El 11 de diciembre se realizará la audiencia pública en la que se analizará el ajuste tarifario para las distribuidoras de electricidad de la provincia. Las empresas presentaron al EPRE un pedido de incremento que tendría un impacto de 35% en la factura, pero el Ente Provincial Regulador Eléctrico considera que el porcentaje promedio de aumento en la boleta de la luz debe ser del 27% para todos los usuarios y para los residenciales específicamente del 22%.
La presidente del EPRE, Andrea Molina, recordó que la última audiencia pública para evaluar un aumento del valor de distribución se realizó en febrero. Entonces, las empresas habían solicitado un aumento que iba a significar 17,5% más en la factura y se les autorizó uno de 14% en promedio para los usuarios residenciales. Sin embargo, por la pandemia y el efecto que se anticipaba que ésta iba a tener en los ingresos, el gobernador Rodolfo Suárez dispuso el congelamiento de la tarifa de luz hasta diciembre.
De ahí que el ajuste anterior del VAD –el costo de distribución, que representa un 25% del monto total a pagar por los usuarios- se hizo en junio de 2019, en base a los informes presentados por las empresas en diciembre de 2018. Ahora, las distribuidoras solicitaron un incremento que representaría una suba del 35% en la factura, pero el EPRE considera, de acuerdo al estudio técnico de la estructura de costos de las prestadoras, que debería aplicarse una variación de 27% en promedio para todos los usuarios.
Molina precisó que, para los residenciales, que constituyen el 85% del padrón, el incrementó sería de 22% en promedio. Por otra parte, los R1, que son los que menos consumen, tendrían una suba de 15% en la factura, lo que representa una media de $ 70 mensuales. Por otra parte, en la audiencia se analizará también que el porcentaje para financiar la tarifa social pase del 5% actual al 7,5% (ya contemplado en el ajuste propuesto).
Si bien la revisión integral de la tarifa eléctrica se realiza cada cinco años, las distribuidoras pueden solicitar una adecuación del Valor Agregado de Distribución. Para hacerlo, deben presentar un análisis de sus costos y su solicitud de incremento. El EPRE evalúa esos datos y establece en qué porcentaje se debe ajustar el VAD. La decisión final, sin embargo, le corresponde al Poder Ejecutivo, que puede establecer otra variación o no aplicar ninguna.
Por otra parte, se debe tener en cuenta que este componente, el VAD, sólo representa una parte de la factura y que también se abonan impuestos (otro 25%) y el valor de la energía (el 50% restante). Sobre este último, el ministro de Energía de la Nación, Darío Martínez, ya adelantó que el mes próximo se iniciará un esquema de transición de tarifas para los servicios domiciliarios de luz y gas, que estuvieron congelados por la pandemia. Así, aquellos usuarios que tengan capacidad de pago, tendrán incrementos que, aseguran, se ubicarán en la línea de la inflación.
Obras a cambio de multas
En la audiencia pública del mes próximo se analizará también la asignación a obras del monto de las multas aplicadas a las distribuidoras por deficiente calidad del servicio. En 2018, se determinó que los importes de las sanciones por cortes de suministro y otras fallas en la prestación debían ser devueltos a los usuarios que se vieron afectados con una bonificación en la factura. Ahora, se decidió que se destinen a infraestructura para mejorar la red en las zonas vulnerables.
El secretario de Servicios Públicos de la provincia, Natalio Mema, detalló que, en otras oportunidades en que no se ha ajustado la tarifa -como sucedió en 2013, 2014 y 2015-, las distribuidoras no pagaban las multas porque planteaban que no se les había autorizado un aumento acorde a la suba de los costos y que, por eso, no se les podía sancionar por fallas en la prestación del servicio.
Por otra parte, cuando sí pagaban el monto correspondiente, como sucedió desde 2018 en adelante, los usuarios recibían una bonificación de $ 200 a $ 500 en su factura, pero el problema en el suministro persistía.
El Gobierno provincial reconoce que se ha producido un nuevo atraso tarifario, de casi dos años, y para evitar que nuevamente las empresas se nieguen a pagar las multas, optó por solicitarles que destinen el monto de la sanción a obras en los sitios donde ha habido mayor número de inconvenientes en el servicio.
Mema detalló que están elaborando los convenios para esos trabajos específicos, la inversión que demandarán y el plazo de ejecución; que de no cumplirse les valdrá otra sanción.
El otro tema que se debatirá es el de los ingresos no percibidos. Las distribuidoras de todo el país plantean que la falta de ajuste en las tarifas ha provocado que le adeuden a Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) unos 100 mil millones de pesos. Esto se resolvería con fondos nacionales, previstos en el presupuesto 2021.
