El gasto público en Argentina no ha evolucionado de manera constante a lo largo del tiempo. Desde 2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner, la tendencia ha ido en aumento. El período 2015-2019, bajo la administración de Mauricio Macri, se destaca por un gasto promedio significativo de US$ 245.391.129.553. Sin embargo, en el período 2023 hasta la actualidad, durante el gobierno de Javier Milei, se evidencia una notable reducción, alcanzando un promedio de US$ 133.243.013.418.
Los datos surgen de un informe elaborado por la consultora Focus Market y resaltan que estas cifras reflejan el gasto público total, pero no evalúa la calidad de dicho gasto. Esto implica que no se distingue si los recursos se destinaron a inversión, infraestructura, gasto social, entre otros rubros. Este aspecto es crucial para comprender el verdadero impacto del gasto público en el desarrollo económico y social del país.
“El gasto tiene una contrapartida de trabajo, de deuda o de ahorro. Cuando el gasto es hogareño, se cubre con ingreso corriente producto del trabajo, con deuda o ahorro. Cuando el gasto es público, se cubre con impuestos, deuda local, deuda externa o reservas, lo cual es parte del ahorro. El Estado puede ahorrar cuando le ingresan impuestos por encima de su nivel de gasto. El gasto está poco asociado a la inversión en Argentina sino al consumo, al derroche, al despilfarro, a la compra pública poco transparente, al desembolso para asistencia social”, señaló Damián Di Pace, director de Focus Market.
Cuando el gasto público crece sin contraprestación de servicios públicos eficientes como seguridad, salud y educación, la sociedad comienza a tener menos incentivos para aportar al fisco y como el fisco requiere de cada vez más recursos para sostener su nivel de gasto lo pagan quienes están formalmente inscriptos en su actividad económica tanto productiva como laboral.
El gasto público no se reduce de manera automática. Para comprender la disminución observada durante el gobierno de Javier Milei, es importante considerar varios factores. En primer lugar, al comparar el período de enero-julio de 2023 con el mismo intervalo en 2024, se evidencia una transformación significativa en las cuentas públicas: el déficit primario se redujo de US$ -2.480.350 a un superávit primario de US$ 6.348.282, y el déficit financiero pasó de US$ -3.954.731 a un superávit de US$ 884.816.
Estos superávits se lograron mediante una política de recortes drásticos en el gasto. El gasto primario real, ajustado por inflación, experimentó una disminución del 31% en el período mencionado. En particular, el gasto en salarios públicos se redujo en un 18% en términos reales y las transferencias corrientes y de capital a provincias y municipios cayeron un 75% y un 96% en términos reales, respectivamente.
Otro factor que contribuyó a esta reducción del gasto en dólares fue la devaluación del peso argentino en diciembre de 2023, donde se implementó una devaluación superior al 50%. El tipo de cambio oficial pasó de $391 a $800 por dólar, lo que impactó significativamente en las cuentas públicas y en el contexto económico general.
“En las últimas décadas los tipos de gasto público, además de ser deficitarios fueron ineficientes. El gasto corriente, como salarios de empleados públicos y gastos de funcionario público o prestación de servicios públicos, se incrementaron para favorecer el clientelismo político en detrimento de la calidad de los servicios y de los empleados públicos de planta que con formación y eficiencia son desplazados por los que ocupan puestos políticos o beneficios transitorios y otros enquistados en el sistema”, lanzó Di Pace.
“Los gastos de capital se han visto deteriorados con menor nivel de activos para el desarrollo de actividades corrientes como comunicaciones, transporte, puertos, caminos y rutas, etc. Los gastos de transferencias tuvieron un incremento exponencial a los efectos de subsidiar mediante diferentes tipos de planes y programas a la mayor cantidad de familias. Los gastos de inversión ha sido deficiente por que no ha aumentado o mejorado la calidad de los servicios públicos existentes”, detalló.
Comenzando en el gobierno de Carlos Menem (1996-1999), el gasto promedio por habitante fue de US$ 2.707. Sin embargo, durante la gestión de Eduardo Duhalde (2002-2003), se produjo una significativa reducción, alcanzando un gasto promedio de US$ 901 por habitante. A partir de ese momento, se inicia una tendencia creciente que culmina en el gobierno de Mauricio Macri, con un gasto promedio de US$ 6.117. En el período de Alberto Fernández, se observa una ligera reducción en comparación con el gobierno anterior, alcanzando un promedio de US$ 5.429 por habitante, manteniéndose aún en niveles elevados.
Finalmente, durante la administración de Javier Milei, se experimenta una drástica reducción en el gasto público por habitante, que cae a US$ 2.882. Esta variación refleja no solo cambios en las políticas fiscales, sino también las condiciones económicas que enfrenta el país en cada período.
En el primer trimestre de 2024, el ingreso promedio en dólares en Argentina se establece en US$ 242. Si este monto se multiplica por los 12 meses del año, se obtiene un total de US$ 2,904. Por su parte, el gasto promedio por habitante asciende a US$ 2,882. Esto indica que el ingreso promedio anual de las familias supera al gasto público promedio por habitante en tan solo US$ 25, lo que representa un 9%. En términos generales, el 91% del ingreso anual promedio de las familias representa el total del gasto público por habitante.
Entre los principales objetivos del gasto público se encuentran: mejorar el acceso a la salud de los ciudadanos, asegurar la justicia, fomentar el crecimiento económico, salvaguardar el medio ambiente, permitir el acceso a la educación, incentivar la inversión y producción privada y el empleo, garantizar una vida digna, contar con defensa a través de sus Fuerzas armadas.
“Argentina está en proceso de una reforma estructural de su Estado frente a reformas coyunturales previas. Para llegar a una reforma estructural los desequilibrios públicos son de gran magnitud y prolongados en el tiempo. Sin grandes cambios no habrá grandes mejoras. Los detonantes son grandes niveles de desigualdad social, estancamientos prolongados de la productividad, fuerte informalidad, endeudamiento público insostenible, un PBI decreciente en el tiempo y en el largo plazo”, señaló Di Pace.
“Una reforma estructural debe buscar bajar la presión tributaria, mejorar la competitividad y productividad de la economía, eliminar los obstáculos a la eficiencia de la producción de bienes y servicios, incrementar la inversión privada y el empleo, reducir los niveles de informalidad, mejorar las tasas de ahorro e inversión y corregir los niveles de endeudamiento. El gasto público encontró un límite hace tiempo, que fue el incremento de la indigencia y la pobreza que se dará a conocer esta semana”, expresó.
