medidas de reactivación económicas”, comentó.
Brennan destacó el caso particular del comercio, que acumula varios meses de caída en sus ventas. “La actividad comercial está estancada, pese a que está abierta toda la economía en el caso de Mendoza. Vemos que hay una gran recesión y que no arranca el consumo. Reconocemos que los trabajadores tienen que recomponer su salario y sabemos que eso haría que empezara a girar la rueda del consumo, pero la situación del sector comercial es muy difícil. Los negocios están en una baja interanual del 30% promedio y en algunos rubros se habla de una caída interanual del 50%”, lamentó.
Mauricio Badaloni, Presidente de la Unión Industrial de Mendoza (UIM), es relativamente optimista respecto de las negociaciones paritarias. “Hay algunos acuerdos salariales que se han disparado, como es el caso de los camioneros y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que también tiene algo puesto sobre la mesa. Algunas otras están operando con algunos incrementos”, remarcó.
De todas formas, aclaró que “algunas industrias se encuentran con negociaciones frenadas, debido a que no han logrado las homologaciones para las quitas del 25% (salarios que no se pagan completos por turnos reducidos). Nos está complicando mucho en materia industrial que la Subsecretaría de Trabajo homologue estos acuerdos para no tener diferencias de reclamos con los trabajadores. Por lo tanto, hasta que no estemos en plena ocupación, será muy difícil que las empresas operen con normalidad”, agregó.
“Hay una fuerte ralentización en los grandes centros urbanos -que estaban en fases más restrictivas-. Si se libera la actividad en el 50% de las fábricas que hoy están frenadas, habrá margen para ir creciendo y recuperando el ritmo de producción, para intentar superar el 70% de ocupación de mano de obra, que es lo que estamos viendo en otras partes del mundo. Hay algunas actividades que, si bien están trabajando, nos está costando que se logre el 100% de ocupación”, continuó Badaloni.
Por otro lado, el presidente de UIM mostró especial preocupación sobre el funcionamiento de la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). “Entendemos que hay mejoras para algunas industrias como el turismo, que están plasmadas en una ley, pero el resto de la industria está teniendo complicaciones”, advirtió.
También compartió su opinión Federico Pagano, presidente del Consejo Empresario Mendocino. “Las expectativas son bastante malas. No vemos que en los próximos meses haya una posibilidad de recuperación económica. Es probable que sigamos en este proceso de cierre de empresas y lamentablemente pérdida de puestos de trabajo. Creo que hoy las empresas tiene que concentrarse en mantener su planta y seguir funcionando. De alguna forma eso responde a qué margen habrá para negociar acuerdos salariales”, sostuvo.
“Si estamos cerrando las puertas de empresas y entrando en crisis más profundas, veo muy complicada la posibilidad de negociar un ajuste salarial. Creo que éste es el proceso que tiene que hacer la Argentina: sincerarse, interpretar que lamentablemente hoy somos un país pobre y que tendremos que ajustarnos el cinturón y hacer las cosas como se pueda hasta tanto haya un plan económico razonable, que nos dé un horizonte más transparente”, explicó Pagano.
“Creo que será un proceso largo de recuperación. Los economistas con los que hemos charlado están estimando que, para volver a la situación previa a la pandemia, van a pasar cuatro años -aproximadamente- si se hacen las cosas bien. La expectativa no es buena. Veremos poca actividad y, si vemos un repunte rápido, nos encontraremos del otro lado con mucha inflación”, lamentó el presidente del CEM.
En tanto, Daniel Ariosto, presidente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), destacó que algunos sectores tienen mayor capacidad para otorgar ajustes salariales, como salud, venta de alimentos, sector financiero, supermercados y estaciones de servicio, entre otros. “En cambio, el comercio, la construcción, el turismo -en todos sus niveles-, los servicios en general, los salones de eventos y la industria en sus diversos espectros, no tienen margen para negociar nada. Todo lo contrario, necesitarían que se les ayude en términos absolutos para sostener a los empleados. Su escala de ingreso va desde cero hasta márgenes que no les ayudan para sostener la empresa o comercio”, indicó.
Paritarias y la mirada de los gremios
Oscar Arancibia, secretario de la Confederación General del Trabajo (CGT) Mendoza, comentó que “ya hay muchas federaciones que han cerrado los aumentos de este año” y aclaró que solamente han quedado pendientes algunos sindicatos del Estado y algunos privados en negociación. “Los porcentajes de aumento van desde el 20% al 50%. Los trabajadores de Aguas Gaseosas, que trabajan para las empresas con marcas multinacionales como Coca Cola o Pepsi, son quienes acordaron un incremento del 50%. Éste fue un acuerdo al que llegó en la provincia el sindicato que represento (Sutiaga) y, a nivel nacional, Fataga”, detalló.
En cuanto a los despidos, destacó que hay empresas que no han vuelto a abrir sus puertas. “En el centro hay negocios que ya no están, pero el porcentaje de cierres y de gente sin empleo aún es incierto”, agregó.
“Nosotros vemos que salir de la crisis será una situación muy difícil, porque en el corto plazo se seguirá profundizando la caída de la actividad. Es necesario que algunas industrias, como la construcción, empiecen a producir, porque son multiplicadoras de empleo. Nosotros, desde la CGT, podemos apoyar pero, por más voluntad que pongamos, será difícil llegar a la salida”, aseguró.
Carolina Montivero, secretaria en Mendoza de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, aclaró que, en su rubro, por el momento no hay negociaciones de paritarias, por el simple hecho de que están cerrando muchos establecimientos. “Estamos en la lucha por sostener el empleo. Por eso pedimos la asistencia del Gobierno nacional con la ley de emergencia al turismo y la ayuda del Gobierno provincial con rebajas en el Impuesto Inmobiliario e Ingresos Brutos. Los hoteles en su mayoría están cerrados. Los compañeros cobran una parte del sueldo con las ATP y la diferencia salarial de parte de las empresas, pero les está costando mucho pagar”, contó.
Para Montivero, en vistas a futuro, primero deberán mantener diálogo con la Subsecretaría de Trabajo, para que los empleados cobren lo que les corresponde según la escala salarial. Por otro lado, denunció que “muchos establecimientos cerraron e hicieron renunciar a sus trabajadores, a quienes les pagaron un 50 % de la indemnización correspondiente, abusando de la necesidad”. A eso sumó que hay establecimientos que cerraron y luego abrieron bajo otra razón social.
