El senador y presidente del bloque Frente de Todos-PJ, Lucas Ilardo, presentó un pedido de informes para que el gobernador, Rodolfo Suárez, aclare la situación con respecto a los terrenos entregados de forma gratuita en el departamento de Malargüe. Se trata de 12 mil hectáreas en la cordillera, que fueron asignadas por decreto a una empresa que apunta a desarrollar un pueblo de montaña y un centro de ski.
“Queremos que la Secretaría de Ambiente y el Ministerio de Gobierno nos expliquen la entrega, la privatización de una porción de la cordillera con bienes naturales estratégicos, como glaciares, a favor de la firma El Azufre SA”, explicó Ilardo. Y resaltó varias irregularidades en este proceso, entre las que se encuentran, por ejemplo, que no hubo ningún tipo de concurso público para la presentación de proyectos para la explotación del centro de esquí.
En el pedido de informes se solicita también que se notifique si se realizó alguna evaluación de impacto ambiental, ya que en el decreto firmado a fines de diciembre, en días previos a la Navidad, no está especificado.
En la zona que el gobernador cedió, detalla, se encuentra la cuenca de “Las Vegas del Valenzuela”, que fue estudiada por profesionales de la Dirección de Recursos Naturales Renovables, quienes determinaron técnicamente que ese ambiente debería ser preservado. Y así se dio a conocer en el Informe Ambiental 2006 y el posterior Plan Ambiental 2008.
“Este sector de la cordillera, entregado gratuitamente, está en gran parte cubierto de glaciares y humedales altoandinos, posee numerosas nacientes de ríos y arroyos e incluso también vertientes termales que deberían ser preservados”, agregó Ilardo.
El emprendimiento, que ya está en marcha, se ubica en zona de frontera, en terrenos que pertenecen a Nación, pero cuya posesión le fue transferida al Estado provincial en 1969. La asignación fue realizada por decreto y la norma detalla, en sus considerandos, que los terrenos solicitados por la empresa El Azufre S.A. se encuentran en “Potreros de Cordillera”. En un convenio que la provincia suscribió con la Superintendencia Nacional de Fronteras, en 1991, por esa área, se establecía que Mendoza debía elaborar un plan para favorecer la radicación de pobladores y el aprovechamiento de los recursos existentes.
El gobierno provincial plantea en el texto del decreto que “no resulta necesario ni posible realizar una licitación pública”, ya que la facultad de asignar terrenos se “vincula con situaciones preexistentes, como la presencia de Gendarmería o de ocupantes que ya invirtieron en la zona, y que no son pasibles de un concurso de proyectos u ofertas”. Los empresarios instalaron el primer campamento en el lugar en 2018.
