A través del Decreto 1.322 publicado ayer en el Boletín Oficial, el Gobierno de Mendoza ratificó la declaración de emergencia y desastre agropecuario hasta marzo de 2022. Aun no hay datos precisos sobre el alcance de los daños de esta temporada, pero es un hecho que se vieron afectados cultivos de todas las zonas productivas de la provincia.
En concreto, la normativa establece el “Estado de emergencia agropecuaria” en los términos de la Ley Nº 9083, a las propiedades rurales contempladas en el decreto que hayan sufrido un daño de entre el 50% y 79% en su producción por efecto de heladas tardías generales. En tanto, se establece “Desastre agropecuario” para las zonas con daños de 80% o superiores”.
Los departamentos contemplados son Guyamallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú (región Norte), Junín, La Paz, Rivadavia, San Martín, Santa Rosa (región Este), San Carlos, Tunuyán, Tupungato (región Centro), General Alvear y San Rafael (región sur). Cabe aclarar, que la normativa no abarca a los departamentos en su totalidad, sino que contempla a algunos distritos en particular. De todas formas, están incluidas las principales zonas productivas de la provincia.
Qué significa la emergencia
La medida impulsada por el Estado Provincial busca proteger a los productores afectados por las contingencias climáticas. Con la declaración de emergencia, el Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios estableció que las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, deberán esperar y renovar (a pedido de los interesados), las obligaciones pendientes al inicio de la emergencia o desastre agropecuario y hasta el ciclo productivo próximo, en las condiciones que establezca cada institución bancaria. En este caso, la medida contempla todos los daños por heladas (de 50% o más) ocurridos desde diciembre de 2020 hasta marzo del 2022.
Además, los productores podrán acceder a créditos con tasas de interés bonificadas en un 25% en las zonas declaradas en emergencia agropecuaria y en un 50% en las zonas de desastre. Por otro lado, la normativa establece que se deberán suspender por hasta noventa 90 días, después de finalizado el período de emergencia agropecuaria o zona de desastre, de la iniciación de juicios y procedimientos administrativos por cobros de acreencias vencidas con anterioridad a la emergencia o desastre agropecuario. A su vez, los juicios ya iniciados deberán paralizarse hasta el plazo fijado.
Finalmente, todos aquellos productores alcanzados por esta medida podrán recibir asistencia técnica y financiera mediante aportes no reembolsables (ANR) y prórrogas del vencimiento del pago de los impuestos.
Qué dicen los productores
José Luis Navarro, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Frutas Frescas (Aspeff), explicó que en el oasis norte no fueron tan graves los daños en durazno y ciruela. “Sí se ha visto afectado el sur, en San Rafael, General Alvear y en el Valle de Uco, principalmente en Vista Flores, Colina Las Rosas y Los Sauces. Cuando empezamos a partir frutos, nos encontramos con carozos negros, que terminan decayéndose. El daño que hubo en el Valle de Uco en la fruticutura ha sido importante, sobre todo en la última helada del 4 de octubre”, comentó.
En este momento se están haciendo las denuncias en el Iscamen. “El organismo nos dará un panorama más claro del daño que tenemos. Sin la certificación no podemos hablar de emergencia. Lo que si está claro es que esta temporada habrá una merma importante de fruta”.
Por su parte, Mauro Sosa, Gerente del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, coincidió en que “todavía no se puede dimensionar el daño”, pero consideró que es “muy positivo que exista la herramienta de contención”.
“La gente ha estado combatiendo las heladas dos o tres noches por semana. Los daños se van a terminar de verificar cuando la uva llegue al lagar y por supuesto cuando se publiquen los datos oficiales relevados por el Gobierno en función de las denuncia”, agregó Sosa.
