El empresario Mauricio Badaloni expuso en esta entrevista con Los Andes los desafíos que enfrentan Mendoza y el país en 2025. Consideró fundamental abordar la mejora del “costo argentino”. Además, culpó al Estado de encarecer los productos nacionales debido al elevado impacto de los impuestos en la estructura de costos.
-¿Cuál es la oportunidad que ves para el país en este momento?
-Argentina necesita un plan de incentivos para resolver sus problemas estructurales. La informalidad es un síntoma de un problema mayor: la falta de incentivos claros para operar dentro del marco legal. La conferencia de la UIA es el lugar ideal para hacer un balance y proyectar soluciones concretas. Si no aprovechamos esta oportunidad para trazar un camino claro, estaremos perdiendo un momento único para transformar nuestra economía.
-En el plan de incentivos que mencionabas, ¿la propuesta del Gobierno Nacional de un mini Rigi es útil? ¿Cómo la están evaluando?
-El Mini Rigi, como se lo conoce, es necesario. Cuando enfrentamos una carga impositiva que ronda el 50%, es evidente que existen obstáculos que impiden el desarrollo de la actividad en blanco. Uno de los principales es el costo laboral. No me refiero al salario en sí mismo, sino al peso impositivo vinculado al salario: las cargas patronales y sociales.
Por ejemplo, esas cargas generan un círculo vicioso. Pagamos por salud, pero muchas veces el sistema no la garantiza; contribuimos para jubilaciones, pero al retirarnos los montos no alcanzan. Esto lleva a que muchas personas prefieran facturar en lugar de estar en relación de dependencia. Es un problema que debe corregirse.
-¿Cuáles son los aspectos centrales que debería incluir una Ley Pyme para ser efectiva?
-En primer lugar, es fundamental abordar los costos impositivos asociados al trabajo. Si queremos competir, por ejemplo, con Chile, donde los costos asociados rondan el 16% o 18%, estamos muy lejos con nuestro 50%. Además, está la “industria del juicio,” que representa otra pesada carga. Las indemnizaciones, por ejemplo, se indexan constantemente, lo que desincentiva acuerdos rápidos porque el monto crece por encima de la inflación.
En este sentido, Mendoza ha sido pionera con herramientas como las Oficinas de Conciliación Laboral (OCL), que han reducido la litigiosidad laboral en un 70%. También los acuerdos con las ART han permitido disminuir los conflictos relacionados con enfermedades y accidentes laborales. Esos avances deben ser considerados en una legislación nacional.
-¿Qué otros incentivos serían clave para promover la formalidad y la inversión?
-El sistema previsional no puede sostenerse si seguimos sumando empleo informal. Necesitamos incentivos claros para que las empresas incorporen más trabajadores en blanco. Por ejemplo, la propuesta del Gobierno incluye reducciones progresivas de cargas impositivas para nuevas incorporaciones: un 50% el primer año, y así sucesivamente. Esa es una medida que debería ampliarse.
Por otro lado, es crucial incentivar la inversión. Actualmente, renovar maquinaria o incorporar tecnología puede tomar cinco años por los costos asociados. Si logramos reducir ese plazo a dos años mediante incentivos fiscales, podríamos generar mayor competitividad sin que esto se perciba como una ganancia extraordinaria, sino como una apuesta al desarrollo productivo.
En definitiva, cualquier plan de incentivos debe considerar estos ejes: reducir los costos laborales impositivos, fomentar la inversión y promover el empleo formal. Es el camino para solucionar de raíz problemas estructurales como la alta informalidad.
-¿Qué es lo que aún falta resolver en Argentina?
-Hay un desafío muy claro: dejar de ver al empresariado como alguien que busca prebendas. El sector privado tiene un rol fundamental para corregir las grandes problemáticas estructurales del país, como el trabajo informal que afecta a 8 millones de personas o el 50% de la economía que opera en la informalidad.
Por eso, es clave aprovechar este momento. Tenemos un presidente que, en términos políticos, es el menos tradicional de los últimos 20 o 30 años. Esto debería ser una ventaja para pensar estrategias enfocadas en el crecimiento de las pymes, que son el verdadero motor productivo del país. Las pymes no son formadoras de precios ni ejercen posiciones dominantes, y por eso tienen un enorme potencial para dinamizar la economía y generar empleo formal.
