La Agencia de Control y Recaudación Aduanera (ARCA) reglamentó el régimen de transparencia fiscal y, desde el 1 de enero, las grandes empresas deberán discriminar en sus facturas el IVA y otros impuestos nacionales indirectos que inciden en los precios que pagan los consumidores finales. Desde el sector empresario local celebran esta medida e instan a que suceda lo mismo con los tributos provinciales y las tasas y contribuciones municipales.
La resolución general de ARCA 5614/24, publicada hoy en el Boletín Oficial, establece que la implementación tendrá distintas etapas. La primera incluye a las empresas de gran tamaño y después se extenderá a otros contribuyentes de forma paulatina, con un plazo máximo hasta el 1 de abril, cuando será obligatorio.
Desde el organismo informaron que “el objetivo es reafirmar el compromiso del Gobierno nacional con la transparencia fiscal, permitiendo a los consumidores conocer el impacto de los impuestos en las operaciones y que puedan contar con información para tomar sus decisiones comerciales con plena libertad”.
En la factura o ticket de compra deberá haber una línea y, debajo, aparecer la leyenda “Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor Ley 27.743″, con el monto correspondiente al impuesto al valor agregado y, si son emitidos por una empresa grande, también los impuestos internos.
Aclararon que aquellos contribuyentes que ya utilizan la facturación electrónica por medio de los sistemas de ARCA verán reflejada de forma automática la discriminación del IVA desde el 1 de enero de 2025, ya que el organismo implementará las adecuaciones sistémicas necesarias.
Mario Comellas, especialista en planificación tributaria, explicó que la Ley 27.743 incorporó el concepto de transparencia fiscal, en la línea de lo que sucede en otros países del mundo, como Brasil y Estados Unidos, donde al pie de la factura al consumidor final se informa de los impuestos que están incluidos en el monto que paga.
La resolución de ARCA, detalló, establece la obligación de discriminar los impuestos nacionales que impactan en el consumo. Pero aclaró que las provincias pueden adherir y que, de hecho, existe un borrador de un proyecto del diputado provincial Guillermo Mosso que propone esta adhesión y que, desde la Mesa de la Producción y el Empleo no sólo instan al Gobierno provincial a sumarse, sino también a los municipios.
Comellas, quien es coordinador de esta mesa y también de equipos técnicos de la UIM (Unión Industrial de Mendoza), mencionó que, en octubre de 2023, cuando todavía no asumía el presidente Javier Milei, empezaron a fomentar la discusión sobre la transparencia impositiva en la provincia e invitaron a Mendoza a Matías Olivero Vila, presidente de la asociación civil Lógica, que se dedica a generar conciencia fiscal en la sociedad.
La entidad lanzó, a mediados de 2023, la propuesta de que los tickets y facturas transparenten los impuestos que los consumidores pagan al momento de adquirir bienes y servicios, mediante una petición en Change.org. Propuso a los candidatos a presidente que se comprometieran a impulsar la sanción de este régimen y obtuvo la firma del por entonces candidato Milei (también de Patricia Bullrich y Juan Schiaretti).
“La falta de conciencia fiscal, derivada del ocultamiento de impuestos, llevó a que la ciudadanía no exigiera a los políticos una conducta responsable en el gasto y en los tributos que pesan en la vida cotidiana. Este proceso ha sido funcional para que terminemos con los impuestos y la inflación más altos del mundo. Con la aplicación de la norma reglamentada por el Gobierno se terminan los 50 años de la inaceptable prohibición de mostrar los impuestos al consumidor”, expresó Olivero Vila en un comunicado, al conocerse la resolución de ARCA.
“El saber los tributos que soportamos nos empoderará para involucrarnos y exigir impuestos y gastos públicos lógicos, también a exigir servicios acordes del Estado. Y los políticos sabrán que los tributos excesivos que sancionen irán al ticket. Este saber le dará poder al ciudadano y así el votante decidirá en la oferta electoral”, consideró y planteó que “El desafío es trabajar como sociedad para que las próximas reformas fiscales sean profundas y duraderas para que, más allá del signo político gobernante, nunca más lo fiscal sea una cuestión exclusivamente política y se convierta en una cuestión ciudadana y del Estado”.
