El balance más reciente de Impsa, presentado el 6 de noviembre ante la Comisión Nacional de Valores -requisito para toda empresa que cotiza en la Bolsa-, presenta un detalle del ejercicio de los primeros nueve meses del año que arroja un resultado negativo de $56 mil millones de pesos.
El detalle de los estados financieros consolidados hasta el 30 de septiembre de 2024 muestra que la ganancia en el periodo, casi en su totalidad atribuible a los accionistas de la compañía, es de $ -60 mil millones. Por otra parte, la conversión de negocios en el extranjero permitió tener un número positivo, que asciende a los $ 4 mil millones. De ahí que el resultado integral del ejercicio sea de $ -56 mil millones.
Otro documento, presentado en la misma fecha, y que lleva la firma de Fabián D’Aiello, responsable de Relaciones con el Mercado, destaca que el patrimonio neto de la empresa al 31 de diciembre de 2023 era de $ 37.640.751.000, mientras que al 30 de septiembre de 2024 resultó negativo en $ 18.993.803.000.
“La pérdida registrada en el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2024 se elevó a $ 56.634.554.000 a causa, principalmente, de los costos financieros, los cuales ascendieron a $ 22.984.021.000, y del impacto del impuesto a las Ganancias determinado por el método del impuesto diferido y la provisión de impuesto a las Ganancias del período, que totalizó $ 36.677.619.000″, detalla. Y suma que “ambos factores incidieron de forma negativa y determinante sobre el patrimonio neto positivo que mantenía la sociedad al 31 de diciembre de 2023″ .
Otro aspecto que mencionan como un factor que influyó en este resultado fue la devaluación del peso, que alcanzó el 20,4% de enero a septiembre, mientras que el Índice de Precios al Consumidor publicado por el Indec registró un incremento acumulado para el mismo período del 101,64%. “Esta enorme dispersión en las variables económicas impactó de manera negativa y muy significativa sobre el cálculo del ajuste por inflación impositivo en la provisión del impuesto a las Ganancias y, por lo tanto, sobre el monto del rubro pasivo por impuesto diferido”, analiza.
Sin embargo, desde la empresa plantean que, de cambiarse esta ecuación en los próximos meses, podría también modificarse el patrimonio neto negativo registrado al 30 de septiembre de 2024. Y señalan que, de concretarse la venta de acciones y el proceso de capitalización que el Fondep y el Gobierno provincial iniciaron en octubre, se podría revertir la situación financiera en la que se encuentra la compañía.
El 1 de octubre, el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, como accionista mayoritario, ya que el 63,5% del paquete accionario de Impsa está en manos del Estado nacional, y la provincia de Mendoza, que tiene el 21,2%, lanzaron una licitación pública nacional e internacional para la venta de la totalidad de las acciones clase “C” de la sociedad, de las que son titulares los gobiernos nacional y provincial.
Esto, después de que, en 2021, durante la gestión del presidente Alberto Fernández y el gobernador Rodolfo Suárez se realizara un proceso de capitalización, con el aporte de US$ 5 millones por parte del Estado nacional, para salvar a una empresa que se encontraba al borde de la quiebra, con lo que más de 700 empleados podían quedar en la calle y un número importante de pymes que trabajaban con la metalúrgica perderían esos proyectos.
Aunque siempre estaba en los planes la idea de que el Estado se retirara de la empresa, la llegada del presidente Javier Milei, con su propuesta de privatizar las compañías estatales, aceleró el proceso. A mediados de este año, la estadounidense ARC Energy, dedicada a la fabricación y comercialización de plantas y equipamientos en la industria del oil & gas, ofreció comprar la empresa con el acompañamiento del fondo de inversión Industrial Acquisitions Fund (IAF).
A partir de esta manifestación de interés, se decidió lanzar una licitación, con el requisito de que los oferentes realizaran una capitalización mínima de US$ 25 millones. Si bien había trascendido que había otros interesados (una empresa alemana, otra brasilera y una más argentina), cuando se abrieron los sobres, el 31 de octubre, el único que se presentó fue ARC Energy, con una propuesta de US$ 27 millones.
Al parecer, a fines de noviembre se publicaría la resolución de adjudicación y los primeros días de diciembre se concretaría la venta, pero todavía no se conocen cuáles son los planes de los adquirentes para revertir estos números negativos. Por otra parte, hay rumores de que hay inversores venezolanos que aportarían buena parte del monto del “rescate de la empresa”.
Esto ha levantado algunas alertas ya que los recientes problemas financieros de la compañía, fundada en 1907 como Talleres Metalúrgicos Pescarmona, iniciaron entre 2010 y 2014, cuando no logró cobrar importantes sumas de dinero por proyectos energéticos en Brasil y Venezuela. A esto se sumó que su subsidiaria en Brasil, Wind Power Energy (WPE), acumuló una deuda de US$ 850 millones, adicionales a los US$ 250 millones que ya adeudaba la mendocina.
En el documento presentado ante la Comisión Nacional de Valores, el responsable de Relaciones con el Mercado de Impsa detalla que la venta subsanaría la situación detallada al 30 de septiembre -como también si se modificaran las otras circunstancias mencionadas-, pero que, en caso de que esto no se logre al momento del cierre del ejercicio (el 31 de diciembre), “el Directorio someterá la cuestión a sus accionistas a fin de que los mismos resuelvan, en la Asamblea Ordinaria Anual que trate dichos estados financieros, las medidas a adoptar a fin de subsanar la cuestión”.
Entre las alternativas financieras que podrían evaluarse, menciona, se encuentra “la eventual solicitud de un posible compromiso de asistencia a los principales accionistas u otras soluciones o estructuras disponibles en el mercado”.