-El gobierno está abriendo las importaciones con el discurso de bajar los precios...
-Exactamente. Esa es una de las grandes preocupaciones. Permitir importaciones sin acompasar una baja impositiva puede ser catastrófico. ¿Qué puede pasar? Que algunas fábricas cierren. Pero no solo porque no puedan competir con los productos importados, sino porque no han logrado modernizarse o invertir en la tecnificación necesaria para adaptarse a los nuevos desafíos.
La velocidad con la que se implementan estas políticas es clave. Si no reducimos impuestos mientras abrimos las importaciones, la industria local no tendrá las herramientas para mantenerse competitiva.
-En cuanto a las bajas impositivas, ¿percibís una falta de compromiso del Gobierno o solo diferencias de enfoque?
-Hay avances, como la Ley PyME o Mini Rigi que impulsa beneficios por incrementalidad, pero falta mucho. La realidad es que hoy una gran parte del sistema fomenta la informalidad. Las asimetrías entre empresas formales e informales son abismales; una diferencia de costos del 40% hace casi imposible competir.
Lo mismo pasa con los emprendedores y las pequeñas empresas. Hay trabas impositivas y burocráticas que desincentivan el crecimiento. Muchas veces, a una pyme no le conviene expandirse porque al hacerlo ingresa en regímenes fiscales más costosos, lo que termina afectando su rentabilidad.
-¿Qué soluciones propondrías?
-Primero, un plan de incentivos que permita netear impuestos y simplificar trámites, como implementar ventanillas únicas. También es clave un esquema progresivo que facilite a las pymes escalar en sus diferentes etapas: micro, pequeñas y medianas empresas. Debemos evitar que se vean castigadas por crecer.
Finalmente, necesitamos un enfoque que no solo piense en las grandes empresas. Todos somos una pyme, en mayor o menor medida. Esto incluye a emprendedores, monotributistas y ciudadanos independientes, quienes enfrentan las mismas barreras estructurales que las empresas más grandes: impuestos altos, burocracia excesiva y falta de acceso a financiamiento.
-Entonces, ¿el problema no es solo de los empresarios?
-Para nada. Es un problema sistémico. El Estado debe corregir estas asimetrías para evitar que la informalidad siga siendo la salida más viable. Si no creamos un ecosistema que fomente la inversión y la formalización, el país seguirá reproduciendo las mismas fallas estructurales que hemos visto por décadas.
-Mencionaste la presión fiscal en la economía diaria, desde la factura de luz hasta el supermercado. ¿Cómo afecta esto a las empresas y al consumidor promedio?
-Es un impacto directo y desproporcionado. La realidad es que Doña Rosa, cuando va al supermercado y ve que su changuito cuesta $ 200 mil, no sabe que $ 100 mil de esos son impuestos. Y lo mismo pasa con la factura de la luz o el combustible, donde más del 60% de lo que pagamos también son impuestos. Es un sistema que carga la responsabilidad fiscal sobre los consumidores y las empresas sin ofrecerles soluciones reales.
Además, muchos de estos impuestos son acumulativos; se paga impuesto sobre impuesto. Por ejemplo, en la factura eléctrica hay conceptos como ingresos brutos y otros adicionales que, al final del día, solo encarecen aún más el servicio. Esto es un delito en términos económicos.
-Entonces, ¿considerás que la discusión sobre “formadores de precios” es una distracción?
-Absolutamente. Siempre se habla de los “formadores de precios” como si fueran los únicos responsables, pero el gran ausente en esa discusión es el Estado, que se lleva el 50% o más en impuestos. Es una narrativa conveniente para los políticos, pero que no resuelve el problema de fondo.
La sociedad necesita nivelar la cancha. Hay que decir las cosas como son: si queremos precios más competitivos, necesitamos una reducción significativa de la carga impositiva. Y no estoy hablando solo de un discurso político, sino de medidas concretas.
