La decisión de interrumpir el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en un contexto de recesión fue apenas una más de las batallas que el ministro de Economía, Martín Guzmán, ha logrado volcar hacia su lado, en una contienda más amplia que supone reducir el gasto del Estado para desacelerar el financiamiento vía emisión y cumplir con el objetivo de llegar a un déficit fiscal por debajo del 4,5% del Producto, según le reveló semanas atrás a un grupo de empresarios de primera línea.
La semana que el Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a Buenos Aires para iniciar la misión técnica que dio el disparo de largada a la renegociación de la deuda adquirida durante la gestión de Mauricio Macri, el titular del Palacio de Hacienda se anotó otro punto a su favor al imponer su propuesta para la fórmula de movilidad jubilatoria, pese al rechazo que generaba incluso en la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, por el menor crecimiento de la actualización que tendría en 2021.
La mirada fiscalista, incluso ortodoxa, del responsable de las erogaciones del Gobierno no resulta inmune para los socios de la coalición oficialista, que lejos de generar anticuerpos, están dando cuenta de los síntomas que se manifiestan en sus bases.
Intendentes, gobernadores, dirigentes sindicales y sociales evitan por ahora la crítica abierta pero miran con preocupación el desenlace de un año muy malo para el bolsillo.
Al recorte sobre transferencias directas, jubilaciones y pensiones, se agrega la decisión del Gobierno de recortar el fondeo del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), que a través del salario complementario venía subsidiando a empresas en crisis a pagarlos salarios, a la par que pisa los salarios del sector público, con apenas un 7% de incremento.
De hecho, el titular de UPCN, Andrés Rodríguez, blanqueó su malestar, y la seccional de ATE del Indec incluso montó una protesta frente al Ministerio de Economía para exigir el descongelamiento de los haberes.
Si acaso fueran pocas las señales adversas para los sectores más postergados, que son los que el Gobierno se arroga representar con sus políticas, este jueves el ministerio de Desarrollo Productivo concedió al empresario del sector alimentos y bebidas la tan reclamada desregulación de los Precios Máximos, y liberó desde esta semana los precios finales para más de 50 categorías de productos de consumo masivo.
Con el temple que lo caracteriza, Guzmán por ahora resiste el embate, y contrapone su receta, en horas cruciales para lograr un período de gracia antes del repago de los u$s 42.000 millones que tomó Macri.
Equilibrio y pragmatismo, en momentos de vacas flacas y necesidades en alza.
