Con un presupuesto de $1.705.732.107, el Gobierno de Mendoza abre el llamado a licitación pública para que las empresas constructoras interesadas, en hacer el nuevo Centro Cívico Judicial de Tunuyán, presenten sus propuestas técnicas y económicas para concretar el proyecto que integrará dependencias de la Suprema Corte de Justicia, del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar y del Gobierno de la Provincia de Mendoza.
El proyecto del Centro Cívico está planificado en una sola planta de 3.000 metros cuadrados de superficie cubierta. Se trata de un edificio ecológico, moderno y minimalista en sus formas. La apertura simultánea de sobres se realizará el miércoles 3 de mayo, a las 10, en el séptimo piso de la Casa de Gobierno.
Características generales
Se realizará sobre estructura metálica y con un sistema de construcción liviana y en seco. El diseño de doble techo permitirá reducir los costos energéticos de climatización interna del edificio y posibilitará la futura instalación de paneles solares.
El complejo cuenta con áreas de apoyo, taller de mantenimiento, sector de bombas, tableros generales y grupos electrógenos.
En tanto, el edificio que albergará el Fuero Penal se realizará en dos plantas, con una superficie total de 1.830 metros cuadrados.
El objetivo es generar una Justicia más cercana a la comunidad, independiente, con un funcionamiento moderno, transparente y accesible, que rinda cuentas de su desempeño y que resuelva los conflictos de forma rápida y eficaz y profundizar y avanzar en las distintas acciones que viene proponiendo, estructuradas en beneficio público y al mejoramiento del servicio de Justicia.
Las dependencias que se trasladarán y que actualmente se ubican en dispersos edificios del departamento son el Centro Cívico Carlos Ponce, donde funcionan dependencias de la Suprema Corte, Ministerio Público y de la Defensa y oficinas de Gobierno; el Juzgado de Familia; el Juzgado de Paz, Tributario y Contravencional; el Juzgado y Fiscalía Penal de Menores y Tránsito.
Cabe recordar que las obras se financiarán en partes iguales por la Provincia y el Poder Judicial, integrado por sus unidades organizativas.