Si queremos competir, necesitamos igualdad de condiciones. No estamos pidiendo subsidios ni ventajas, solo una cancha nivelada. Esto implica reducir impuestos, fomentar la formalidad, mejorar la logística y establecer reglas claras. La clave no está en discursos vacíos ni en políticas que no llegan a la gente, sino en acciones concretas que impulsen el desarrollo productivo. Mendoza y el país tienen un enorme potencial, pero necesitamos decisiones valientes para desbloquearlo.
En el caso de la energía, Mendoza tiene una de las tarifas más caras del país. Este año, por ejemplo, el EPRE aumentó sus costos administrativos del 7% al 9% en las facturas de luz. Eso encarece aún más el servicio, pero nadie pregunta por qué sucede. Y cuando se trata de minería, Mendoza tiene una enorme oportunidad en oro y cobre, pero el costo de la energía y la falta de incentivos adecuados siguen siendo barreras significativas.
-¿Qué mensaje le darías a los responsables de política fiscal en este contexto?
-Es hora de que expliquen. Los impuestos no son invisibles; afectan a todos los ciudadanos, desde Doña Rosa hasta los empresarios. El Estado debe ser más transparente y eficiente. Y si queremos un país competitivo, necesitamos políticas fiscales que reduzcan esa carga y fomenten la inversión, la productividad y el consumo.
Esto no es solo un problema de las empresas; es un problema estructural que afecta a toda la sociedad. Y, como siempre digo, si no nivelamos la cancha, seguiremos reproduciendo las mismas injusticias de siempre.
-¿Qué implicancias tiene esta situación para las pymes y las economías regionales?
-En Mendoza, como en gran parte del país, el 99% de las empresas son pymes. Estas empresas no están en condiciones de abuso de posición dominante, como algunos discursos quieren instalar. Las pymes necesitan incentivos, menos carga impositiva y políticas claras para competir, no subsidios ni parches.
En este contexto, hemos trabajado un proyecto de ley PYME durante los últimos cuatro meses. Lo que buscamos es fortalecer el ecosistema emprendedor y darles herramientas a las pequeñas y medianas empresas para que puedan crecer y generar empleo en igualdad de condiciones. Sin eso, estamos compitiendo con una desventaja enorme frente a países como Chile, que tiene mejores acuerdos de libre comercio, costos laborales más bajos y una infraestructura logística más eficiente.
-¿Cómo afecta la falta de inversión en infraestructura, como rutas y logística, a la competitividad?
-Es un problema crítico. La logística es un pilar fundamental de la competitividad. Durante mucho tiempo, la obra pública estuvo orientada a mejorar las rutas y conexiones clave, pero hoy se demoniza por cuestiones políticas y de corrupción pasada. El resultado es que estamos compitiendo con países que tienen infraestructura mucho más desarrollada.
Mendoza, como región, necesita un plan estratégico de infraestructura que incluya rutas, mejoras logísticas y sostenibilidad. No podemos avanzar solo en palabras; necesitamos inversiones reales. Y esto no es solo un tema de la minería o de sectores específicos, sino de toda la cadena productiva.
-¿Cómo ves el futuro de la minería en Mendoza?
-La minería puede ser una de las grandes oportunidades de Mendoza, pero requiere una visión a largo plazo. Los proyectos como San Jorge o PRC, de lo cual habló el gobernador, tienen el potencial de avanzar y generar un impacto real en la economía regional. Sin embargo, hay que considerar que estos desarrollos no son inmediatos; la etapa de exploración puede llevar de 4 a 5 años antes de ver resultados tangibles.
Lo que hemos visto últimamente es un mayor interés de empresas de países como Canadá y Australia, lo que es alentador. Pero Mendoza necesita superar las barreras que ha enfrentado históricamente, como la licencia social y la falta de consenso político. La minería de hoy no es la misma de hace 30 años; las tecnologías han avanzado y los procesos son más sostenibles. Es cuestión de juntar esas puntas y construir un futuro prometedor para el sector.
-¿Cuál es tu visión sobre el rol que deberían jugar en este tipo de encuentros como la cumbre minera de esta semana?
