Denunciaron por irregularidades en la liquidación de subsidios del “Programa Enlazados”, a una técnica administrativa por adulterar información para ser beneficiaria junto a 31 personas más. El Ministerio de Producción, a través de su director de Asuntos Jurídicos, hizo una presentación en la Fiscalía de Delitos Económicos, para que se investigue la posible comisión de un delito penal por acceder en forma irregular a este beneficio.
La técnica administrativa realizó en forma fraudulenta el ingreso al sistema de 31 personas que fueron vinculadas mediante sus cuentas bancarias (CBU) por acceder en forma irregular al subsidio. Una operatoria consistió en asignar en forma indistinta y aleatoria a estas personas a diversas empresas que participan del programa. Otra, fue dar de alta una empresa apócrifa y vincular a las mismas personas para que accedan al subsidio del Programa Enlazados que consiste en el aporte de una suma de dinero fija, como complemento salarial.
La irregularidad fue detectada a fines de abril, mediante controles internos periódicos que se realizan sobre las bases de información y procesos del programa Enlazados que están alojadas en los servidores. Éstos registran todas las operaciones que realizan los usuarios habilitados que acceden al sistema de administración del Programa Enlazados. Advertida la anomalía, se procedió a realizar un seguimiento de la clave y usuario de la denunciada y en la etapa inicial de auditoría interna en la se encuentra el Ministerio, se detectó que la maniobra fue iniciada durante diciembre de 2023.
El modus operandi de la administrativa consistía en cargar y borrar los datos fraudulentos de los beneficiarios cada mes, en los días previos al proceso de generación de las órdenes de pago de los subsidios, esto ocultó su operatoria durante ese tiempo, frente a los controles internos de rutina que se realizaron. Lo que no advirtió es que todos los datos y usuarios que operan el sistema son respaldados en servidores internos, sobre los que se realizan otros controles adicionales de integridad de la información y procesos, donde fue detectada la irregularidad, porque existía una huella digital de toda la operatoria fraudulenta.
Ante estos hechos, la técnica administrativa fue desvinculada del programa y se continúa con la auditoría interna. Los 31 beneficiarios, cobraron en forma irregular aproximadamente $ 200 mil pesos mensuales, alcanzando unos $26 millones al 30 de abril de 2024. Toda esta información fue expuesta en la presentación realizada en la Fiscalía de Delitos Económicos.
