El kirchnerismo intentará agravar las sanciones penales que existen actualmente para quienes sean encontrados responsables del delito de evasión tributaria o de la denominada “fuga de capitales” no declarados.
La decisión política de avanzar en ese sentido ya fue tomada por el bloque oficialista que responde políticamente a Cristina Kirchner. Y ya comenzaron las rondas de consultas con especialistas sobre el derecho penal.
Esto fue confirmado por el senador Oscar Parrilli en la Cámara baja durante una reunión del bloque con sindicalistas. El legislador expuso los principales puntos sobre los proyectos para crear un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI con dinero fugado al exterior.
En el auditorio estuvieron Pablo Moyano (Camioneros), Hugo Yasky (CTA), Sergio Palazo (Bancarios), Omar Plaini (Canillitas), Hugo Godoy (ATE), entre otros.
Parrilli reveló que está en conversaciones con especialistas en derecho penal porque quieren agravar las sanciones penales, porque están convencidos que aquel que fuga dinero se caracteriza por tenerle miedo a la cárcel.
El Régimen Penal Tributario (Ley 24.769) establece penas de prisión de dos a seis años para evasión simple; y de tres años y seis meses a nueve años de prisión cuando en el caso sea de evasión agravada.
“Estamos convencidos que son muy avaros pero muy miedos. Por eso queremos agravar las penas para todo lo que tiene que ver con la fuga y la evasión impositiva. De esa manera, queremos incentivar el acogimiento a la ley”, dijo.
El senador aclaró que con el proyecto también se hace responsables en forma solidaria a las entidades financieras, bancarias, a los agentes de Bolsa y asesores bursátiles y a todo aquel que sea identificado como corresponsable o haya intervenido en el ocultamiento o la fuga.
El legislador también se explayó sobre el “período de sospecha” que establece el proyecto de ley: “Todas las personas que hayan cambiado su domicilio fiscal en los últimos tres años serán investigadas porque son sospechadas de que lo hicieron para evadir”.
El colaborador
La ley también crea la figura del colaborador o denunciante, una estrategia similar a la que se usa en Estados Unidos a través de la Ley de Transparencia Corporativa que fue sancionada en 2019 durante la gestión de Donald Trump.
Días atrás el Gobierno de Joseph Biden informó que la oficina especializada había encontrado unos 200 casos de evasión impositiva que terminaron pagando por presión del Estado unos 1.000 millones de dólares en concepto de compensación.
“Tomando la legislación norteamericana y de países europeos como ejemplo, nosotros acá hemos establecido que el colaborador acceda a un premio del 30% del total recaudado por la información que aportó”, dijo Parrilli.
Ese colaborador trabajará bajo la órbita del Ministerio de Justicia y habrá una figura delictiva para quien adopte la figura y le dé la información a la prensa o directamente presente datos falsos para perjudicar a terceros.
“No queremos hacer de esta figura un festival de difamaciones contra los argentinos. Ya les pasó a Nilda Garré y a Máximo Kirchner cuando se dijo que tenían cuentas offshore”, dijo Parrilli.
Por otro lado, aclaró que el colaborador tendrá la garantía del resguardo de la identidad a través del mecanismo que tienen los testigos protegidos en el ministerio de Justicia para que pueda aportar la información sin temor a represalias.
La AFIP prepara la calculadora
Parrilli aclaró que lo que está en las guaridas fiscales son las sociedades, porque los depósitos están en los bancos norteamericanos y europeos. “Simplemente estas entidades financieras esconden la información”, dijo.
En ese sentido, teorizó con que quien fuga, muchas veces fuga porque desconfía lo que pueda pasar Argentina, pero también desconfía de lo que pueda pasar en Panamá o Belice y por eso lleva su dinero a países desarrollados.
“Va a esos países (denominados guaridas fiscales) para constituir las sociedades secretas y ocultas y son esas sociedades las que tienen los fondos en bancos de otros países”, afirmó el legislador nacional del Frente de Todos.
El proyecto establece un plazo de seis meses desde la sanción de la ley para que aquel que tenga fondos en el exterior y los denuncie voluntariamente, se vea eximido de las multas y los intereses además de las sanciones penales si abona el 20% del monto que declara.
Pasados los seis meses, si las personas allanan el camino para que declarar y se le pueda cobrar, el pago será por el equivalente al 35% del total.
“Una vez que sancionemos la ley, la AFIP, el ministerio de Economía, la Unidad de Información Financiera y la Comisión Bicameral a la que le daremos facultades van a tener que comenzar con el trabajo de ir a buscar estos fondos”, afirmó.
Transcurrido los seis meses, si a alguien se le detecta sin que la persona haya develado el capital pero luego colabora para declarar, tendrá que pagar el 50% del monto fugado aunque sin multas ni sanción penal.
Si la persona humana o jurídica no colabora, la AFIP les calculará los impuestos evadidos, las multas, los intereses y se avanzará con la sanción penal.
