Durante 2021, la cantidad de facturas de crédito electrónicas que usaron las pequeñas y medianas empresas para financiarse creció un 59%. Se trata, de todos modos, de un instrumento que aún es poco utilizado, ya que se pasó de 3.121 a 4.953 en todo el país. Pero el monto negociado tuvo un incremento mucho más marcado, del 453%: se descontó, tanto en el Mercado Argentino de Valores (MAV) como en entidades bancarias, un total de $17.700 millones el año pasado.
Leandro Fisanotti, del Departamento de Investigación y Desarrollo de Colocaciones Primarias de Mercado Argentino de Valores (MAV), reconoció que la incidencia de la factura de crédito electrónica sigue siendo muy baja, pero resaltó que tiene un alto potencial de crecimiento.
En cuanto a los motivos por los que se trata de un producto todavía incipiente, señaló que nació con la Ley de Financiamiento Productivo, de mayo de 2018. De hecho, recién se empezó a implementar a principios de 2019, cuando la AFIP publicó el listado de empresas grandes que tienen la obligación de recibir facturas de crédito por parte de las pymes.
Pese a que su creación es bastante reciente, Fisanotti destacó que está teniendo una curva de crecimiento compatible con la que tuvieron en su momento los cheques de pago diferido, en 2005. Y recordó que este último instrumento tardó varios años en alcanzar los volúmenes y relevancia que tiene hoy en el financiamiento pyme.
Por eso, consideró que la factura de crédito electrónica va a ir adquiriendo mayor volumen y sumó que no se debe pensar en un aumento lineal en su uso, sino en que, cuando empiece a acelerarse, es probable que tenga un incremento exponencial, como ya se observó en otros productos para financiar a las pymes.
Fisanotti detalló que el crecimiento que se observó el año pasado estuvo principalmente asociado a la mejora en el comportamiento de pago y una mayor celeridad en la conformación de las facturas por parte de YPF y sus empresas vinculadas. Esto, resaltó, permite comprender cómo la participación activa de un actor puede mejorar en forma sustancial el volumen, con un mecanismo virtuoso de ir incorporando cada vez más participantes.
Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación destacaron que esta herramienta fue muy utilizada en el sector de petróleo y gas, en el que se descontaron casi $8.500 millones, a partir de las pymes proveedoras de YPF S.A., subsidiarias asociadas y negocios. Esto significa un 48% del total del monto negociado, según el estudio “Características de las PyMEs proveedoras de la cadena de petróleo y gas” publicado este mes por la Secretaría de la Pequeña Empresa y los Emprendedores y el Centro de Estudios para la Producción.
Elena Alonso, asesora financiera de Grupo Broda, planteó que, si bien ha habido un crecimiento en el uso de la factura de crédito electrónica, se debe tener en cuenta que, en enero, se negociaron apenas 157 en pesos y 9 en dólares en todo el país, y que los montos totales operados alcanzaron los $735 millones y los U$S400 mil, respectivamente. Para tener una referencia, también ese mes, se descontaron 12.903 cheques avalados, por un valor total de $11 mil millones.
La economista explicó que antes las tasas para descontar una factura eran mucho más altas que para emitir un cheque, por lo que lo más habitual era que se descontara el cheque, dejando la factura como garantía. En la actualidad, en cambio, se han acercado bastante: las de los cheques avalados es del 35% al 40%, desde 30 a 360 días, y las de las facturas de crédito electrónicas, del 40% (el 60% son de 120 a 180 días y el resto, de 30 a 60 días).
Dificultades
Las micro, pequeñas o medianas empresa están obligadas a emitir una factura de crédito electrónica en todas las operaciones comerciales que realicen con una empresa grande -incluida en un listado público que difunde la AFIP en su página web-, siempre que el monto total sea igual o superior a $195.698. Esta herramienta ofrece oportunidad de financiamiento para las más de 219 mil empresas que son parte de la cadena de valor de las más grandes como proveedoras.
Alonso señaló que la legislación establece que, una vez que la factura es emitida, el pagador tiene 30 días para aceptarla o se da por aceptada de modo tácito. A partir de esta instancia, la pyme emisora puede descontarla en el mercado, como si fuera un cheque. Sin embargo, si la factura es a 30 días y este es tiempo que tomó el proceso, no queda margen para negociarla. De ahí que las empresas que utilizan el instrumento, lo hacen cuando el documento es a 120 días y, en general, cuando ya han ocupado el aval para los cheques.
Como contraparte, resaltó que no paga cesión, sino que se cede directamente por Caja de Valores y la titularidad pasa a la persona que la tiene en posesión. De hecho, esta entidad es la que se encarga de informar al pagador –la empresa grande que tiene como proveedora a la pyme- a qué CBU debe transferir el dinero.
Pero esto, consideró Alonso, constituye otro de los motivos por los que no hay tanto volumen de negociación de las facturas de crédito electrónicas, ya que las compañías pierden poder de negociación con sus proveedores -es decir, la posibilidad de acordar una extensión del plazo de pago-, y por eso envían cheques no a la orden, que no se pueden endosar. También hay algunas que las rechazan, para lo que no tienen que detallar motivos, porque así ganan unos días, ya que la emisora tiene que rehacerla.
Por su parte, Fisanotti comentó que estas facturas siguen teniendo distintas modalidades de circulación y negociación, tanto en ámbitos institucionalizados como en otros no tan transparentes (en cuanto a las tasas), como es el caso de algunas plataformas fintech. Esto, señaló, desalienta un poco la utilización, porque puede generar tasas elevadas. Pero indicó que, en el mercado de capitales, a través de la oferta pública, se ha convertido en un instrumento bastante interesante, sobre todo para aquellas pymes que tiene un buen volumen de facturación contra empresas con un buen comportamiento de pago.
Con la factura de crédito electrónica, las pymes proveedoras directas de las grandes empresas tienen la certeza de cobro y, además, opciones para acceder a capital de trabajo de forma sencilla, ya que no se necesita garantía (en realidad lo es la compañía grande), disminuye el costo del financiamiento y además no consume el cupo de crédito disponible con instituciones financieras.
