Tras dos años de congelamiento, el Gobierno Nacional decidió que volverán a subir las tarifas de los servicios públicos, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, adelantó que ajustarán por inflación. En Mendoza, el servicio de agua y saneamiento tiene un atraso del 50%, y las distribuidoras eléctricas acusan retrasos de entre el 70% y el 90% en sus componentes de alcance provincial.
En el sector eléctrico advierten que la situación es crítica, y que el atraso significó para las distribuidoras acumular deudas millonarias con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). Antes de fin de año, esperan que se realice una audiencia pública en la que puedan exponer su situación.
“La tarifa tiene un retraso del 70% en el Valor Agregado de Distribución (VAD), que es lo que el distribuidor cobra para hacer frente a sus costos. Esto ya lo hemos presentado al Epre (Ente Provincial Regulador Eléctrico), y quedamos a la espera de que ellos hagan su propio informe. La idea es poder exponerlo en una audiencia pública, porque nos estamos rigiendo con un valor que data de diciembre de 2018”, explicó al respecto Julio Gallego, coordinador de gerentes de la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz.
Gallego comentó que la actualización que correspondía a febrero de este año no se hizo, y por ello el retraso alcanzará dentro de poco los dos años. “Por supuesto que esto ha hecho que nos endeudemos con Cammesa, porque es la única forma de seguir funcionando”, señaló.
Por otro lado, el empresario señaló que desde que la Secretaría de Energía pasó a la órbita de Economía (de la Nación), se ha tenido que comenzar una revisión sobre las deficiencias que existen tanto a nivel provincial (con el VAD), como nacional, con el costo del abastecimiento. “El subsidio de Nación no aguanta. Son números que desequilibran el presupuesto nacional”, apuntó.
Es que la tarifa se compone en un 50% del costo de la energía, y en alrededor de un 25% por el Valor Agregado de Distribución, que es lo que cobran las empresas que proveen el servicio, el resto responde a impuestos. Entonces, el incremento que solicitarían sería del 70%, sobre el 25% de la factura que recibe el usuario (alrededor de un 17,5%), según explicó Gallego.
De igual manera, José Álvarez, titular de la Cooperativa Eléctrica Alto Verde, y dirigente de la Federación de Cooperativas de Electricidad (FACE), indicó que el atraso tarifario va a cumplir dos años, y en el caso de las zonas rurales puede alcanzar el 90%.
“En febrero, cuando se aprobó un incremento del 46%, La Cooperativa tenía gastos por 448 millones de pesos (VAD), pero la suba no se puso en funciones y tuvimos que hacer un nuevo pedido de adecuación. Por eso en julio la distribuidora presentó una nota con los antecedentes de los aumentos e inflación, y facturas de diferentes proveedores en donde se muestran los incrementos de las distribuidoras. Esperamos que el Epre llame a una audiencia pública para tratar el tema”, remarcó.
El incremento que verían los usuarios ajustaría sólo el componente del VAD, pero sin este las distribuidoras “no pueden cumplir con los planes de inversión y mejora previstos, así como tampoco abonar el 100% de la compra de energía y las deudas se acumulan”. En el caso de la Cooperativa Alto Verde la deuda es con Edeste, pero esta a su vez tiene que pagarle a Cammesa por la generación de energía.
Los costos que señalan las empresas, como ya se dijo, responden solo a la distribución, pero también debería adecuarse el costo de la compra de energía a Cammesa. Hoy la demanda está pagando un 40% de lo que sale generar la electricidad; el resto lo afronta el Estado.
La tarifa del agua
En lo que respecta a la tarifa de Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam), el retraso alcanza el 50%, según informaron desde la empresa. En la última Audiencia Pública, que tuvo lugar en diciembre de 2019, Aysam solicitó un aumento de tarifas de 160%. El EPAS autorizó la suba, pero el Poder Ejecutivo otorgó un 130%. A partir de enero se empezó a aplicar el aumento en forma escalonada y quedó pendiente un 20% de dicho escalonamiento que debería haberse aplicado en junio de este año.
Así, el atraso tarifario actualmente es del 50%, (el 20% que quedó pendiente de aplicación en junio, y un 30% que el Poder Ejecutivo no le otorgó a la empresa). Pero para el próximo periodo (2020/2021), además, “se debería solicitar un aumento que se corresponda con el porcentaje de inflación”.
“Hay que tener en cuenta que la inflación afecta al funcionamiento de la empresa, ya que los precios de los insumos (cloro, cañerías, válvulas y demás) están dolarizados”, indicaron desde Aysam. Así, el 15 de enero de 2020 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto N° 46 del Ministerio de Planificación, resolviendo los incrementos de tarifas para los servicios de agua y cloacas de Aysam. Quedó establecido que a partir de esa fecha (15 de enero de 2020), los servicios de agua y saneamiento tendrían el siguiente incremento: en principio un 60%, otro 20% a los 60 días, y el 20% final a los 120 días, pero este último fu el que no llegó a aplicarse.
También quedaron establecidas las tarifas mínimas bimestrales para agua edificado, $388,40; cloaca edificado, $388,40; agua y cloaca edificado $776,80; agua baldío, $147,60; cloaca baldío $147,60; agua y cloaca baldío $295,20 (los valores no incluyen el impuesto al valor agregado).