Mauricio Badaloni directivo de la Unión Industrial Argentina (UIA) hizo un llamado a las provincias y municipios para que adhieran a la Ley destacando su potencial para brindar mayor claridad a la sociedad sobre el peso del Estado en los precios de bienes y servicios.
“La provincia y los municipios se tienen que sumar. Esta ley tiene que ver con lo que el sector privado viene demandando: que sea claro cuánto pesa el Estado en el precio de los productos y servicios,” expresó Badaloni en declaraciones recientes.
El empresario subrayó que gran parte de los costos que enfrenta la sociedad están fuertemente influenciados por la incidencia de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Según Badaloni, “prácticamente el 50% del costo de cualquier cosa, sea luz, gas, servicios o productos del supermercado, corresponde a la carga impositiva.”
Para Badaloni la implementación de esta Ley permitirá que los ciudadanos identifiquen con claridad cuánto del precio final corresponde al valor real del producto o servicio y cuánto son impuestos. “Me parece que esta ley le da más transparencia y ayuda a la sociedad a entender dónde está el peso del Estado,” destacó.
Badaloni también vinculó la ley con la necesidad de mejorar la competitividad del sector privado. “Cuando el Estado –ya sea nacional, provincial o municipal– representa el 50% del costo en los precios, el que paga la boda es el sector privado. En el fondo, ese mayor costo lo termina absorbiendo la gente,” afirmó.
Diego Stortini, vicepresidente de Producción de la FEM (Federación Económica de Mendoza), señaló que “la transparencia fiscal debería haber sido siempre una obligación en Argentina, no solo a nivel nacional, sino también en sus provincias y municipios. Desde el sector empresario celebramos cualquier medida que promueva mayor claridad, especialmente para el consumidor”.
Manifestó que, detrás de los valores que cobran las empresas argentinas, “se oculta un Estado excesivamente ineficiente y deficitario que, durante las últimas tres décadas, ha distorsionado el sistema de precios con una carga impositiva desproporcionada”. Añadió que el consumidor suele señalar al empresario como responsable de lo que debe pagar por productos o servicios, pero no percibe que existe una presión fiscal que, en muchos casos, “resulta confiscatoria”.
Indicó que cuando el consumidor viaja, por ejemplo, a Chile, suele sorprenderse por los precios más accesibles y valora lo “barato”. Pero desconoce que, detrás de esa diferencia, hay un Estado chileno más eficiente, con menor carga tributaria y mejor organización. “Esta medida permitirá al consumidor argentino entender cuán exageradamente grande y costoso es el Estado en nuestro país”, estimó.
Más allá de esto, reconoció que en el sector comercio y servicios existe una cierta preocupación sobre la operatividad de la medida, porque el cambio requiere adaptaciones en los sistemas, como controladores fiscales, emisión de tickets y facturación electrónica, entre otros. Consideró que será necesaria una etapa de aprendizaje y ajuste, en particular para los negocios más pequeños y barriales, para garantizar una implementación completa.
“Creemos que esta transparencia fiscal es una oportunidad para devolverle al consumidor mayor visibilidad sobre lo que realmente está pagando”, resaltó Stortini.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) elaboró un “Vademécum tributario argentino de personas humanas 2024″, con el objetivo de cuantificar el número de tributos que pueden llegar a pagar los argentinos con las compras y pagos de servicios cotidianos.
El estudio diferenció tres “canastas de consumo”, según nivel adquisitivo, y detalló que una persona que consume 10 categorías de bienes y servicios puede llegar a pagar 22 tributos distintos al año, 11 nacionales, 5 provinciales y 6 municipales. Mientras que, en el otro extremo, quien llegue a las 21 categorías -incluyendo un viaje al extranjero y el cambio del auto por un 0 km- es alcanzado por 48: 27 nacionales, 7 provinciales y 14 municipales.
