El gobierno de Javier Milei anunciará en los próximos días un decreto que oficializará la disolución y liquidación de la Administración General de Puertos (AGP), según un borrador de la normativa listo para su publicación en el Boletín Oficial. Esta medida implica el cierre de la entidad estatal encargada de la gestión del puerto de Buenos Aires y, en los últimos años, de la hidrovía del río Paraná, una vía crucial para el comercio exterior del país.
Simultáneamente, fuentes oficiales confirmaron que también se cerrará la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, que tenía a su cargo la licitación de la hidrovía. Según el gobierno, esta decisión busca eliminar la superposición de funciones entre la AGP y dicha subsecretaría.
En lugar de la AGP, se creará la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), un organismo autónomo en términos financieros, que dependerá del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo. La publicación del decreto, que se espera para el lunes o martes, convertirá a la AGP en la segunda empresa estatal disuelta por la actual administración. En octubre, el gobierno ya había liquidado Trenes Argentinos Capital Humano (Decahf), argumentando que no cumplía funciones esenciales.
Esta disolución de la AGP ocurre en un momento crítico para el comercio exterior argentino. Actualmente, está en curso el proceso de licitación para el dragado de la hidrovía del río Paraná, por donde transita el 80% de las exportaciones del país. Este proyecto, valorado en unos 9.000 millones de dólares, ha generado una feroz competencia entre las principales empresas dragadoras del mundo, muchas de las cuales han intensificado sus esfuerzos de lobby en Argentina para obtener el contrato.
La resolución que regula el proceso de licitación establece, en su artículo 16, que las “personas jurídicas controladas, directa o indirectamente, por estados soberanos o agencias estatales” están excluidas de participar. Este punto es clave para empresas como Shanghai Dredging Co., filial de la China Communications Construction Company (CCCC), que queda automáticamente fuera de la licitación debido a su naturaleza estatal.
Shanghai Dredging Co. no es una empresa privada convencional, sino una subsidiaria de CCCC, una de las mayores corporaciones estatales chinas, que desarrolla proyectos alineados con los intereses estratégicos de Beijing, incluyendo dragado y mantenimiento portuario. Además, CCCC juega un rol importante en las ambiciones geopolíticas y militares de China.
Desde que expiró la concesión original en 2021, la AGP asumió la gestión de la Hidrovía, implementando un sistema que involucraba a siete provincias y ocho ministerios. Este modelo mostró problemas de coordinación y eficiencia. La AGP subcontrató los trabajos de dragado y balizamiento a Jan de Nul y Emepa, los antiguos concesionarios. Sin embargo, una licitación internacional lanzada en 2022 fue cancelada tras la impugnación de empresas como la danesa Rodhe Nielsen y la china CCCC Shanghai Dredging.
El actual proceso de licitación busca una concesión a largo plazo, con el objetivo de garantizar la modernización, el mantenimiento y la seguridad de esta vía navegable estratégica.
Las compañías europeas están liderando esta licitación. Entre los competidores potenciales se encuentran Jan de Nul, el actual operador, y otras empresas de Bélgica y los Países Bajos, como Boskalis y DEME Group, reconocidas por su experiencia y capacidad técnica en proyectos de dragado.
Estas firmas tienen un historial destacado en proyectos internacionales, lo que las posiciona como las principales contendientes para asegurar el control de la Hidrovía Paraná-Paraguay, un canal comercial de más de 3.400 kilómetros que conecta a Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, facilitando el transporte de productos agrícolas y otros bienes hacia los mercados internacionales.
