La Argentina y el Fondo Monetario Internacional tienen listo el acuerdo de refinanciación a diez años de la deuda de u$s45.000 millones, pero el Gobierno aguarda que el organismo responda a dos pedidos clave para que el presidente Alberto Fernández le estampe la firma, lo que entre otras cosas permitiría al país un ahorro de 950 millones de dólares por año.
Si se firmará antes o después de las elecciones depende de cuándo llegue la respuesta del Fondo. Aunque, a ambos lados del mostrador afirman que tienen intenciones de avanzar rápidamente para evitar “eventos disruptivos” en lo que resta del año.
Básicamente, un acuerdo les restaría volatilidad a los activos argentinos, que en los próximos meses estarán afectados por el clima que generan unas elecciones legislativas en las que se definirá si el oficialista Frente de Todos contará o no con mayoría en ambas Cámaras.
Fuentes con conocimiento de las negociaciones le confirmaron a este medio que ya hubo acuerdo para que la Argentina pueda estirar el plazo de pago de los cuatro años que permitía el programa Stand By a diez años, con el programa Servicio Ampliado del FMI (SAF).
Primera clave para el acuerdo
El Fondo viene diciendo desde mayo que la decisión de firmar está en manos del presidente Fernández. Pero en el ministerio de Economía, que conduce Martín Guzmán, afirman que la decisión se tomará cuando el organismo responda a dos pedidos concretos.
El primero es la eliminación de los sobrecargos de interés que les aplica a los países que tomaron un préstamo que está por encima del monto al que equivale su cuota de participación en el organismo.
La cuota argentina es del 0,67%. Y al firmar el Stand By, el Gobierno de Mauricio Macri contrajo una deuda más de diez veces mayor al monto que hubiera correspondido a la Argentina en ese momento.
Eso dispara el pago de sobrecargos por unos 950 millones de dólares por año. Si la Argentina firmara el SAF sin que se eliminen las sobretasas, estaría aceptando entonces pagar 9.500 millones de dólares extra, por encima de la deuda original.
La eliminación de esos sobrecargos es un pedido que Guzmán inició en 2020 en soledad. Luego recibió el apoyo de México. Más adelante sumó el respaldo de Francia, Italia, Alemania, España y Portugal.
Y en la reciente cumbre de ministros en Venecia, el G20, que reúne a las veinte economías más importantes del planeta, apoyó la iniciativa y le pidió al Fondo que apure la revisión de los sobrecargos que había iniciado en mayo pasado.
“El G20 respaldó los planteos de la Argentina. Logramos todo lo que fuimos a buscar”, dijo una fuente cercana a Guzmán.
Segunda clave para el acuerdo
El segundo punto clave que destrabará la situación y llevara a la Argentina a firmar un acuerdo de refinanciación es una cláusula en el contrato que se firme para que el país pueda migrar a un nuevo programa si en el futuro el FMI crea uno con condiciones más beneficiosas.
“El SAF tiene mejores condiciones que el Stand By, en plazo y tasas. Pero se busca poner una cláusula que indique que la Argentina podrá moverse a un eventual nuevo programa si es más beneficioso”, dijo una calificada fuente oficial.
Kristalina Georgieva, directora gerente del organismo, confirmó que el Fondo está proponiendo crear un fideicomiso de Resiliencia y Sostenibilidad, lo que en Economía interpretan como el camino para construir una tercera línea de crédito.
La funcionaria internacional dijo que ese fondo puede ofrecer tasas más bajas y vencimientos más largos (hoy el máximo son diez años) para robustecer a los países de bajos y medios ingresos (como la Argentina) para que puedan recuperarse con mayor vigor de la pandemia.
Esto va en línea con el reclamo de Guzmán al FMI para modernizar las líneas de crédito. Pero como la tarea de construcción de un nuevo programa podría llevar uno, dos y hasta tres años, la Argentina tendrá que firmar antes un SAF.
El control del Fondo
En los últimos meses tomaron fuerza los pedidos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, el diputado Máximo Kirchner, para que la Argentina no firme algo que genere ajuste fiscal. Y esto se leyó como una traba para el acuerdo.
El presidente Fernández respondió el 9 de julio en Tucumán que antes de firmar algo con el FMI que hipoteque el futuro de los argentinos, se va a su casa. “No claudicaré ante los acreedores”, afirmó.
Sobre esta situación, en Economía rechazan y niegan en forma tajante que el SAF venga atado a una reforma tributaria que suba impuestos o a una reforma jubilatoria para bajar el gasto previsional.
¿En qué medida el Fondo está presionando por achicar el déficit más aceleradamente o bajar el gasto?, consultó este medio. “Somos un soberano y nos manejamos nosotros. No vamos a permitir imposiciones o intromisiones en la política económica. Ellos le prestaron a un Gobierno irresponsable que no usó el dinero para generar crecimiento económico y no involucró al Congreso. Son también responsables”, dijeron las fuentes consultadas.
No obstante, el Fondo podría hacer sus controles en el marco del Artículo IV del convenio constitutivo del organismo, que establece las obligaciones generales de los países miembros y evalúa la situación económica y perspectivas de cada uno a partir de las políticas fiscal, monetaria, cambiaria y financiera.
