El Gobierno decidió abandonar la lucha antigranizo y reforzar el sistema de seguros

El sistema de lucha activa contra el granizo con aviones había quedado en la mira del Gobierno provincial, que está enfocado en la revisión y optimización del uso de los recursos. Aunque se había mencionado como una posibilidad, finalmente se confirmó que abandonará esta modalidad para reforzar la asistencia con un seguro agrícola mixto (público-privado) y el subsidio de tasas de créditos para que los productores puedan invertir en la colocación de malla antigranizo y en la eficiencia hídrica y energética.

El consumo cayó a su nivel más bajo en 20 años: cerraron casi 400 mil cuentas sueldo

Uno de los principales interrogantes es qué pasará ahora con Aemsa (Aeronáutica de Mendoza SA), una empresa de participación estatal mayoritaria, que fue creada en la gestión anterior del gobernador Alfredo Cornejo para realizar en forma directa esa lucha activa. La compañía tiene un 51% de acciones del Estado provincial, 10% de propiedad municipal y un 39% adicional también del Gobierno de la provincia, pero que podían ser vendidas en licitación pública. Las dos primeras sólo pueden ser transferidas previa autorización de la Legislatura, con los dos tercios de los votos.

Desde el mismo Gobierno detallaron que en la empresa trabajan 27 pilotos y 12 mecánicos, y que en la temporada 2023-2024 se destinaron $10 mil millones para la mitigación de las tormentas de granizo, incluyendo el uso de pirotecnia (cada año se utilizan unos 10.000 cartuchos y 10.000 bengalas). Por otra parte, hay 38 colaboradores que operan y mantienen los 4 radares meteorológicos, 12 generadores de superficie y 30 estaciones meteorológicas. Es decir, hay casi 80 personas que, de disolverse la empresa, perderían ese trabajo.

Por otra parte, habrá que esperar para ver qué sucede con los cuatro aviones Piper PA-31T Cheyenne II bimotor turbohélice que integran la flota y que están equipados con sistemas de deshielo y presurización, lo que les brinda la posibilidad de realizar operaciones con condiciones atmosféricas adversas. De todos modos, en la misma página web de Aemsa se detalla que también ofrecen la posibilidad de realizar vuelos convencionales, con una autonomía de vuelo promedio de tres horas y media, y con la capacidad de transportar cuatro pasajeros en su configuración en versión executive.

El estatuto de creación de la compañía establece que tendrá por objeto, primordialmente, la prestación de servicios de “trabajo aéreo en todas sus modalidades para la mitigación del granizo y para el combate de todas las plagas que afecten todos los cultivos”. Pero que también podrá realizar “servicios de transporte aéreo de pasajeros, carga y sanitario regulares y no regulares”, “colocación de productos y servicios aeronáuticos en el país y el exterior”, y “reparación y mantenimiento de aeronaves de terceros”.

Cambio de enfoque

Hasta ahora, la protección y asistencia a los productores mendocinos ante los daños ocasionados por contingencias climáticas -granizo y heladas- se realizaba a través de tres herramientas: la lucha activa para mitigar la intensidad de las tormentas graniceras con aviones y generadores de superficie, un seguro agrícola y los beneficios previstos en la ley 9083 para los que se encuentran en situación de emergencia o desastre.

Para la temporada 2024-2025, la propuesta es eliminar el uso de los aviones, que desde hace años enfrenta opiniones encontradas en el sector productivo. Algunos aseguran que el sistema efectivamente ayuda a mitigar la gravedad de las tormentas, pero también se sabe que, cuando se trata de fenómenos de gran intensidad -como las súper celdas- poco se puede hacer para disminuir el daño. Por otra parte, en el Valle de Uco los aviones no pueden volar, por la cercanía de la cordillera.

En cambio, se implementará un nuevo seguro agrícola público-privado, con el Fondo Compensador Agrícola, y se destinarían parte de los fondos que se ahorrarán por dejar de usar los aviones a reducir la prima que deben pagar los productores. Y el Fondo para la Transformación y el Crecimiento otorgará un subsidio de tasas a créditos que se otorgarán a través de entidades bancarias para que los productores puedan colocar malla antigranizo, como también adoptar medidas de eficiencia energética e hídrica.

Internet, cable y telefonía no son más “servicios esenciales” y las empresas pueden fijar sus precios

Seguro agrícola y asistencias

En la temporada 2023-2024, el Estado provincial destinó unos $2.200 millones al seguro agrícola, que cubre a los productores en caso de afectación por granizo y heladas. El monto que se paga es de hasta $250.000 por hectárea cuando el daño supera el 100% (para quienes tienen menos de 20 hectáreas). El productor, por su parte, abona una prima de $12.500 por hectárea. En promedio, se adhieren unos 2.000 agricultores, en su gran mayoría con propiedades de menos de 10 hectáreas. Para la próxima temporada, se prevé que se destinarán unos $4.000 millones a esta cobertura.

Por otra parte, la Ley de Emergencia dispone diversos beneficios para los productores afectados por contingencias climáticas, como un subsidio del 25% o el 50% en la factura eléctrica para riego, eximición del 50% o el 100% del canon de riego (de Irrigación), eximición del pago del impuesto inmobiliario rural y diferimientos especiales en el pago de créditos otorgados por el Fondo para la Transformación y el Crecimiento, entre otros. Los porcentajes de estas asistencias varían según las propiedades hayan sufrido pérdidas de entre 50% y hasta 79% (cuando se consideran en situación de emergencia) o mayores a 80% (en estado de desastre).

Las búsquedas laborales se sostienen por rotación, pero sin crecimiento

Otras revisiones

En estos últimos días, también se anunció que el Estado provincial va a dejar de ser socio en el Instituto de Desarrollo Comercial (IDC) y el Instituto de Desarrollo Rural (IDR), y que, a partir del 1 de julio dejará de financiar a los dos organismos. A esto se suma que realizará ajustes en Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios (Idits). Entre los tres, implicaría un ahorro de unos $1.700 millones al año.

Si bien el Idits se autofinancia en parte con la administración del Puerto Seco, los otros dos institutos sólo se sostienen por el aporte estatal, lo que podría llevar a su desaparición si los consejos de administración no encuentran fuentes alternativas de financiamiento. Desde el sector productivo han pedido que se revea la decisión de quitar los fondos al IDR, ya que las cámaras no están en condiciones de sostenerlo.