En medio de la campaña electoral el oficialismo comenzó a presionar para que el Poder Ejecutivo apure la nueva actualización del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, mientras en Hacienda hacen números y aún no lo tienen definido.
Que el piso de Ganancias subirá antes de fin de año desde los 150.000 pesos a otra cifra está confirmado. El propio ministro de Economía, Martín Guzmán, lo dijo el jueves pasado en su presentación ante el Congreso.
“El mínimo no imponible de Ganancias se va a estar actualizando este año porque la variación del índice Ripte es diferente al que estaba en el presupuesto; entonces se actualizará”, dijo el funcionario nacional ante los legisladores.
Según dijo Guzmán, esa actualización se hará este año para que los trabajadores que se beneficiaron de la ley que cambió Ganancias de personas humanas puedan mantener ese beneficio ante el avance de la inflación y de los nuevos acuerdos paritarios.
Actualmente, la mayoría de los grandes gremios están en proceso de renegociación de sus negociaciones colectivas, dado que la inflación del año está casi veinte puntos por encima de lo previsto.
Y el ministerio de Economía espera que el grueso de esas paritarias esté cerrado para terminar de definir los detalles de la suba, tanto para el mínimo no imponible de Ganancias como para las deducciones del impuesto.
Guzmán aclaró que la concepción a partir de la cual se actualizará el mínimo no imponible es que paguen “sólo las personas que son parte de la población objetivo”, es decir, las que en junio tenían un sueldo bruto de $150.000 en adelante.
Este lunes, el diputado nacional del Frente de Todos Marcelo Casaretto presentó un proyecto de resolución para pedirle al Ejecutivo que eleve de 150.000 a 180.000 el piso salarial desde el que se comienza a aplicar la deducción para tributar el Impuesto a las Ganancias.
Casaretto, presidente de la comisión de Previsión Social, fundamentó su proyecto, al señalar que “el objetivo de la política económica fue liberar de la carga de Impuesto a las Ganancias a 1,3 millones de trabajadores”.
“La ley tiene previsto una actualización automática anual, pero dado que los aumentos de precios y salarios están por encima de lo previsto originalmente, la actualización debe hacerse en este momento”, escribió Casaretto en los fundamentos del proyecto.
El proyecto es una forma de presión del propio oficialismo sobre el Ejecutivo para apurar la decisión, dado que el Gobierno está facultado por la ley 27.638 sancionada en julio y promulgada a principios de agosto para tomar la decisión e instrumentarle vía un decreto presidencial.
