Miles de hipotecados UVA marcharon este viernes al Congreso para pedir que por ley se desenganche el capital adeudado y las cuotas de la inflación tras haber perdido las esperanzas de que el presidente Alberto Fernández cumpla una de sus principales promesas de campaña de 2019 y brinde una solución.
En Mendoza la convocatoria fue en el nudo vial del Acceso Este y Costanera, en el ingreso de la Ciudad de Mendoza. Allí, con pancartas y carteles, reclamaron lo mismo que los demás deudores de UVA que hay en todas las provincias argentinas.
En el país hay unas 105 mil familias que entre 2016 y 2019 tomaron créditos UVA para comprar una vivienda única a plazos de entre diez y treinta años. Un trabajador que en julio de 2017 tomó 1.900.000 pesos hoy debe 8.100.000 pesos, a pesar de haber pagado ya cuotas por un total de 1 millón de pesos. El pasivo inicial se disparó 379%.
Según datos del Banco Central, hay 630 deudores en mora. Claudia Pilo, deudora y participante de la marcha, comentó que ese dato no refleja la realidad del drama que atraviesan las familias. “Dejamos todo para poder pagar la cuota y nos estamos sobre endeudando para comer y pagar otros gastos”, dijo Pilo a este medio.
Hay 100 familias en proceso de ejecución. Otras que intentaron vender la propiedad y por el derrumbe de precios no les alcanza para pagar toda la deuda con el banco o directamente no encuentran compradores por la crisis. “¿Cómo hace un trabajador para pagar una cuota de 80.000 pesos por mes? ¿Qué asalariado puede soportarlo?”, señaló Pilo.
Que la morosidad es baja es el principal argumento del Gobierno para no cumplir la promesa que Fernández hizo al electorado endeudado en 2019. Pilo recuerda que por aquel tiempo, los hipotecados habían sido convocados por los entonces diputados Felipe Solá (hoy canciller) y Axel Kicillof (gobernador bonaerense), quienes les prometieron soluciones. Jamás cumplieron.
Macrismo y kirchnerismo, lo mismo
En el macrismo hay algunos defensores del sistema. Uno de ellos es Lucas Llach, quien fue vicepresidente del Banco Central entre 2015 y 2019 y uno de los cerebros del sistema. Él asegura que los créditos UVA fueron un “buen negocio” para las familias, dado que las propiedades se venden en dólares y el tipo de cambio pasó de $15 en 2016 a $180 ahora.
Para Pilo, esas son puras chicanas. “Ningún trabajador compró una vivienda única para hacer un negocio. Y tampoco no existen los salarios en dólares. Nadie querría vender la propiedad si la situación no fuera desesperante. Fernández también sigue avalando un sistema que fracasó como política pública de acceso a la vivienda”, cuestionó la deudora.
Los créditos UVA fueron la política pública de acceso a la vivienda del macrismo. Por otros mecanismos, el Estado entregó sólo 12.000 casas en los cuatro años de gestión de Juntos por el Cambio. Por entonces, la promesa de Llach y Federico Sturzenegger era que la inflación iba a bajar en forma sostenida hasta el 10% en 2018 y 5% en 2019. Terminó en 53,8%.
Y desde entonces, la inflación no ha dado respiro con el gobierno de Fernández. En 2020, el Índice de Precios por el que ajusta la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) subió 36,1% y actualmente está en el 51,8%. El año pasado el Gobierno decretó el congelamiento de las cuotas, pero a fin de año descongeló y la deuda no pagada se sumó al capital adeudado, extendiendo más la vida del préstamo.
Actualmente, los créditos hipotecarios ajustados por inflación están registrando un incremento mensual promedio del 7% y a fin de año habrán anotado un alza del 80%. Esto es como consecuencia de la aplicación del esquema de convergencia dispuesto por el gobierno de Fernández como salida al congelamiento de las cuotas implementado durante la pandemia.
“Mi casa es mi hogar”. “Queremos poder pagar nuestras casas”. “Pagar las cuotas se ha vuelto imposible”. Esas frases estuvieron el viernes en las pancartas que los endeudados llevaron a la marcha frente al Congreso. Allí señalaron que “mientras la inflación no da tregua, los salarios acumulan 44 meses consecutivos de caída frente a los precios y nada indica que esto vaya a revertirse en el corto o mediano plazo”.
Proyectos
Los deudores reclamaron fuente al Congreso que los legisladores debatan en Audiencia Pública y trabajen en una ley que ponga fin a los créditos indexados.
Uno de los legisladores que más viene empujando el tema en el Congreso es el senador radical mendocino Julio Cobos. En la sesión del jueves, incluso, reclamó que se trate el expediente 1.856/20 que impulsa la renegociación de los créditos dado que hubo “una ruptura de la equidad contractual en los créditos UVA”.
Esta iniciativa viene siendo cajoneada por indicación del Gobierno nacional. Y en el Senado el kirchnerismo cuenta con la mayoría necesaria frenar cualquier iniciativa. A fines de mayo, el presidente del bloque oficialista, José Mayans, dijo que era “inminente” un anuncio por parte del Poder Ejecutivo.
Al día siguiente, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, anunció que los 7.000 créditos que había dado el Banco Hipotecario pasaban al Plan Hogar, con ajuste de las cuotas por el coeficiente de variación salarial y con tope del 35% del ingreso familiar y un subsidio para el pago de la diferencia. Unas 98.000 familias quedaron a la deriva.
El 6 de agosto, cinco diputados del PRO presentaron un proyecto de ley presentaron un proyecto para suspender hasta el 31 de julio de 2022 las ejecuciones hipotecarias que tengan por objeto la vivienda única, familiar y de ocupación permanente y prendarias resultantes de créditos UVA y UVI y que las cuotas mensuales que paguen los tomadores no superen el 30% de sus ingresos.
El 19 de julio había sido el diputado José Luis Ramón, hoy del Frente de Todos, quien presentó un proyecto similar. Y, entre otras iniciativas, también hay un proyecto para la reconversión de los préstamos que fue presentado el 7 de mayo por Cristian Ritondo, jefe del bloque de diputados del PRO.
Para Pilo no hay dudas: “El sistema está hecho para beneficiar a los bancos que con la UVA se cubren de la inflación y ganan plata con la tasa de interés de entre el 8% y el 15%. Además, los pagos se debitan de la cuenta sueldo. Todos los beneficios son para los bancos, las familias están soportando la usura. No hay decisión política de decirles a los bancos hasta acá. Y esto es lo que sigue avalando el Presidente”.
