El Gobierno nacional anunció un nuevo operativo de auditoría sobre más de un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral. La decisión surge tras la detección de múltiples irregularidades en la última revisión, que reveló que el 80% de los beneficiarios no cumplían con los requisitos establecidos.
La Agencia Nacional de Discapacidad y el PAMI estarán a cargo de los procedimientos, que incluirán entrevistas presenciales con los titulares de las pensiones y análisis médicos. En el último control, realizado en diciembre de 2024, se encontraron casos escandalosos.
Por ejemplo, se dieron de baja 212 pensiones que eran cobradas por presos desde las cárceles y 150 por fallecidos. Por tanto, esta nueva auditoría se enmarca en el plan del gobierno de extremar los controles sobre las prestaciones, así como la actualización de las condiciones para determinar la invalidez laboral.
Según el Boletín Oficial, en los argumentos el Ejecutivo explicó que “la normativa está nutrida de los baremos previamente confeccionados por expertos en medicina legal-laboral y en cada una de las especialidades y conocimiento de campo tanto en la valoración pericial del daño como en la evaluación de las condiciones de salud de los solicitantes de pensiones no contributivas, a lo largo de todo el país”.
En el baremo se presentó una serie de apartados que evalúan “cualitativamente” el grado de deterioro psicofísico según la condición. “La presente normativa permite contar con una clasificación para cada aparato o sistema, de los distintos grupos de afecciones psicofísicas según sean causales de incapacidad laboral suficiente para el otorgamiento del beneficio, evaluable, baja o nula”, señalaron desde el gobierno.
Etapas de la auditoría
En una primera etapa, los organismos encargados de la tarea realizarán un análisis exhaustivo de la situación de cada pensionado y se hará una evaluación en territorio por médicos del PAMI.
Luego, se procesará toda la información para constatar cuál es la situación de cada beneficiario y si cumplen o no con los requisitos para obtener el beneficio. Finalmente, se emitirán los dictámenes que determinarán si corresponde suspender o mantener la pensión.
