El FMI y la deuda social argentina

El autor sostiene que la sociedad debe asumir la necesidad de construir un sistema financiero destinado a luchar contra la pobreza y la desigualdad.

El FMI y la deuda social argentina
Martín Guzmán en su despacho del Ministerio de Economía junto a Sergio Chodos, director por el Cono Sur ante el Fondo Monetario Internacional. / Archivo

El Código Civil y Comercial establece que los pactos se celebran para ser cumplidos. Quien se compromete a pagar una deuda debe cumplirla. Sin embargo, también regula la figura del abuso del derecho. Vale decir que quien prestó el dinero, por ejemplo, si se aprovechó de su posición dominante e impuso condiciones que el otro no puede cumplir, un juez podría morigerarlas. En este sentido se expresó la Comisión de Pastoral Social en un comunicado titulado “La deuda Externa y las deudas sociales”, firmado por el obispo Jorge Lugones.

No hay duda de que la Argentina debe cumplir el compromiso asumido con este organismo social. El tema son las condiciones en que se haga. El Fondo Monetario Internacional fue un organismo creado en 1944, como parte de los instrumentos que se utilizarían para reconstruir a Europa y Asia luego de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Nace a partir de las propuestas del economista John Maynard Keynes. Se financia con los aportes de los países miembros. Mientras más grande es la economía de un país, mayores aportes realiza. Estados Unidos es uno de los principales aportantes.

Numerosos autores sobre temas económicos denuncian, desde hace tiempo, que el sistema financiero mundial ha pasado, de ser un instrumento de impulso de la economía, a ser un sistema que vive para sí mismo. Es muy recomendable ver la película “Trabajo Confidencial”, en estos días presentada en una de las plataformas de streaming. El director del film, Charles Ferguson, muestra con crudeza esta realidad.

Se advierte allí la presión que ejercen sobre los gobiernos, cualquiera sea el partido que esté en el poder. Así se ha criticado que el Fondo Monetario Internacional ha pasado, de ser un organismo de fomento, a un instrumento del sistema financiero actual. Basta leer a Premios Nobel de Economía, como Joseph Stiglitz, para confirmar esta aseveración. De este modo, cualquier análisis sobre las condiciones que debe afrontar nuestro país, en el próximo acuerdo con el FMI, debe hacerse a la luz de esta realidad. Un modo eficaz de crear un instrumento que permita paliar las dificultades que genera el pago de esa deuda, es repensar el sistema financiero. Es necesario que la sociedad asuma la necesidad de construir un sistema financiero destinado a luchar de modo efectivo contra la pobreza y la desigualdad social. El documental “Trabajo Confidencial”, que recibió el premio Oscar en 2011, expresa, sin tapujos, que el modelo financiero actual ha convertido a los Estados Unidos en uno de los países más desiguales del mundo. Argentina, no es un caso diferente. Mientras hay sectores que obtienen ingentes ganancias, otros caen en la pobreza. Crear un sistema financiero con fines sociales no es una utopía. En primer lugar, no supone atacar al sistema actual. Sólo se requiere que una parte de éste esté al servicio de la lucha contra la pobreza. No se trata de confiscar nada, tampoco de impedir obtener beneficios sino, sólo de que una parte de éste, público o privado, preste asistencia. Se requieren medidas internacionales, también leyes nacionales pero, en algunos casos, basta con simples leyes provinciales y, a veces, hasta ordenanzas municipales. Recomiendo la lectura del libro “El banquero de los pobres”, para ver cómo su autor, Muhammad Yunus, logra, casi de la nada, un sistema de bancos de asistencia, en la paupérrima Bangladesh. Bien le valió el premio Nobel de la Paz. Bastaría con repensar la reasignación de impuestos, incluso provinciales, aplicados a actividades altamente rentables. No hablamos de confiscar, sino sólo de compartir. El desarrollo de una “Banca Social” exige salir de la lógica del sistema financiero. Éste, como toda actividad de intercambio, presta el dinero que capta de los depositantes u obtiene de actividades de servicios, como la administración de tarjetas de crédito. De este modo, el costo del dinero dado en mutuo se relaciona con lo que debe pagar el banco para obtener ese dinero. A ello se lo llama “spread”. El crédito social, por ejemplo, para viviendas de clases medias y medias bajas, o automóviles de baja gama, para las familias, debe estar asociado al salario del tomador. Éste es el modo para que lo pueda afrontar de modo planificado y digno.

No puede ni debe estar relacionado con las tasas de interés que paga el banco. El modo de cubrir las diferencias entre lo que le costó al banco ese dinero y lo que recibe del tomador de un crédito social, puede cubrirse de múltiples modos. Puede ser a través de disminución o eliminación de “encajes” (el dinero que el banco debe guardar para pagar a quienes quieren retirar sus ahorros), eliminación de impuestos directos (impuesto a las trasferencias) e indirectos (Ingresos Brutos, IVA); asignación de recursos obtenidos de sectores de altos ingresos (por ejemplo, sobrecargos en tarjetas de créditos de alta gama), asignación de impuestos a sectores más pudientes, o una combinación de todos.

El crédito social debe ser subsidiado. Sin embargo, ello no debe implicar conductas confiscatorias. Lo que se debe buscar es compartir una parte de la rentabilidad de los sectores más pudientes. Al final, estas conductas terminan beneficiando a todas las partes. Los sectores que detentan industrias, comercios o prestan servicios, se ven beneficiados por el mayor consumo que se produce o la movilidad que genera, por ejemplo, la industria de la construcción.

El crédito social debe evitar el asistencialismo. Albert Einstein decía que es muy difícil lograr nuevos resultados haciendo siempre lo mismo. La creación de la “Banca Social” debe estar despojada de ideologías. Se trata sólo de disminuir y, si fuera posible, eliminar la desigualdad social y la pobreza. En el mundo del pensamiento económico hay dos grandes vertientes: los que entienden que el fin de la economía es sólo crear riqueza, quedando liberado a cada ciudadano, según sus habilidades, obtener la parte que pueda; o crear riqueza y distribuirla adecuadamente. Este segundo pensamiento, implica una intervención sobre la dinámica del mercado.

Sin embargo, tampoco debe estar exclusivamente en manos del Estado. Esto atentaría seguramente contra la libertad individual. Para la creación de la Banca Social debe contarse necesariamente con la participación de organismos sociales, iglesias y promotores sociales, entre otros. El marco siempre debe ser dentro de la vida democrática, el imperio de la justicia y la paz social. Para todo esto es indispensable el consenso social. Las grandes transformaciones nacen de pequeñas acciones, pero de mucha voluntad.

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