A nivel nacional, está en debate legislativo un proyecto de ley para generar un marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización de cannabis para uso medicinal y de investigación científica. El proyecto obtuvo media sanción en el Senado de la Nación el pasado 15 de julio y, de ser aprobado en Diputados, puede obligar a la provincia a adaptar su normativa actual.
Ya existe la ley nacional 27.350, que establece un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados. En diciembre de 2020, la Legislatura mendocina adhirió a esa ley.
La diferencia es que el nuevo proyecto propone, entre otras cosas, la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame) que regule la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición de semillas. También se crearía un consejo federal con representación de las provincias y CABA.
Pablo Fazio, presidente de la Cámara Argentina del Cannabis (Argencann), afirmó que el proyecto del Ejecutivo Nacional es acertado y que por eso en el Senado obtuvo 56 votos a favor y sólo 5 en contra. “Nos parece la estrategia correcta, tener una agencia a nivel nacional con representación a nivel federal. Nos parece que es el camino. Puede haber otras interpretaciones e intereses, pero en principio acompañamos eso”, comentó.
Se estima que, después del receso legislativo, el proyecto se analice en las comisiones de Diputados en agosto y pase a votación. Desde Argencann son auspiciosos y creen que, al haber “una enorme voluntad política”, obtendrá la sanción definitiva para después ser reglamentada.
Según Fazio, es “extraño” que Mendoza haya publicado su propia normativa mientras que por el otro se trabaja a nivel país: “Si va a haber una agencia nacional, ¿las autorizaciones que hoy otorgue Mendoza tendrán seguridad jurídica? Yo como empresario me lo preguntaría. El gobierno mendocino tiene la libertad de tomar estas decisiones y no me corresponde opinar, pero me llama la atención”.
Justamente, dos de los votos negativos fueron de los legisladores de Cambia Mendoza: Julio Cobos y Pamela Verasay. La senadora opinó en ese debate que el proyecto carece de “federalismo” y pretende reglamentar actividades económicas a las provincias “que ya les corresponden por la Constitución”. En ese sentido, criticó que se delega el tema a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y no se contemplen las normativas provinciales.
Un INV para el cannabis
En el Gobierno de Mendoza no se muestran alarmados por el proyecto de ley y hacen hincapié en que la provincia tiene atribuciones propias para aprobar los cultivos, aunque después deba adaptarse a ciertas normas nacionales.
Sobre la consulta de si la Nación va a permitir las exportaciones de productos elaborados en la provincia, el subsecretario provincial de Agricultura y Ganadería, Sergio Moralejo, respondió que “sería poco coherente que no se permitiera”, porque se está importando el extracto para el aceite de cannabis y, de esta manera, se sustituirían importaciones y se cuidarían las reservas, lo que es importante para la balanza comercial.
Virginia Coraglia, a cargo la Unidad de Control provincial de Cannabis, cree que es mejor esperar a que salga la ley nacional para profundizar en el tema, aunque la provincia en su territorio establecerá la forma de hacerlo.
“Además, si hipotéticamente la ley sale, siempre la provincia deberá dar la autorización previa por medio de su representante en el consejo federal. Lo cierto es que la Nación debe regular en materia de importación y exportación. En lo demás, las provincias poseen competencia sanitaria, de seguridad y salubridad pública”, sostuvo Coraglia.
Desde la Cámara de Empresarios de Cannabis de Mendoza, su presidente, Ricardo Córica, no se muestra muy preocupado por la ley nacional. Entiende que esta agencia nacional, la Ariccame, sería una especie de Instituto Nacional de la Vitivinicultura (INV), como ocurre con el vino hoy, y la provincia tendrá que ajustar sus procedimientos en base a regulaciones y protocolos nacionales. “Si la provincia tiene menos regulaciones que la Nación, va a tener que aumentarlas, y si la provincia tiene más, tendrá que bajarlas para no desincentivar el cultivo. Si no, puede ocurrir lo mismo que pasó con la promoción industrial y que, en vez de plantar en Santa Rosa, se decida plantar en San Luis”, alertó Córica. Además, señaló que la Ariccame se mantendrá con un impuesto del 0,005 % de lo que produzcan los privados.
