El Gobierno confirmó que el registro de planes sociales llegó a un límite y no se ampliará

El Gobierno nacional confirmó este martes que el registro de planes sociales que administra el ministerio de Desarrollo Social llegó a un límite y ya no se ampliará, en una señal por comenzar a controlar el gasto público tras meses de fuerte expansión.

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La afirmación fue compartida en un encuentro en la mañana de este martes por el jefe de gabinete de Ministros, Juan Manzur, y el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, en la cartera que administra los subsidios sociales directos.

Esto ocurrió 24 horas antes de las marchas y protestas que el Frente de Unidad Piquetera y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) realizarán el miércoles 20 de julio en numerosas ciudades del país e incluso sobre rutas provinciales y nacionales.

Manzur y Zabaleta se reunieron para analizar el seguimiento del Programa Potenciar Trabajo en todo el país y la situación alimentaria, en un medio de la estampida inflacionaria que este año llevará al Índice de Precios al Consumidor a ubicarse en torno al 80% anual.

En el primer semestre del año, los gastos primarios aumentaron 10,7% en términos reales respecto del mismo período de 2021. Y lo destinado a programas sociales se incrementó 28,9%, con las prestaciones sociales como líderes del rubro.

En los primeros seis meses de 2022, el Gobierno ha gastado 182.015 millones de pesos en el programa Potenciar Trabajo, una pauta que fue 57,1% superior en términos reales (por encima de la inflación) a la del mismo período del 2021, en plena salida de la pandemia de Covid-19.

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Esas erogaciones indican que entre enero y junio han sido parte del programa Potenciar Trabajo 1.332.271 personas, con ingresos que en junio fueron de 22.770 pesos por cada una de ellas.

Zabaleta destacó que se tomó “la decisión de no dar más altas del plan Potenciar Trabajo y convertir ese programa en proyectos productivos para generar trabajo”. Una iniciativa pedida por el presidente Alberto Fernández a principios de 2021 que nunca se terminó de materializar.

Ahora, el Gobierno ha decidido cerrar el cupo de Potenciar Trabajo justo cuando la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, intenta reordenar el gasto público en base a lo que efectivamente ingresa a la caja en forma mensual para de esa manera reducir rápidamente el déficit fiscal.

“Toda herramienta que se vincule al empleo formal merece ser discutida y lo hacemos. Cada vez que las organizaciones sociales nos piden reuniones, se las damos”, dijo Zabaleta en un mensaje dirigido al Frente de Unidad Piquetera.

Qué es Potenciar Trabajo

Potenciar Trabajo fue creado por el Gobierno de Alberto Fernández como un programa nacional de inclusión socioproductiva y desarrollo local. Con esta iniciativa se unificaron los programas Hacemos Futuro y Salario Social Complementario.

El objetivo del programa era contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa.

Es decir, la iniciativa se propuso como un “puente” entre la economía informal y el sector privado formal. El Estado quería capacitar a los trabajadores para que tuvieran mejor inserción en el mercado laboral demandante de mano de obra. Pero la nómina de beneficiarios no ha parado de crecer al calor de la inflación y el incremento de la pobreza.

Ahora, tras virulentas críticas de la vicepresidenta Cristina Kirchner por la gestión de los planes sociales y en el marco del acuerdo de mayor austeridad firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno busca contrarreloj alternativas para comenzar el desarme de estos subsidios directos al bolsillo.

Al salir de su oficina, el ex intendente de Hurlingham confirmó que las universidades públicas van a “comenzar a certificar, evaluar, controlar y auditar el Plan Potenciar Trabajo”, para que el programa cumpla sus objetivos de origen.

El objetivo es que el programa sea controlado por provincias, analizando en detalles las oportunidades que el sector privado vaya generando para ir convirtiendo los planes sociales en empleo genuino.

“A cada beneficiario la universidad le va a preguntar en qué unidad de gestión trabaja, cómo trabaja, de qué forma, si se cumple con las cuatro horas, la posibilidad de que tengan terminalidad educativa, que puedan estudiar y se puedan capacitar”, dijo Zabaleta.

El Gobierno ya ve venir una andanada de protestas sociales por su decisión. Al cabo del encuentro, Manzur remarcó el respeto del Gobierno Nacional por “las expresiones populares” y que el objetivo principal es “dar soluciones concretas para generar trabajo”.

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Consultado por las manifestaciones que realizarán las organizaciones sociales esta semana, el jefe de Gabinete subrayó: “Seguimos abiertos al diálogo como siempre. Estuvimos acordando y acercando posiciones, haciendo el esfuerzo desde el Estado para que la ayuda esté presente”.

El presidente Alberto Fernández recibió el 13 de julio en Casa Rosada a referentes de organizaciones sociales, a quienes puso en conocimiento de las decisiones que venían. De aquel encuentro participaron Esteban “Gringo” Castro, Alejandro Garfagnini, Norma Morales, Ángel Borello, Cristián Romo, Beatriz Fleischman, María Mireyra Esteves, Alejandro Abregú, Laura Pugliese, Luciano Álvarez y el diputado nacional Juan Carlos Alderete.

Al día siguiente, el Frente de Unidad Piquetera se movilizó a Plaza de Mayo, con advertencia de acampe, en reclamo por la “universalización” de programas como el Potenciar Trabajo y una “audiencia urgente” con Batakis, para pedirle un salario básico universal de 20.000 pesos mensuales.