El banco suizo UBS y la consultora Deloitte se presentaron al concurso público para llevar adelante el proceso de selección de los potenciales inversores en Potasio Rio Colorado (PRC), uno de los mayores yacimientos de sales de potasio de Latinoamérica. Quien sea el ganador de esta compulsa será el encargado de buscar y evaluar a los inversores de la mina ubicada en el extremo sur de Malargüe.
El proceso de selección se lanzó a principios de septiembre y el Gobierno esperaba contar con la entidad ya definida para comienzos de octubre. “Estamos buscando un banco de nivel internacional que tenga experiencia en el sector minero y experiencia en Argentina, son dos características importantes para mejorar las chances de que el proceso salga bien”, indicó en aquel momento Emilio Guiñazú, gerente general de PRC.
Desde el gobierno informaron que las ofertas se abrieron con una escribana, como estaba pactado por ley. Y que el material fue trasladado a la comisión evaluadora, que procederá a presentar sus recomendaciones en un plazo no mayor de 30 días.
El banco inversor
A fines de 2020 el Gobierno de Mendoza logró recuperar, luego de arduas negociaciones con la minera brasilera Vale, US$ 250 millones en activos, 80 mil hectáreas de infraestructura y un predio que había quedado abandonado desde 2013.
El banco de inversión se hará cargo de la selección de los interesados en invertir y evaluar el plan de negocio que ofrezca perspectivas a futuro, ahorrando dinero al Estado. “Por el tamaño de la operación, es el mecanismo más eficaz, más transparente y que mayor garantía nos ofrece”, había afirmado Guiñazú al momento de anunciar el llamado.
Estos bancos de inversión darán los servicios de consultoría con costo cero para la Provincia: se trabajará con la modalidad “success fee”, es decir, se abonará según el éxito de la operatoria y el costo se incluirá en la licitación de la mina. Esta modalidad ahorrará tiempo y dinero tanto al Estado como a los potenciales interesados, que se presentarán a una licitación con asesoría permanente y con números claros y precisos.
Un traspaso transparente y ordenado
Vale había obtenido la concesión del yacimiento de potasio ubicado en Malargüe en 2009 y tras una millonaria inversión, en 2013 suspendió las actividades y paralizó todas las obras y operaciones. Al año siguiente, la firma brasileña confirmó la decisión de desvincularse del proyecto.
En los años siguientes, la Provincia intentó que la empresa vendiera a otro inversor privado, cosa que nunca terminó por concretarse. Al final, el Estado provincial tomó intervención y decidió adquirir los activos, tomar el control del proyecto y apostar al desafío de conseguir un socio comercial para llevar adelante la explotación de la mina.
En diciembre 2020 la Legislatura sancionó la ley de traspaso de Potasio Río Colorado a la Provincia. Ratificó el acuerdo firmado entre el Gobernador Rodolfo Suárez y la empresa Vale. En febrero, la Provincia tomó posesión de los activos, que incluyen un predio de 80 mil hectáreas de servicios, con aeropuerto en condiciones de funcionar y con capacidad para que coman y se alojen 3 mil personas.
El directorio designado de PRC llevó adelante trabajos de prospección comercial con el objetivo de no solamente identificar a potenciales interesados en invertir, asociarse o comprar el proyecto PRC, sino también elegir el proceso más adecuado para lograr la incorporación eficaz de esos socios.
De estos estudios surgió que el mecanismo más idóneo, transparente y que mayor garantía ofrecía era trabajar junto con un banco especialista en procesos de fusiones y adquisiciones. “El trabajo de este banco de prestigio mundial y trayectoria será identificar a los potenciales interesados y preparar el material para que puedan analizar números, perspectivas y proyecciones de forma adecuada”, agregó Guiñazú.
“Una vez aprobados los pliegos en el directorio, se llamará a licitación. Vamos a dar unos 30 días para el análisis y la preparación de ofertas y en octubre se tendrá el banco de inversión seleccionado”, agregó Guiñazú.
El traspaso de los activos tuvo costo cero para el Estado, y el servicio de consultoría también tendrá esta modalidad: el objetivo final son las inversiones y empleo genuino con cuidado de los activos.
Con este proceso, Mendoza logró salvar los derechos mineros, conservar los estudios y aprobaciones de impacto ambiental y todos los activos físicos: 80 mil hectáreas, con aeropuerto operativo y capacidad para alojar a 3 mil personas y convertirse además en un polo de servicios industriales.
