El Gobierno Provincial y las distribuidoras eléctricas se encuentran en plenas negociaciones para intentar ponerle fin a un reclamo de parte de las empresas por un monto superior a $ 80 mil millones. La deuda se originó durante los años de congelamiento tarifario y fue reconocida por el gobierno de Francisco Pérez a través del decreto 390, publicado en febrero de 2015.
Natalio Mema, secretario de Servicios Públicos de la Provincia, aclaró que “el Estado no está en condiciones de pagar la deuda” y aseguró que el pasivo “no se compensará con subas de tarifas”. La alternativa que maneja el Gobierno es otorgar un resarcimiento “no económico”, que implique una serie de cambios (a discutir) de cara al futuro.
“Buscamos que las empresas renuncien al reclamo -la deuda quedaría en cero- y con eso resuelto sentarnos a negociar algunos cambios en las relaciones hacia adelante”, continuó Mema.
Por el momento, Edemsa, Edeste SA y la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz no han respondido ni a favor ni en contra de la propuesta del Gobierno. Tampoco han dado indicios de qué condiciones pondrían a renunciar a cobrar una deuda que equivale a la décima parte del Presupuesto de Mendoza en 2023.
“Hay un ida y vuelta de conversaciones informales que se deberían plasmar en una carta-oferta formal, para a partir de ahí ver qué posibilidades tiene el Ejecutivo de acceder a lo que nos pidan. El objetivo es que no paguen los usuarios y a la vez sanear el sistema eléctrico de acá en adelante. Queremos centrarnos en las inversiones y en el mejoramiento de todo el sistema eléctrico”, remarcó el funcionario.
Se intentó contactar a directivos de Edemsa, empresa acreedora del 90% de la deuda reclamada, pero no es pudo establecer comunicación.
Tiempo limitado
Las conversaciones entre el Gobierno de Mendoza y las distribuidoras eléctricas se están dando en un contexto muy particular. Es que en junio del año que viene tendrá lugar la última Revisión Tarifaria Integral de Edemsa y Edeste antes del vencimiento de la concesiones de los accionistas actuales. Esa será la última instancia en la que estará vigente la posibilidad de que la deuda se traslade a las facturas de los usuarios.
Si bien desde el Gobierno insisten en que la intención es que no haya suba de tarifas, lo cierto es que una futura compensación en las boletas de los usuarios no puede ser completamente descartada. Eso sí, en caso de concretarse, debería ser formalizada en el marco de la revisión integral. “Es por eso que necesitamos resolver el asunto de la deuda ahora. Queremos llegar a junio del año que viene con todo esto resulto”, apuntó Natalio Mema.
En forma paralela, avanza una demanda de parte de los accionistas extranjeros de Edemsa ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi). El disparador del reclamo es el mismo, la pérdida de rentabilidad durante los años de congelamiento de tarifas, pero en vez de solicitar una compensación monetaria concreta, reclaman un resarcimiento por “la ruptura de la ecuación económica financiera”.
Últimos años de concesión
Más allá de lo que ocurra con la deuda de $ 80 mil millones que reclaman las empresas, es un hecho que en 2028 vence el período de concesión de los accionistas de Edemsa y Edeste. De acuerdo a lo que dicta la ley nacional 6.498, los adjudicatarios de las acciones clase “A” de ambas empresas suscribirán a un “mandato irrevocable de venta otorgado a favor de la Autoridad de Aplicación con facultades para vender las mismas al concluir cada período de gestión”. Dicho de otra forma, los titulares de las acciones tienen la obligación de venderlas una vez vencida la concesión.
Por otro lado, la normativa vigente determina que “la venta de tales acciones se llevará a cabo mediante licitación pública nacional e internacional y los oferentes serán previamente calificados”. Asimismo, se establece que lo obtenido por las acciones se pagará al anterior titular.
“Si resultase adjudicatario el mismo titular de las acciones, la venta no se llevará a cabo, continuando el mismos accionista en la gestión de la concesionaria por otro período de gestión”, agrega la ley. En ese caso, el titular de las acciones debe manifestar con antelación su intención de mantener la concesión. Con el pedido formal en mano, el Ejecutivo puede resolver extender la titularidad de las acciones y directamente no hacer el llamado a licitación.
La deuda con Cammesa
Las distribuidoras juegan dos partidos al mismo tiempo. Por un lado, reclaman los mencionados $ 80 mil millones por el período de congelamiento de tarifas; pero por otro, son deudoras de más de $ 11 mil millones por la energía comprada a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) justamente durante el mismo período (el congelamiento rigió del 2002 al 2015).
En los últimos años las negociaciones han estado abiertas y se han barajado diferentes posibilidades de pago. De hecho, en 2020 salió una resolución que creaba el marco para la regularización de la deuda de las empresas en un plazo de cinco años, con un semestre de gracia y una tasa de interés reducida. Sin embargo, el grueso de la deuda siguió existiendo y a nivel nacional, sumando todas las distribuidoras, hoy supera los $ 500 mil millones.
En este marco, el Gobierno Nacional amenazó con retener parte de la coparticipación a las Provincias si las distribuidoras eléctricas no pagan sus deudas, una medida que podría tomar si se aprobara el artículo 90 del proyecto de Presupuesto 2023.
