El Gobierno tiene previsto eliminar los subsidios en las tarifas de energía para 2025, lo que afectará principalmente a los 10 millones de hogares de ingresos medios y bajos. Esto se reflejará en las facturas de electricidad y gas natural de estos usuarios, que verán un ajuste hacia el costo “real” del servicio, después de un año con importantes aumentos, mientras que los hogares de altos ingresos prácticamente no reciben subsidios.
Desde 2022, en Argentina rige un sistema de segmentación tarifaria que clasifica a los usuarios residenciales en tres grupos: ingresos altos (Nivel 1), ingresos bajos (Nivel 2) e ingresos medios (Nivel 3). La intención inicial era que los N1, así como los comercios e industrias, pagaran el costo total de la energía, mientras que los N2 y N3 tendrían un consumo subsidiado hasta un límite.
Las tarifas se componen de cuatro elementos: el precio de la energía (donde se aplican los subsidios), el transporte, la distribución y los impuestos a nivel nacional, provincial y municipal. Actualmente, ninguno de los usuarios cubre el costo completo de la electricidad o el gas que consume, lo que obliga al Tesoro a compensar a las empresas generadoras por la diferencia.
La secretaria de Energía, María Tettamanti, tiene como objetivo eliminar la segmentación actual para que solo haya dos grupos de usuarios: aquellos que reciben subsidios y los que no tienen asistencia alguna. Según fuentes oficiales, este cambio no será inmediato.
El acceso a los beneficios seguirá estando determinado por la Canasta Básica Total (CBT) del Indec, que marca la línea de pobreza, aunque los requisitos serán más estrictos que los actuales. En el escenario ideal, los beneficiarios pagarían el costo total de las facturas, pero recibirían una compensación mediante una transferencia directa a una cuenta bancaria o tarjeta.
Actualmente, hay unos 8 millones de usuarios de electricidad en el Nivel 2, 3 millones en el Nivel 3 y 5 millones en el Nivel 1. Esto significa que 7 de cada 10 hogares reciben algún tipo de ayuda estatal para cubrir sus tarifas. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, alrededor de un millón de usuarios han tenido que solicitar subsidios debido a los aumentos en los precios de los servicios.
En total, unos 11 millones de usuarios estarán en la mira del Ministerio de Energía. Sin embargo, la fecha para eliminar los subsidios dependerá del ministro de Economía, Luis Caputo, quien tomará en cuenta dos factores clave: el objetivo de mantener el equilibrio fiscal y evitar que se vea afectada la desaceleración de la inflación. En 2024, el recorte de los subsidios fue de más de 3.000 millones de dólares, y se espera un ajuste similar para 2025, según el Presupuesto.
Para lo que resta del año, es probable que los aumentos en las tarifas sigan siendo inferiores a la inflación, con el fin de no obstaculizar la desaceleración económica, que es el principal objetivo del Gobierno. Los aumentos anunciados para noviembre fueron del 2,5% en electricidad y del 2,7% en gas natural, en línea con las pautas establecidas por Caputo.
Además, el Gobierno ha postergado la revisión tarifaria integral con distribuidoras y transportistas, que estaba prevista para finales de este año, hasta al menos principios de 2025. En esa revisión, las empresas presentarán sus proyecciones de inversión para los próximos cinco años, y el Gobierno deberá establecer un plan de aumentos gradual que permita mantener esos proyectos.
