La empresa metalmecánica Impsa atraviesa un momento crítico en medio de un proceso de venta de acciones estatales que no ha logrado resolverse aún. Los trabajadores, representados por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), han denunciado retrasos en los pagos y recortes salariales acumulados en el último año. La situación económica afecta tanto a los operarios como al sindicato, que busca soluciones inmediatas.
En los últimos días, los empleados de la compañía recibieron el 50% de la segunda quincena de noviembre. Este recorte se suma a otros ajustes que, según los asalariados, equivalen casi a un salario completo. Los ingresos de un operario con 10 o 15 años de antigüedad rondan los $500.000 por quincena, junto con una tarjeta de beneficios de $100.000. Sin embargo, en esta última quincena, los empleados percibieron alrededor de $250.000, lo que generó gran malestar.
“Hoy tenemos una reunión con la empresa”, señalaron fuente del sindicato. La misma sería en torneo a las 18.30. “Hemos presentado un cronograma de pago, esperando que Luciano Manu, que es el que charla con nosotros, en representación del gobierno nacional, nos de una respuesta”, contaron desde la UOM. “Uno espera que haya buenas noticias. Pero, en una situación bastante agónica para nuestros representados, como también para el gremio, hemos hecho todo lo que deberíamos hacer legalmente”, agregaron.
Medidas de fuerza y conciliación obligatoria
Ante esta situación, los trabajadores iniciaron un paro de actividades el viernes pasado, que se extendió hasta el lunes por la mañana. Sin embargo, la subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, forzando la reanudación de las tareas en toda la planta. La medida, aunque efectiva en términos operativos, no alivió el descontento de los más de 700 empleados.
La conciliación fue comunicada a los delegados de la UOM, quienes confirmaron que la primera reunión con las autoridades se realizará el próximo lunes 9 de diciembre (a las 10 de la mañana) en la subsecretaría de Trabajo. Según los delegados, el conflicto principal radica en los pagos retrasados y la falta de respuestas concretas para recomponer los ingresos de los trabajadores.
IMPSA es una empresa cuya gestión está parcialmente en manos del Estado. En su momento, el gobierno de Mendoza transfirió el 21% de sus acciones al gobierno nacional para facilitar una eventual venta. No obstante, el proceso se ha extendido, generando incertidumbre tanto en la administración como en los empleados.
El sindicato presentó un cronograma de pagos en reuniones previas, pero aún no ha recibido confirmación sobre su implementación. Representantes gremiales indicaron que Luciano Manu, encargado de negociar en representación del gobierno nacional, viajaría desde Buenos Aires con novedades sobre la situación financiera de la empresa. Hasta el momento, no se han conocido los resultados de dichas gestiones.
Además, se han dado a conocer las fechas de vacaciones, pero los trabajadores afirman que estas medidas no resuelven el problema principal: el cumplimiento de las obligaciones salariales. “Eso no alcanza, porque la gente tiene que cobrar, estamos a fin de año y es una agonía. La empresa ha dado fecha de vacaciones, la verdad que es una situación compleja”, agregaron fuentes sindicales.
El futuro inmediato
Desde el gremio se mantiene la expectativa de que el gobierno nacional, como principal accionista, implemente medidas que permitan estabilizar la situación financiera de la empresa y garantizar los derechos de los trabajadores. “Esperemos que el gobierno nacional envíe una solución, porque hoy el que tiene a cargo la empresa. El es el que es dueño de la empresa, el que tiene todas las acciones, porque la provincia que tenía un 21% de la acciones, las elevó a la Nación para que se pudiera vender la empresa”, puntualizaron desde la UOM.
El objetivo principal sigue siendo alcanzar una solución que asegure el pago total de los salarios adeudados y permita a IMPSA superar la crisis actual.
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