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hace 34 minutos
El año pasado, casi el 79% de las sociedades que se constituyeron en la provincia fueron SAS (Sociedad por Acciones Simplificada), mientras las SA quedaron relegadas a un 14% y las SRL al 7%. Un proyecto nacional, que ya tiene aval del Senado y ahora irá a Diputados, apunta a suspender por 180 días la constitución de las primeras y que, en ese plazo, las ya constituidas prueben que están en manos de emprendedores.
En Mendoza no se logró que las SAS estuvieran conformadas en tres días (el trámite completo no demora menos de un mes), como estaba previsto para acelerar el proceso, pero desde el dictado de la Resolución 420/20 de la Dirección de Personas Jurídicas (DPJ), se agilizó su inscripción, en particular, cuando se utiliza el instrumento constitutivo modelo. Esto significa que se reducen los tiempos y costos de constitución.
Un proyecto del senador nacional oficialista Oscar Parrilli, que fue impulsado por el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, busca que se suspendan por 180 días la constitución y registración de las SAS, además de exigir que, quienes no puedan probar que son emprendedores, se transformen en una SA o una SRL. Ya fue aprobado en el Senado y pasó a Diputados.
El abogado Fernando Pérez Hualde detalló que ASEA (Asociación de Emprendedores de Argentina), entidad en la que participa, presentó una acción de amparo contra resoluciones dictadas por Nissen antes de que la propuesta de ley fuera aprobada en el Senado, pero que hasta hoy no hay novedades, como tampoco de la medida cautelar que incluía.
El también profesor de la cátedra de Derecho Comercial y Societario (de la Facultad de Derecho de la UNCuyo) detalló que las SAS en la Ciudad de Buenos Aires y algunas jurisdicciones, permiten constituir una empresa en 24 horas, realizar todo el trámite de modo online, llevar los libros contables de forma digital y armar una sociedad unipersonal. Pero sobre todo, es un instrumento para quien tiene una buena idea y tiempo para desarrollarla, ya que permite captar la inversión de capital e incluso que participe el Estado. Un ejemplo de esto es Neokit-Covid-19, un test desarrollado por un laboratorio privado, en conjunto con Conicet, que permite el diagnóstico rápido del virus y que es una SAS.
El abogado indicó que el proyecto oficialista pretende multar con $ 100 mil a las SAS que no presenten sus estados contables todos los años, cuando hoy, en la provincia, la pena para una SA por esa razón es de $ 9 mil. Este monto, resaltó, resulta gravoso para un emprendedor y es incluso más elevado que el que se aplica a las empresas que cotizan en Bolsa o prestan servicios públicos (que tienen un régimen especial de control).
En cuanto a los motivos esgrimidos para modificar la ley 27.349, de apoyo al capital emprendedor -que crea las SAS-, señaló que los aludidos casos en que se habría utilizado este tipo de empresa para fraudes no han sido denunciados ante la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos). Por otra parte, Pérez Hualde resaltó que hasta hace 3 años no existía esta estructura societaria pero sí el lavado. De hecho, subrayó que tener que llevar los libros de modo digital obstaculiza esta posibilidad.
El docente detalló que, con sus alumnos de la Facultad de Derecho, realizaron un análisis del Boletín Oficial para encontrar cuántas SAS se habían constituido desde 2017. El relevamiento arrojó que este formato pasó de tener una participación, en 2018, de 52,5% en el total de sociedades constituidas (SA de 30,7% y SRL 16,8%) al 78,6% en 2019 (SA de 14,3% y SRL 7,1%).
Por su parte, Raúl Romero, profesor de la Facultad de Derecho de la UNCuyo, señaló que esta iniciativa centraliza el proceso de constitución de una sociedad, lo que es inconstitucional. Esto, porque el Registro de Instituciones de Capital Emprendedor será el encargado de certificar que efectivamente se trata de un emprendedor. Y los que no sean considerados como tales, deberán transformarse en una SA o SRL; algo que hoy puede demandar una inversión no inferior a los $50 mil.
En este sentido, subrayó que también hay medianas empresas que se conformaron como SAS, porque es un formato más flexible. O pymes familiares, que destacó son las que sostienen la economía, a las que este formato les había simplificado ciertas gestiones. A modo de ejemplo, comentó que no tiene sentido que publiquen un edicto para llamar a una asamblea, algo que fue pensado para las grandes empresas. Romero destacó que la ley anterior a la de 2017 era una normativa de facto, de 1972, inspirada en una de Mussolini, y que ahora se pretende volver a ese régimen.
“¿El delito económico nació en la Argentina en 2017?”, preguntó Romero y recordó que Hotesur, un hotel que todo el año tenía 100% de ocupación, era una SA y se utilizó para el lavado de dinero.
