En su reciente discurso, el presidente de la nación, Javier Milei, anunció una serie de medidas para desregular la economía argentina, abarcando sectores estratégicos y entre ellos sumó a la vitivinicultura. Según explicó esta decisión busca aliviar la carga regulatoria que, según el mandatario, ha lastrado durante años el potencial de diversas industrias, entre ellas la vitivinícola.
“Que varias industrias deben soportar el peso de una excesiva regulación, como ocurre con la industria vitivinícola, por lo que resulta adecuado derogar la Ley N° 18.600 de contratos de elaboración de vinos, la Ley N° 18.905 de política vitivinícola nacional (1970) y la Ley N° 22.667 de reconversión vitivinícola (1982)”, sostiene el DNU.
La primera de estas leyes es la N° 18.600, la cual establece las normas para los contratos de elaboración de vinos bajo diferentes sistemas, como el ‘contrato de elaboración por cuenta de terceros’, ‘a maquila’ o por ‘cuenta del viñatero’.
Asimismo, el presidente derogará la Ley N° 18.905 de política vitivinícola nacional, promulgada en 1970, y la Ley N° 22.667 de reconversión vitivinícola, emitida en 1982.
En el sector vitivinícola hay sopresa. Muchas de estas regulaciones ya no están vigentes, o están en desuso y fueron creadas para otro momento de la vida del sector.
Sin embargo, en off the record, la derogación de la ley de contratos para elaboración por cuenta de terceros sí genera dudas y algunos estiman que podría dejar sin posibilidades de reclamos a los productores y en desventaja frente a los industriales.