-Creo que esta cumbre fue un gran avance porque temas que antes no se transparentaban ni se discutían de cara a la sociedad ahora están en la mesa. Es fundamental que las instituciones estén más presentes. Hablo de universidades, federaciones, asociaciones de segundo y tercer grado, y también instituciones locales como intendencias y cámaras empresarias. En Mendoza solemos escuchar que tenemos un buen marco institucional, pero todavía hay espacio para fortalecerlo y hacer que todas estas organizaciones estén más cerca de los proyectos y del impacto que generan.
Cuando vos ves que en otras provincias como San Juan o Neuquén integran a las comunidades, no solo desde un enfoque económico, sino también social y educativo, entendés que el valor institucional trasciende al Estado. Es una responsabilidad compartida que abarca al sector privado y a las instituciones intermedias.
-Se viene otro año “motosierra” a nivel nacional y en la provincia ya se discute el presupuesto. ¿Qué opinás sobre la posibilidad de reestructurar la deuda para liberar recursos?
-Es un tema delicado, pero necesario. Mendoza lleva dos años sin la posibilidad de rolear su deuda, y este año parece que sería una buena oportunidad para hacerlo. Esto permitiría volcar más recursos a obras y proyectos clave que generen desarrollo y empleo.
Si logramos articular esto con un marco institucional sólido, en el que las comunidades se sientan parte de los proyectos, no solo ganamos en confianza, sino en la velocidad con la que podemos avanzar en las transformaciones que Mendoza necesita. La clave está en la planificación y en convocar a todos los actores posibles para que este desarrollo sea sostenible en el tiempo.
-Han trabajado desde la UIA Mendoza, la diversificación de la matriz productiva y han traido a la provincia a inversores de Emiratos ¿Qué visión tienen sobre este tema y cómo podría beneficiar a Mendoza?
-La producción de alfalfa tiene un potencial enorme, sobre todo si pensamos en el mercado de exportación. Emiratos Árabes ve a Argentina como un proveedor clave, especialmente porque están perdiendo terreno en España, donde los recursos hídricos están cada vez más limitados. Actualmente, tienen 20 clústeres de producción en España, pero se estima que en pocos años solo quedarán 7. Esto abre una oportunidad para que Argentina ocupe ese lugar en el mercado global.
En Mendoza, hay muchas hectáreas que hoy están subutilizadas o con cultivos que no resisten los impactos climáticos, como heladas o sequías. La idea es identificar esas áreas y reconvertirlas, y la alfalfa es un candidato ideal. Es un cultivo rústico, adaptable a suelos desérticos y con alta demanda internacional.
-¿Están pensando en un modelo que integre exportación y mercado interno?
-En este caso, el 80% de la producción estaría destinada a exportación. No estamos buscando solo abastecer al mercado interno, aunque la alfalfa también puede potenciar la ganadería local. El foco está en acuerdos estratégicos con Emiratos Árabes, donde no solo quieren comprar alfalfa, sino también vender sus pivotes de riego. En provincias como Córdoba y Santa Fe ya firmaron acuerdos para pagar los pivotes con alfalfa exportada, lo que podría replicarse aquí en Mendoza.
-¿Qué rol juega la tecnología en este proceso de reconversión agrícola?
-La tecnología es clave, especialmente en la adaptación de semillas a suelos más desérticos. Hay desarrollos genéticos que permiten optimizar los rendimientos incluso en condiciones adversas. Además, el uso de pivotes de riego puede mejorar significativamente la eficiencia hídrica, algo fundamental para Mendoza.
No se trata solo de producir más, sino de producir mejor. Este enfoque sostenible es lo que hace que la alfalfa no sea simplemente “cortar pasto,” como algunos podrían pensar, sino una oportunidad estratégica para diversificar la matriz productiva de Mendoza y generar divisas.
-¿Cuál es la meta a largo plazo con estos proyectos?
-Queremos que Mendoza sea un jugador importante en el mercado global de forrajes. Si logramos estructurar bien los clústeres, con un enfoque claro en la exportación y acuerdos estratégicos como los de Emiratos Árabes, podríamos transformar áreas improductivas en motores de desarrollo.
La clave está en la planificación. No es solo sembrar alfalfa; es integrar toda la cadena de valor, desde el productor hasta el mercado internacional, con un modelo que sea sostenible en el tiempo. Esto no solo beneficiará a los agricultores, sino a toda la economía regional.
