El Gobierno distribuyó las partidas que tendrá cada Ministerio, y los Poderes Judicial y Legislativo en este 2025, en la primera medida que toma tras haber prorrogado a fin de año el Presupuesto 2024.
El Poder Ejecutivo había dispuesto el pasado 30 de diciembre la prórroga del Presupuesto 2024, que era una extensión del 2023, y hoy estableció como se asignarán esas partidas a lo largo de este año. La decisión se adoptó a través de la decisión administrativa 3 de la Jefatura de Gabinete, publicada hoy en el Boletín Oficial.
El Gobierno había dispuesto el 30 de diciembre extender la ley aprobada en el 2022, tras haber fracasado las negociaciones con los bloques dialoguista y gobernadores, para votar en el Congreso Nacional la ley que establece los gastos y recursos para este 2025.
De esta manera, el Gobierno desechó los pedidos formulados por Unión por la Patria, Encuentro Federal, la UCR y uno de sus principales aliados del PRO para que se incluyera su tratamiento en la sesiones extraordinarias.
Uno de las principales trabas para votar el Presupuesto propuesto por el Gobierno fue la falta de acuerdo con los mandatarios provinciales, ya que reclamaban aumentar la masa coparticipable par las provincias, un incremento de los fondos para cubrir el déficit de las cajas jubilatorios y la distribución de los ATN que no se hayan utilizado.
Por ese motivo, en diciembre la Libertad Avanza suspendió el debate del proyecto del Presupuesto 2025, que contempló un gasto total de la Administración Nacional de 117, 6 billones de pesos, recursos por 115 billones de pesos, un incremento de la inflación de 18 por ciento anual y un aumento de la economía del 5 por ciento.
En los considerando de la resolución se establece que la norma legal determina los recursos y créditos presupuestarios vigentes, prorrogando la Ley 27.701, es decir el Presupuesto 2023, que fue el último debatido y aprobado por el Congreso durante la administración del ex presidente Alberto Fernández.
Según señala el texto legal, el objetivo es “asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios mínimos y esenciales a cargo de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional”. La decisión lleva la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Según establece la norma, las diferentes jurisdicciones de la administración nacional “deberán remitir trimestralmente” a la Secretaría de Hacienda “la información correspondiente a la evolución de sus plantas y contrataciones de personal de cualquier naturaleza”.
Señala que designar el personal en lugares vacantes se deberá “certificar la vacancia del cargo que se propone cubrir y su correspondiente financiamiento”.
También fija que “las asignaciones presupuestarias correspondientes a las actividades específicas en que se desagregan los programas, subprogramas y categorías equivalentes y las obras de los respectivos proyectos serán consideradas como montos indicativos”.
Dispone que en el casos de las jurisdicciones con asignaciones para gastos de inteligencia, incluyendo los gastos reservados “deberán contar con la conformidad de la SECRETARÍA DE INTELIGENCIA DE ESTADO (SIDE) de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, previo a efectuar solicitudes de modificación de crédito presupuestario y previo a realizar solicitudes de programación y reprogramación de la ejecución presupuestaria”.
Fija que los cambios presupuestarios deberá ser notificadas a la Oficina Nacional del Presupuesto dependiente de la Secretaria de Hacienda en los término de cinco días, la cual en ocho días deberá expedirse sobre la razonabilidad de la medida.
Además determina que los remanentes de recursos del ejercicio del 2024 de las jurisdicciones y entidades dependientes del Poder Ejecutivo, con “excepción de aquellas que cuenten con una norma con jerarquía de ley que disponga otro destino”, deberán ser ingresados a la Tesorería General el 30 de octubre de 2025.
Señala que las jurisdicciones y entidades no podrán contratar obras y/u ordenar compras de bienes de uso hasta tanto cuenten con la calificación “Formulación y evaluación satisfactoria” emitida por la Dirección de Inversión Pública de la Subsecretaria de Evaluación de la secretaria ejecutiva de la Vicejefatura de Gabinete.
