El presidente Alberto Fernández desestimó las críticas que surgieron apenas se anunció que su gobierno impulsará en el Congreso de la Nación un plan para expropiar al quebrado grupo cerealero Vicentin, sino que dejó en claro que el modelo a seguir es el de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la petrolera que volvió a manos del Estado en 2012.
“Todo el mundo tiene que entender que lo de Vicentin es una medida absolutamente excepcional. Que no nos estamos quedando con una empresa próspera, que la salvamos por la incidencia que tiene en la economía nacional, en el mercado de granos. Sólo por eso”, remarcó el Jefe de Estado.
La crisis de Vicentín no sólo preocupa por las polémica maniobras de salvataje financiero que se promovieron durante el gobierno de Mauricio Macri sino porque su desaparición representaría la pérdida de uno de los principales jugadores del mercado local y, por ende, un duro golpe para alrededor de 2600 productores agropecuarios.
En sus argumentos, la propuesta legislativa detalla que “se encuentran en riesgo no sólo los 2.195 puestos de trabajo de la industria aceitera sino también cerca de 1.000 empleos de la empresa algodonera, 376 de la industria vitivinícola del grupo inversor y 2.057 de la planta frigorífica”.
Fernández comenzó a seguir de cerca la situación con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. Es que la corporación tiene su sede en la ciudad santafesina de Avellaneda, donde comenzó a operar en 1957. “Lo empezamos a seguir de cerca no sólo porque éramos uno de los acreedores principales, el Estado, sino por lo que estratégicamente representa”, explicó el Jefe de Estado.
La deuda de Vicentin asciende a 1.350 millones de dólares y el 76 por ciento de ese total está en manos de los bancos, fundamentalmente al Nación, donde el pasivo supera los 18.000 millones de pesos. Y otra amenaza que el gobierno vislumbró tenía que ver con la irrupción de una empresa extranjera que aproveche los precios de remate.
“A nosotros nos venía pareciendo que eso podía ser un problema que terminaría resolviéndose con una compra a bajo precio de parte de alguna empresa multinacional, algo que no nos gustaba porque significaba que la Argentina perdía un operador muy importante en manos de esa transnacionalización”, reconoció Fernández.
Pero el drama de Vicentin también se convirtió en una oportunidad para poner un pie en el mercado de la comercialización de granos y replicar la experiencia que el Estado logra con YPF en el sector de los hidrocarburos. Claro, las escalas no son comparables, pero el potencial entusiasma en la Casa Rosada.
Por ello, en la letra chica del proyecto de ley que se presentó el lunes se planteó que la administración estatal de Vicentin quedaría en manos de un fideicomiso a cargo de YPF Agro, una de las unidades de negocios de la petrolera estatal.
“¿Qué es lo que nos motiva de esto? Que el Estado tome las riendas con una lógica que no es la lógica del Estado que expropia y pone un político al frente sino que sea una empresa gerenciada con las características que tiene una empresa como YPF, que es de capitales mixtos, donde confluyen el Estado con el sector privado, que tiene el rigor de una empresa de mercado, que cotiza en Nueva York, o sea que tiene muchas exigencias de financiamiento”, planteó Fernández.
Consultado por este medio, el director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, consideró que la lógica es replicar el modelo de YPF como “una empresa que interviene en el sector con una empresa que representa un jugador muy importante en un mercado muy importante”.
“Esto te permite intervenir en las discusiones del sector agroexportador, en las que estabas afuera. Y hay una cuestión que no es para nada menor: estamos en el peor año de liquidación de cosechas desde 2007, con lo cual hay una relación directa con una problemática recurrente en la Argentina que es la escasez de dólares”, opinó Letcher.
El titular de CEPA destacó la posibilidad de que el Estado tenga participación en la “producción y distribución de bienes” porque, afirmó, “es un mecanismo incluso de disputa contra la inflación”. Vicentin es una de las 10 grandes empresas que concentran el 90% del mercado.
La rueda para alcanzar ese objetivo comenzó a girar a toda marcha. Este mismo martes, los integrantes del Directorio de YPF, donde el Estado posee el 51% de las acciones, comenzarán a discutir el formato de conducción que le darán al fideicomiso que, de aprobarse el proyecto legislativo, quedará al frente de Vicentin.
Por lo pronto, lo único que se sabe de ese futuro es que el interventor de Vicentin será Daniel Delgado, quien se desempeñó como secretario de Agricultura durante el gobierno de Cristina Kirchner y quien Aníbal Fernández contempló para su Gabinete cuando intentó frustradamente ser gobernador bonaerense.
Por Leandro Boyer
