Aseguran que las subas en la electricidad harán que algunas no elaboren este año. Las tarifas han incrementado los costos de otras industrias también.
Aseguran que este año algunas bodegas pequeñas no van a elaborar por el precio de la energía
Foto:
Foto:
En febrero de 2022, el Kilowatt de potencia para las industrias tenía en la provincia un valor que rondaba los $2 mil, mientras que, tres años después, está en un precio cercano a los $45 mil. El dato, aportado por el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, evidencia la suba importante -del 2.000%- que ha tenido el valor de la energía eléctrica. Aseguran que, por esta razón, algunas bodegas pequeñas han optado por no elaborar.
El gerente de la entidad, Mauro Sosa, añade que los elaboradores tienen que contratar la potencia por 90 días, cuando la vendimia les toma 45 a 50 días, y deben seguir pagando la capacidad solicitada por el tiempo restante de esos tres meses.
Por otra parte, si contratan 100 kW tienen que utilizar esa energía durante el período, cuando para el esquema de producción podría ser más conveniente optar por 300 kW en febrero y marzo, 150 kW en abril e ir modificando ese valor -ya sea hacia abajo o hacia arriba- en función de las necesidades específicas de cada momento.
A modo de ejemplo, si una empresa decide arenar la bodega (una técnica de limpieza similar al lijado) fuera de temporada, tiene que contratar esos 100 kW por 90 días, cuando la tarea puede demandar unos 15.
Pero también sucede que el elaborador a veces necesita adelantar la cosecha una o dos semanas y, como ya contrató la potencia para un periodo determinado, no puede modificar ese acuerdo. Y, si incrementa el consumo cuando no estaba previsto, debe pagar elevadas multas.
Esta situación con la contratación de potencia, en un contexto de subas periódicas en el costo de la energía, es uno de los motivos por los que varias bodegas han optado por no elaborar en 2025, con la concentración que esto implica de la demanda de materia prima (la uva) y el impacto que tendrá en la mano de obra, ya que hay gente que trabajaba en esos establecimientos y este año no lo hará.
Sosa precisó que ya el año pasado hubo bodegas que no elaboraron, sino que alquilaron sus vasijas como depósitos a otras, y que este año va a ser aún más grave. Esto, porque de esa manera el tercero, por lo general una empresa más grande, es quien se hace cargo de los costos. Mientras que las más chicas llegan incluso a no abrir las puertas. “Nosotros vemos esto con preocupación, porque no solamente se van perdiendo hectáreas, sino también elaboradores medianos y pequeños”, comentó.
Indicó que hay bodegas a las que les han llegado facturas de $4 o 5 millones, por lo que no saben a cuánto se les va a elevar cuando enciendan las moledoras y todos los sistemas de refrigeración. “Eso se traslada al mercado. Por ahí los precios que no se reflejan en la uva están yendo a parar al Estado, a través de este tipo de tarifas”, planteó.
Ante la consulta de Los Andes, de si estaba previsto revisar esta modalidad de contratación trimestral de potencia, desde el EPRE (Ente Provincial Regulador Eléctrico) respondieron que, en Mendoza, por las características de las industrias, el marco regulatorio contempla la contratación trimestral, a diferencia de otras provincias donde la contratación de potencia es anual; por lo que no están contemplando modificar esto.
Raúl Giordano, presidente de la Cámara de Fruta Industrializada de Mendoza (Cafim), comentó que las fábricas de conservas tienen una situación similar a la de las bodegas, con la diferencia de que la temporada empieza casi dos meses antes. Indicó que la contratación de energía, teóricamente, tiene que ver con la infraestructura (tendido de cables, entre otros), que lleva la electricidad a las industrias en general.
Y las distribuidoras, planteó, amortizan en tres o seis meses, que en ningún caso coinciden con las temporadas, el costo del mantenimiento. En realidad, de la reparación, porque sostuvo que no hay tareas preventivas, sino que se arregla cuando se rompe. Sumó que han planteado la necesidad de que el periodo sea bimestral o poder conjugarlo, porque hay empresas que tienen conservera, bodega y cultivos y no pueden hacerlos coincidir.
“En la mayoría de los lugares donde estamos queremos aumentar la potencia, llevarla por ejemplo de 300 a 400 Kilowatts o de 400 a 500 y no tenemos disponibilidad. Es decir, que ese costo que teóricamente nos cobran por infraestructura va a un pozo ciego que es recaudación”, lanzó. Añadió que hay fábricas en el carril Rodríguez Peña, zona industrial, que quieren expandir su producción y no pueden hacerlo o tienen que recurrir a combustibles líquidos, como el gasoil, para alimentar un generador.
Giordano sumó que estas falencias en infraestructura hacen que, si una empresa instala equipos para energía solar y la quiere volcar electricidad a la red cuando usa menos, en invierno, no puede volcar más de 380 kilowatts, porque la red tiene ese límite máximo tanto de consumo como de aporte; lo que evidencia la falta de inversión en los últimos 25 a 30 años. “Esto hace que no paguemos una energía cara, impuestos altos, tasas, contratos de potencia y no se nos brinden ciertos servicios”, lanzó.
Otro factor para considerar es el impositivo, con un IVA del 27%, impuestos provinciales y tasas municipales. Desde el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este comentaron que se insiste en que aún no se alcanza el precio internacional de las tarifas de la energía eléctrica, pero no se tiene en cuenta la carga de impuestos en Argentina en comparación con otros países.
Sosa resaltó que, más allá de que Nación va ajustando el precio del Kilowatt, se suman impuestos provinciales y nacionales, y tasas municipales, como la del alumbrado público. E insistió en que, en Rivadavia, se cobra una sobretasa -a usuarios residenciales, comercios e industrias- del 6%. Mencionó que un asociado paga unos $480 mil por la energía consumida, pero se le añaden $240 mil adicionales por impuestos, tasas y contribuciones.
Desde la entidad solicitaron a fines de octubre una audiencia con la ministra de Ambiente y Energía, Jimena Latorre, para poder discutir los periodos de contratación de potencia, las multas que se aplican cuando el consumo excede esa potencia contratada y también la carga impositiva. Sin embargo, hasta ahora no se ha concretado.
Giordano manifestó que el problema empieza en las fincas, con la tarifa de riego agrícola, a la que se aplican tasas nacionales, provinciales y municipales. Y señaló que no entiende por qué se incluye una tasa municipal, si las comunas no prestan un servicio vinculado a la energía.
En enero, el costo de la energía eléctrica subió un 1,6% y este mes se sumará un 1,5% adicional. Por otra parte, se avanzará en la reducción de los subsidios. Esto sólo para los clientes residenciales de nivel 2 y 3 (de ingresos), porque los de nivel 1 y el resto de los usuarios, entre ellos las industrias, vienen pagando tarifa plena desde hace un tiempo.
Y este mes se aplicará una nueva actualización trimestral del VAD (Valor Agregado de Distribución), que define la provincia. Desde el EPRE indicaron que, ante lo anunciado ayer por Nación -aclararon que la reducción de los subsidios, del 12%, iba a ser paulatina y no aplicada en su totalidad en febrero-, están esperando definiciones de la Secretaría de Energía, ya que estas variaciones de jurisdicción nacional repercuten en el VAD.
