Según datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), en Mendoza hay 347.673 jubilados y pensionados, de los que 202.745 accedieron a su haber previsional con moratoria (58%) y 144.928 después de haber completado sus años de aportes (42%). Esto implica que más de la mitad de los mendocinos que hoy perciben un ingreso jubilatorio accedieron a un plan para poder jubilarse.
La proporción es muy similar a nivel país. De acuerdo con estadísticas presentadas en el Boletín Estadístico de la Seguridad Social y elaboradas por la Secretaría de Seguridad Social en base a la información proporcionada, en este caso, por Anses, en marzo había 7.063.877 jubilados y pensionados en todo el país. De ese total, 4.167.958 (59%) obtuvieron el beneficio a través de una moratoria y 2.895.919 (41%) después de cumplir con los 30 años de aportes.
El abogado previsional Adrián Trócolli señaló que la misma Secretaría de Seguridad Social ha informado que, en los últimos 12 meses, más del 85% de los nuevos jubilados accedieron con moratoria, lo que implica que la situación se ha ido agravando. Y resaltó que hace 20 años que se ofrecen este tipo de planes de regularización, por lo general cerca de las elecciones, por lo que se ha hecho un uso político.
La eliminación de la moratoria y la implementación de un esquema de retiro proporcional están incluidas en el proyecto de Ley Bases, que fue aprobado en Diputados y ahora se discute en el Senado. Trócolli, quien estuvo trabajando con diputados en comisiones, detalló que quienes se oponen a que se quite la moratoria plantean que nueve de cada diez personas no alcanzan la cantidad de aportes necesarios cuando llegan a la edad jubilatoria, con lo que se está condenando a la mayoría a cobrar el 80% de la mínima (que es lo que corresponde cuando se cobra la Pensión Universal para el Adulto Mayor).
El proyecto de Ley Bases, efectivamente, contempla que, quienes no realizaron ningún aporte, al llegar a los 65 años -tanto hombres como mujeres- accedan a la PUAM, que no es parte del sistema contributivo. En cambio, quienes sí aportaron, pero sin llegar a los 30 años, podrían cobrar la PUAM más un adicional, que será variable según la cantidad de años y el salario, que es lo que implica la Prestación de Retiro Proporcional (PRP).
Trócolli opinó que mantener el esquema de moratorias es igualar a quien trabajó y quien no, además de que esta posibilidad no se tradujo en una mejora para los jubilados, sino en un empeoramiento de las condiciones generales. Resaltó que esto desalienta el aporte y los controles, ya que, si bien las pymes -que son las que generan el 80% del empleo en el país- están atravesando un momento complicado, pueden decirles a sus empleados, con razón, que es lo mismo que les realicen el aporte o no.
Asimismo, manifestó su desacuerdo con quienes dicen que quien accedió a una moratoria sí aportó, porque, en realidad, el aporte es previo a la jubilación y debe realizarse durante 30 años; mientras que acceder a un plan de pago implica un descuento en el haber durante 10 años. Pero también resaltó que, quien no pagó nunca, cobra menos durante esos primeros 10 años de lo que percibiría si accede a la PUAM, por la cuota mensual.
El abogado indicó que la moratoria vigente en este momento se lanzó en marzo de 2023 y tiene una duración de dos años, con lo que termina en marzo de 2025. En este sentido, el proyecto del presidente Javier Milei, de ser aprobado, acortaría apenas unos meses ese plazo. “Acá no es cuestión de dejar en la calle o sin soporte a un adulto mayor, pero no igualarlo a la jubilación. Que si, efectivamente, una persona requiere asistencia del Estado, se la demos, pero a través del sistema no contributivo”, consideró.
Sin embargo, la también abogada previsional Marcela Micames, resaltó que, con la eliminación siguen sin resolverse las cuestiones de base, como el desempleo y el trabajo no registrado, que hacen que las moratorias sean necesarias, aunque quizás no justas ni recomendables financieramente para el sistema previsional. Añadió que las primeras fueron más laxas, pero las últimas han sido más estrictas, con lo que es evidente que quienes acceden sí trabajaron, pero no alcanzaron a cumplir los años de aportes o estuvieron empleados en negro.
Sumó que no se suele mencionar en este contexto, pero el costo laboral es muy alto en el país, más allá del derecho del trabajador de que se le realicen los aportes a la seguridad social. Y es que los empleadores deben pagar por cada colaborador el doble de lo que cobra el empleado, por lo que algunos evitan la registración o pagan una parte del salario en negro.
Micames resaltó que el proyecto original de la Ley Bases derogaba la ley de moratoria, con lo que sólo adelantaba unos meses el vencimiento del programa (marzo de 2025). Con la derogación, indicó, se pueden perder los pagos por parte de quienes están trabajando y saben que no llegarán a los 30 años de aportes y están pagando cuotas; que hoy implica un ingreso al sistema. Resaltó que estos pagos no son, como en el pasado, irrisorios, sino que alguien que no aportó nada y debe “comprar” esos 30 años, necesita unos $5 millones.
Sin embargo, en el tratamiento en la Comisión de Seguridad Social de Diputados se añadió esa Prestación de Retiro Proporcional, que permitirá que quienes no cumplieron con la cantidad de años perciban un adicional por encima de la PUAM, como un reconocimiento de ese aporte. Destacó que hay casos de personas que trabajaron para bancos o importantes empresas petroleras y tuvieron buenos salarios, pero fueron despedidos con 20 a 25 años, para quienes esta PRP podría implicar una diferencia. Y, de aprobarse, no tendría vencimiento, como sí tenía la moratoria.
La abogada indicó que han surgido una serie de interrogantes. Por ejemplo, la PUAM nació como un beneficio paliativo o garantía de un ingreso mínimo bastante accesible, pero fue sumando restricciones en el tiempo. En un principio se podía trabajar mientras se cobraba, para seguir aportando y alcanzar la jubilación, pero después se estableció la incompatibilidad del trabajo y el cobro. También es complejo tramitarla para los residentes extranjeros.
Por otra parte, si el retiro proporcional es un adicional sobre la PUAM y ésta también es incompatible con otros beneficios, implica que las personas que cobren este mínimo no podrán percibir una pensión. Y esto son todo aspectos sobre los que no hay precisiones.
Asimismo, no se sabe qué sucederá, de derogarse la moratoria, con quienes ya empezaron a pagar porque están comprando aportes a futuro y tenían tiempo hasta marzo de 2025, ni tampoco con quienes sacaron turno en Anses para iniciar el trámite, pero serán atendidos en unos dos meses (la demora que están teniendo para esta gestión).
Diferencias de género
Cuando se analizan los números según se trate de hombres o mujeres, las diferencias son marcadas. En la provincia, hay 99.850 jubilados varones, de los que 46.621 (47%) se jubilaron a través de una moratoria y 53.229 (53%) pudieron completar sus aportes. En cambio, hay 172.636 jubiladas, de las que 130.759 (76%) empezaron a cobrar el haber a través de algún régimen -incluido el de la jubilación para amas de casa- y sólo 41.877 (24%) cumplieron con los años requeridos de aportes.
De aprobarse la propuesta de la Ley de Bases, las mujeres que no tengan aportes y accedan a la PUAM deberán haber cumplido los 65 años, en lugar de los 60 hoy vigentes.
