El gobierno nacional comenzó con la desregulación del transporte automotor de pasajeros de media y larga distancia, con el objetivo de liberalizar y modernizar el sector. Esta medida publicada hoy en el boletín oficial en principio elimina el marco normativo vigente durante más de 30 años y permite que las empresas establezcan libremente rutas, horarios, precios y duración de los servicios, sin las restricciones impuestas anteriormente por su condición de servicio público.
Aunque la normativa aún no ha sido reglamentada, genera gran incertidumbre entre los actores privados del sector del transporte.
En este sentido, Mauricio Badaloni, titular de Andesmar y representante de la UIA explicó que el 70% de la flota de unidades de media y larga distancia en Argentina opera en un sistema “cuasi formal”, mientras que solo el 30% sigue bajo algún tipo de regulación formal. “Si sacamos una cuenta del total de unidades en la calle, el 70% ya está en un sistema más desregulado. Solo el 30% tiene algún tipo de regulación como es el caso del transporte de larga distancia”.
Uno de los principales problemas que enfrenta el sector, según Badaloni, es el impacto de los impuestos y la falta de uniformidad en los convenios colectivos de trabajo. “El problema de los precios y la competitividad está dividido al 50% entre los impuestos y el carácter registral del recurso humano, dependiendo de qué tipo de convenio colectivo esté vigente”, afirma. Según sus cálculos, las empresas que operan bajo un convenio de turismo tienen costos laborales entre un 30% y un 35% menores que aquellas que se rigen por convenios otros convenios como Sipemon. Esta diferencia, asegura, crea una competencia desleal que puede llevar a la precarización del sistema.
Badaloni también señala que la regulación del sector ha estado erosionándose durante los últimos 15 o 20 años, afectando negativamente la estabilidad del transporte de larga distancia. “Lo que nosotros buscamos es que no se siga precarizando el sistema y que tengamos la oportunidad de competir en igualdad de condiciones con empresas que son poco formales”, señala con preocupación.
Además, el empresario destaca los riesgos que implica una desregulación mal ejecutada. Expone que, en un escenario donde se permite a pequeños operadores competir directamente con empresas establecidas, el marco regulatorio debe ser claro y garantizar condiciones de seguridad y competitividad justa. “Si tengo una combi y quiero competir con una línea establecida en el recorrido Mendoza-Buenos Aires, ¿lo puedo hacer? Sí, entiendo que sí, siempre que cumpla con las condiciones de seguridad”, explica, pero advierte que muchas de las normativas aún no están claras y que los próximos 60 días serán clave para definir las reglas del juego.
Badaloni se mostró crítico respecto al peso del Estado en la estructura de costos del transporte. “Acá nada se dice de los impuestos”, afirma. “Siempre hablamos del efecto de competitividad de las empresas o de los emprendedores. Pero nunca hablamos del efecto del Estado, del peso del Estado sobre las tarifas. Y ahí hay un número importante”, remarca el empresario, sugiriendo que los costos impositivos son un factor determinante en la fijación de precios y que el foco debe estar puesto en lograr una regulación que permita una competencia justa y equilibrada.
“Lo que nosotros buscamos es justamente evitar que el sistema siga deteriorándose y precarizándose”, concluye el empresario, abogando por una solución que permita al sector de larga distancia sostenerse y crecer de manera competitiva y justa.
