Desde el sector productivo piden que se revea la decisión de cerrar el IDR

La semana pasada, el Gobierno provincial anunció que, a partir del 1 de julio, se retira como socio del Instituto de Desarrollo Rural (IDR). Desde el sector productivo plantearon preocupación porque consideran que, de esta manera, el organismo desaparecerá y se perderá una importante fuente de datos estadísticos, como también de acompañamiento técnico y fortalecimiento de la producción.

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Francisco Araujo, coordinador del Clúster de Ciruela Industria de Mendoza, indicó que el IDR ha sido una pieza fundamental en el funcionamiento de esta agrupación, ya que los acompañó en la conformación de la entidad y en la ejecución de dos proyectos: el observatorio y el censo. “Hemos encontrado en el IDR voluntad, predisposición y profesionales que nos han acompañado a que el clúster tenga vida”, indicó.

Sumó que la entidad no cuenta con una estructura propia, sino que solamente tiene un coordinador y ejecuta las acciones, en particular las de índole técnica, a través de instituciones como el IDR, el INTA, la UNCuyo y la UTN, entre otras.

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Raúl Giordano, presidente de la Cámara de la Fruta Industrializada de Mendoza (Cafim), comentó que el Gobierno está teniendo que recortar y opta por hacerlo en organismos en los que no tiene empleados con relación de dependencia. Añadió que la semana pasada participó de una reunión en la que desde la Cafim resaltaron que el IDR desarrolla estadísticas y censos de cultivos, y supervisa diversos programas.

Por eso, consideran que se podría revisar la estructura y dejar una plantilla de personal más acotada (hoy son 44 personas), y realizar contrataciones para proyectos, con plazos estipulados. “Pedimos que se revea la situación porque hay una cantidad de personal que es idóneo, que se ha capacitado, algunos en el exterior, y no queremos que se pierda, porque son técnicos especialistas que se van a quedar sin trabajo o migrar a empresas privadas”, indicó Giordano. Asimismo, subrayó que las cámaras que participan en el IDR no tienen capacidad para sostener los costos de funcionamiento del organismo.

José Navarro, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Frutas Frescas de Mendoza (Aspeff), comentó que, si bien no han tenido una reunión de comisión, en conversaciones informales con socios se coincidió en que el pronóstico de cosecha que realiza el IDR aporta información interesante para la toma de decisiones, aunque no pueden determinar si el costo-beneficio es el adecuado para el Estado.

Pero manifestó que el sector privado no podría sostener el organismo. “Está complicado, porque la rentabilidad no es la mejor últimamente”, lanzó. Y para ilustrarlo, contó que está por venir una delegación china para habilitar la exportación de fruta, específicamente ciruela desecada, a ese destino, lo que demanda una inversión de US$ 30 mil que deberían aportar los productores mendocinos, neuquinos y rionegrinos; monto que está costando reunir.

Para explicar esta decisión, de dejar de financiar tanto al IDR como al Instituto de Desarrollo Comercial (IDC) y de reducir los aportes al Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios (Idits), desde el Ejecutivo resaltaron que, aunque se trata de organismos de participación público-privada, desde hace 8 años, la provincia es la única que aporta fondos. Al retirarse como socio podrá ahorrar unos $1.700 millones anuales.

En el caso específico del IDR, aseguraron que este dinero -unos $1.000 millones- se destinarán al sector productivo y que las actividades que hoy desarrolla se pueden gestionar desde el Gobierno. Tampoco se habla de cierre, sino de que los consejos de administración deberán analizar si existen otras fuentes de financiamiento.

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Sin lucha antigranizo

Otra de las decisiones que se ha tomado desde el Ministerio de Producción por estos días es dejar de financiar a Aeronáutica de Mendoza Sociedad Anónima (Aemsa), la empresa que realiza la lucha antigranizo con aviones. De modo similar a lo que se definió para el IDR, la idea es redireccionar los fondos, en este caso $10.000 millones anuales, a un sistema de financiamiento público privado de seguros agrícolas.

Mauro Sosa, gerente del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, mencionó que consultó al Gobierno sobre los datos que los llevan a evaluar que el sistema actual debe ser eliminado, como el precio anual, la cantidad de bengalas que se disparan, etc. “Son los datos que las entidades necesitamos para evaluar la conveniencia o no de este sistema”, expresó. Sin embargo, no se los dieron, ni tampoco fueron consultados sobre esta posibilidad, pero tienen planeada una reunión de comisión directiva la semana que viene para discutir esto.

Planteó que quieren escuchar cuál es la propuesta del Ejecutivo, ya que hasta ahora se ha hablado de eliminar un sistema de lucha activa para instaurar un seguro agrícola vinculado con la instalación de malla antigranizo. Analizó que los seguros tienen distintos matices, además de un alto costo, y que las experiencias pasadas no han sido positivas.

Por otra parte, Sosa indicó que la colocación de malla demanda una inversión importante en un momento de baja rentabilidad y resaltó que tal vez los productores puedan ir avanzando en una, dos o cinco hectáreas, pero “no estamos hablando de techar la provincia, porque son 140 mil hectáreas”.

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Araujo, coordinador del Clúster de Ciruela Industria de Mendoza, señaló que se debe resolver una cuestión técnica, que es si la lucha antigranizo resuelve el problema. En caso de ser así, o de atenuar el daño que provocan las tormentas, consideró importante apoyar las medidas que permitan minimizar los daños. Además de que debería ser una estrategia entre varias para disminuir la afectación por contingencias climáticas.

Esto, más allá de que, desde la entidad, recomiendan a los productores que, en la medida en que les resulte posible, vayan incorporando tecnologías, principalmente de riego, que tengan que ver con el combate de las heladas y, en tercer lugar, vinculadas al granizo. Esto, porque un estudio que realizaron sobre los factores que más restringían la productividad del sector de la ciruela dio por resultado que la crisis hídrica era el de mayor impacto, seguido por las heladas, el granizo y la ausencia de mecanización de la cosecha.