Después de una semana en la que el Gobierno declaró que Aerolíneas Argentinas está “sujeta a privatización”, anunció la reestructuración de la Casa de Moneda y avanzó en el cierre de una de las filiales del grupo ferroviario estatal, Trenes Argentinos Capital Humano, el calendario del Poder Ejecutivo presenta un nuevo paso: la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) en marzo de 2025.
Según fuentes oficiales, la propuesta que se discute en los despachos gubernamentales sugiere que el Estado se deshaga, al menos en parte, de las acciones que posee. Actualmente, el 90% del capital de la empresa pertenece al Gobierno nacional, mientras que el 10% restante es propiedad del personal de AySA.
Así, las opciones planteadas abren dos posibles rutas. Una de ellas es seguir el ejemplo de Impsa, que se prepara para ser la primera privatización de la era Milei. Esto significaría que el Gobierno convocaría a una licitación pública, tanto nacional como internacional, para que los interesados en adquirir AySA presenten sus ofertas.
La segunda alternativa, que presenta un enfoque más innovador, sugiere que la empresa se cotice en la Bolsa, permitiendo que el mercado financiero determine el valor de sus acciones. Desde el Gobierno informaron que esta idea está en análisis, dado que la compañía aún necesita finalizar su reestructuración interna, a pesar de que el impulso hacia la privatización se siente cada vez más fuerte.
Desde el ámbito sindical, han expresado su deseo de que el 10% de las acciones permanezca en manos del personal, así como de asegurar su participación en el directorio. También han manifestado inquietudes sobre lo que podría suceder con los trabajadores bajo un nuevo propietario, y cómo se garantizará el servicio de agua, incluyendo aspectos como tarifas y posibles interrupciones, que consideran un “derecho universal”.
AySA no es solo otra empresa pública. Actualmente, ocupa el quinto lugar en cuanto a los peores resultados operativos de este año, con pérdidas de $70 mil millones, y en 2023 se posicionó en tercer lugar entre las empresas con peores resultados financieros, registrando un déficit de $384 mil millones.
Al inicio de la gestión de Milei, la entonces dirección possista de la desaparecida Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado elaboró un documento en el que afirmaban: “AySA fue un ejemplo de la creación de cargos y la contratación de empleados por razones políticas o de militancia partidaria, en lugar de por necesidades reales”.
Desde el equipo de la ex titular, Malena Galmarini, rechazaron estas acusaciones y recordaron que Mario Russo, exministro de Salud, fue uno de los nombramientos realizados bajo la administración de Massa. Mauricio González Botto, quien estaba a cargo de esa secretaría, dejó su puesto y fue reemplazado por Diego Chaher, al frente de una nueva estructura llamada Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dependiente del Ministerio de Economía. Es interesante notar que, tras su salida, González Botto terminó formando parte del directorio de AySA. Así, la idea de sanear la empresa para privatizarla se mantuvo, aunque ahora con mayor rapidez.
En este contexto, las cifras oficiales indican que la compañía despidió a 1,314 trabajadores de un total de 6,474. Según el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el costo de estos despidos ascendió a $44.9 mil millones para el Estado.
Respecto al denominado “trabajo sucio” para reorganizar las cuentas internas, los resultados financieros de AySA en el primer semestre muestran una mejora en comparación con el año anterior. Un informe del Ministerio de Economía señala una “leve mejora”, ya que en la primera mitad de 2023 el déficit fue de $111,333.1 millones, mientras que en 2024 se redujo un 9%, alcanzando los $101,323.7 millones.
Sin embargo, hay que destacar que 2023 pareció ser un punto de inflexión significativo para la compañía. Según datos oficiales, el déficit financiero cerró en $384 mil millones, después de un 2022 en el que fue de $100 mil millones, lo que representa un aumento cercano al cuádruple.
El informe del año pasado del Ministerio de Economía explicaba que esta “importante desmejora interanual en el resultado financiero de la empresa se debe principalmente al significativo aumento de las inversiones devengadas (en su mayoría obra pública a cargo de la empresa) y a la disminución del resultado operativo registrado en el período”.
La gestión libertaria tomó nota de esta situación y, por lo tanto, la “motosierra” delineó sus objetivos: por un lado, frenar la obra pública, y por otro, aumentar el precio que las familias deben pagar mensualmente por el agua, que ya ha acumulado un incremento superior al 200% en lo que va del año.
Un aspecto que cualquier interesado en adquirir AySA debe considerar son sus inversiones, que representan parte de la “caja negra” de la empresa, es decir, la información interna. En este sentido, se resalta la obra pública; según el Mapa de Inversiones de la Secretaría de Obras Públicas, la compañía se identifica como “área sustantiva” de 1,464 obras. La mayoría de estas son de pequeña envergadura, aunque hay cinco que están catalogadas como “grandes obras”.
