El Gobierno Nacional anunció esta semana un nuevo sistema de control interno de precios, el Sipre, que regirá desde abril y significa un paso más de la intromisión estatal en la vida de las empresas. Según el rubro, las firmas que hayan facturado entre $ 400 millones y $1.700 millones o más en 2019, deberán informar al Estado los detalles sobre la cadena de precios que influye sobre un bien o servicio desde el primer eslabón, hasta que llega al cliente, así como los stocks disponibles.
Se prevé que el sistema alcance a unas 1.000 empresas en todo el país. En la provincia, el nuevo control estatal sorprendió a las cámaras empresarias y uniones industriales, que aún se encuentran analizando la medida, mientras preparan los papeles para presentar en los primeros días de abril, según lo dispuso la resolución del 15 de marzo de la Secretaria de Comercio Interior. Las auditorías serán permanentes, ya que las empresas deberán brindar la información que pida el Estado durante los primeros diez días corridos de cada mes.
Qué exige el Estado Nacional
El Gobierno pedirá conocer los datos principales de las empresas (CUIT), la denominación de los productos que comercializan y el código EAN (de barras), precios por unidad de peso, cantidad o medida del producto; cantidades producidas y vendidas; y en caso de corresponder, denuncias por desabastecimiento o falta de entrega de insumos.
El programa Sipre contará con dos etapas. Una primera que comenzará en abril incluirá a cerca de 500 empresas de tres sectores principales: comercio, construcción e industria; y una segunda, sin fecha de inicio aún, que terminará de incluir a las otras 500 empresas (la metalmecánica dentro de estas).
Cadena de precios y stocks
Los rubros obligados en la nueva normativa dejan fuera al sector Pyme, y para ello, en 2019 las firmas deben haber tenido una facturación superior a los $965.460.000 para las del sector de la construcción; $2.602.540.000 para el comercio; y $2.540.380.000 dedicadas a la actividad industrial. Esto, de acuerdo a lo establecido por la Resolución de la Secretaría Pyme 220/2019 y sus modificatorias, son consideradas grandes aquellas empresas que facturan más
Según se publicó desde la cuenta oficial de Casa Rosada, la información a suministrar tendrá que ver con “precios promedio de venta vigentes, cantidades producidas y vendidas y el stock de productos”, y aclararon que con esto se busca “prevenir situaciones de faltantes o escasez de insumos y bienes finales, fortalecer el mercado interno, y proteger los derechos de los consumidores”.
En cualquier caso, los supermercados ya tienen sistemas de monitoreo similares al que implementará el Gobierno para otros rubros de la producción (“Precios Máximos”, o “Precios Cuidados”, en el segundo caso se trata de un acuerdo).
Al respecto, Rubén David, del mayorista Oscar David, señaló que, si un mayor control a las empresas fuera la solución para el problema de la inflación o el desabastecimiento, se hubieran solucionado ambos hace más de 20 años (los controles de precios no son nuevos), pero, al contrario, el empresario señaló que estos son parte del problema. “Mientras sigan a apretando a las empresas para que bajen los costos, cuando los costos del Estado no bajan, menos inversiones van a haber, y muchas van a ser empujadas al cierre”, consideró.
“Va a terminar pasando que las empresas van a dejar de invertir en tecnología, personal y restructuraciones para mejorar calidades. Para que las empresas puedan ser más competentes deberían ver la manera de que haya créditos más baratos y que se tecnifiquen, que produzcan más, con mayor producción, y más oferta, se acaba la especulación; y con un programa económico claro, no hay necesidad de cobertura”, resumió David.
Por otro lado, el empresario señaló que “mientras los que están arriba (los dirigentes políticos) no entiendan que no se puede presionar para que las empresas trabajen a pérdida, va a haber empresas que se presenten a convocatoria de acreedores”.
Esto último se enmarca en las acciones que viene realizando la Secretaría de Comercio Interior, teniendo en cuenta que el pasado 11 de marzo, se imputó a veinte empresas del sector de materiales para la construcción por no brindar información que había sido requerida para verificar el abastecimiento de insumos, y el 17 de febrero, el mismo organismo imputó a las grandes empresas de consumo masivo de alimentos e higiene personal por falta de stock en las góndolas.
Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian, fueron acusadas de retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de productos de consumo masivo.
Grandes firmas con sede en Mendoza
Además de las empresas mencionadas, muchas de ellas con sede en Mendoza, como Danone (Villavicencio), o Unilever y Molinos, el Estado ha puesto la lupa sobre la construcción, entre las que se destacan Holcim Argentina -con puntos de venta Disensa, fábrica de cemento y una plataforma de coprocesamiento de residuos en Mendoza-, y puntos de venta de Acindar (hierros).
De hecho, problemas en las fábricas, producto del Covid, hicieron que en los últimos meses de 2020 faltaran materiales de construcción, especialmente hierro, los precios subieron, y desde algunos corralones le reconocieron a Los Andes que la falta de productos hacía que no tuvieran lisas con valores actualizados, por lo que o bien no se vendía el producto, o se hacía con valores más altos de los esperables.
Al respecto, Ariel Almando, Gerente de ventas de Palumbo (integrante de la red Acindar), señaló que a la fecha “las entregas se están normalizando”, no obstante, “no hay ventas”, debido a la poca inversión en obras públicas o privadas. No obstante, recordó que al menos desde Palumbo los precios se mueven en consonancia con las cotizaciones oficiales, y así se venden, aunque luego los corralones puedan definir sus propios incrementos, tomando en cuenta otras variables.
“El precio del hierro es de 143 pesos más IVA (por kilogramo), y su cotización sigue siendo al dólar oficial, pero llevamos unos 20 días en los que la venta a bajado muchísimo, para nosotros y para los revendedores”, cerró Almando.
De igual manera, Diego Perez Colman, gerente general de Hipercerámico defendió los incrementos de precios en los materiales de construcción, en tanto que ellos no son “formadores de precios”, pero sí cuentan con un programa propio con el que tratan de “mantener y cuidar los precios de sus productos” en la medida de lo posible. “En la Construcción no existen los Precios Máximos o Cuidados, lo que existe son los ‘Precios Cuidamos’ desde febrero de 2020, un programa propio de Hipercerámico donde tratamos de mantener y cuidar los precios de nuestros productos”, recordó.
