El proyecto de ley de modificación del código de procedimientos mineros, que fue aprobado en Diputados del miércoles pasado, fue remitido a tres comisiones del Senado: Hidrocarburos, Minería y Energía; Ambiente, Cambio Climático, Riesgo de Desastres, Asuntos Territoriales y Vivienda; y Legislación y Asuntos Constitucionales.
La presidenta del bloque de Senadores de la UCR, Natacha Eisenchlas, detalló que hoy, a las 10, se reunirá el plenario de comisiones y que acudirán la ministra de Ambiente y Energía, Jimena Latorre, y el director de Minería, Jerónimo Shantal, para explicar el expediente. Asimismo, adelantó que no se tratará el próximo martes, para dar tiempo a que se realicen sugerencias.
La semana pasada, la propuesta del Ejecutivo provincial, de modificar el código que rige la actividad y data de 1945, fue aprobada por mayoría en Diputados, con 35 votos a favor,10 en contra, una ausencia y una abstención. La actualización busca otorgar mayor agilidad a los procedimientos, brindar transparencia y reforzar las herramientas de control.
El proyecto también fue analizado en plenario en Diputados, por los integrantes de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), y de Economía, Energía, Minería e Industrias. El mes pasado, se convocó a representantes de diversas entidades, tanto empresarias como de la sociedad civil, para que realizaran sus aportes. Con estos planteos, sumados a los de la oposición, se hicieron algunos ajustes en la iniciativa original.
Como el despacho favorable se emitió el miércoles, día antes del jueves santo, que inició un fin de semana extralargo, el texto con las modificaciones finales recién se conoció el mismo día de la sesión. El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, detalló que incluyeron lo que se acordó en el plenario y que respondió a las dos principales objeciones que tuvo la propuesta del Ejecutivo.
La primera fue la desaparición del Consejo Minero, prevista en un primer momento, pero que se decidió conservar, aunque con otro rol: ya no el de autorizar los proyectos -tarea que corresponderá a la Dirección de Minería-, sino de ser un tribunal de alzada de las decisiones de la Dirección y ejercer como órgano consultivo. Lombardi resaltó que el consejo tiene 400 expedientes y saca unos 20 por mes, por lo que se buscó acelerar la gestión.
El segundo reparo fue al rol de Impulsa Mendoza, que tendrá preferencia para quedarse con las áreas vacantes, para luego adjudicarlas a terceros. El presidente de Diputados insistió en que este modelo ya se utiliza en otras provincias y que se dijo que se iba a escuchar a quien tuviera una mejor propuesta para evitar el negocio inmobiliario en el sector minero, pero nadie aportó una alternativa.
Pese a esto, se incluyó que la empresa provincial tiene 30 días para ejercer esa preferencia y, después, 180 días para llamar a concurso. En el caso de que quede desierto, el área vuelve al Estado y se retoma el criterio de que quien primero se presente se le adjudica el sitio (el vigente por la normativa actual).
Lombardi resaltó que el proyecto avanza en varios otros aspectos, como el expediente electrónico, que facilita la consulta por parte de cualquier interesado; y que la empresa no debe tener domicilio a un kilómetro como máximo de la Dirección de Minería, sino que puede presentar un domicilio electrónico. Añadió que la iniciativa logró a un alto grado de adhesión, ya que acompañaron los dos tercios de la cámara.
Apoyos
Aunque cuando se analizó el proyecto original en el plenario de comisiones en Diputados, hubo representantes de cámaras empresarias y organizaciones de la sociedad civil que plantearon sus reparos a algunos cambios que planteaba, la iniciativa también ha sido acompañada por otras entidades. La Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet) compartió en su página un comunicado en el que expresa su respaldo a las acciones del Gobierno provincial para reactivar la industria minera.
El documento lleva la firma del presidente de la institución, Mariano Guizzo, y del titular de la Comisión de Minería, Julio Totero, y plantea que creen indispensable la actualización del código de procedimientos mineros, ya que la normativa vigente data de 1945 y “no contempla el uso de nuevas tecnologías y los criterios actuales de sustentabilidad ambiental y desarrollo sostenible”.
“Es hoy cuando todos los actores que queremos una provincia en desarrollo debemos aportar conocimiento y voluntad, apoyando los proyectos que hagan posible una minería moderna, con las nuevas tecnologías disponibles y poniendo el foco en qué podemos aportar para que haya más minería”, manifestaron desde la Comisión de Minería.
Asimismo, resaltan que se debe promover la minería posible (en el marco de la ley 7722). “El petróleo, a través de sus regalías, fue muy importante para el crecimiento de nuestra infraestructura y del sostenimiento del Estado, pero los yacimientos se agotan y la minería debe ocupar un rol preponderante en la economía para poder cubrir las demandas sociales que crecen día a día”, analizaron.
Raúl Rodríguez, presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem), una de las entidades que advirtió sobre ciertos aspectos de la iniciativa original, destacó que fueron escuchados por el Gobierno y que se tomaron algunas de las sugerencias que hicieron. En este sentido, manifestó que desde la entidad están muy conformes con haber podido realizar aportes.
En cuanto a las modificaciones que se hicieron en Diputados, consideró que “es un mejor proyecto que el original”. Esto, porque desaparecía el Consejo de Minería, mientras ahora quedaría como un órgano de alzada, que ofrece garantías ante las decisiones del director de Minería, porque, de generarse un planteo, terminará resolviendo el consejo. En cuanto a Impulsa Mendoza, resaltó que se haya incorporado que no puede tener participación accionaria en ninguna de las empresas que gane el concurso. Sin embargo, subrayó que hay que esperar a ver qué sucede en el Senado, ya que podrían incorporarse nuevos cambios.
