En el tercer trimestre de 2021, el número de juicios por accidentes y enfermedades laborales en la provincia creció 20% en comparación con el mismo período de los tres años anteriores. Hay que ir hacia atrás hasta 2017 para encontrar una cifra más alta. Como contraparte, la cantidad de acciones judiciales que llegan a la sentencia cayó del 72% a apenas el 1% en un período de cinco años.
En detalle, los registros de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) muestran que, de julio a setiembre de 2017, hubo en Mendoza 2.362 juicios a ART (Aseguradoras de Riesgo de Trabajo) y empleadores auto-asegurados. Esa cifra disminuyó a 1.025 en el tercer trimestre de 2018 para volver a subir a 1.381 en 2019, a 1.493 en 2020 y a 1.800 en 2021. En tanto, el porcentaje de juicios que llegaron a una sentencia alcanzó el 72% en 2017, el 68% en 2018, el 60% en 2019, el 33% en 2010 y se desplomó a un 1% en el tercer trimestre de 2021.
El marco legal
Se debe recordar que, a fines de 2017, comenzó a regir en Mendoza la adhesión a la Ley nacional 27.348, sobre Riesgos del Trabajo. La normativa establece que es obligatoria la intervención de una comisión médica antes de que el trabajador pueda realizar un reclamo por un accidente laboral o una enfermedad profesional.
Los deben constatar si se produjo una incapacidad y fijar un porcentaje. Si hay acuerdo sobre este número y la indemnización, se homologa. En caso de no estar conforme, recién entonces el trabajador puede recurrir a la Justicia.
De hecho, a fines de 2019, el ministro de la Corte, Dalmiro Garay, celebraba la baja en el índice de litigiosidad laboral en la provincia y lo adjudicaba a la labor de la oficina de conciliación laboral, que es una instancia administrativa que le corresponde a la Subsecretaría de Trabajo –a quien Los Andes intentó contactar- y a la adhesión a la ley de riesgo del trabajo. Con ambas herramientas se logra que un buen número de casos se resuelvan antes de llegar a la denuncia judicial.
Precisamente, María Ángeles De Blasis, especialista en derecho laboral e integrante del Directorio del Colegio de Abogados, coincidió en que los juicios laborales bajaron notablemente porque la provincia adhirió a la ley nacional, ya que casi todos los casos se conciliaban en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. En cuanto al motivo del incremento reciente, estimó que se puede deber a las demoras que se produjeron en el proceso, por la pandemia, ya que, si el organismo no se expide dentro de los 60 días hábiles, el trabajador puede pasar a la instancia judicial.
Asimismo, comentó que los dictámenes de la Superintendencia suelen fijar bajos porcentajes de incapacidad y no reconocen la afectación de cervicales ni lumbalgias, como tampoco el acoso laboral o el estrés. De ahí que, una vez que se expide la comisión médica, ni el trabajador no está satisfecho, acude a la Justicia.
Y sobre el descenso de las sentencias, opinó que puede deberse a la implementación del nuevo Código Procesal Laboral, que fija una audiencia inicial, que sería una nueva etapa de conciliación, en donde con la prueba anticipada de la pericia médica, se concilia en esa etapa.
En los datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, de setiembre de este año, se observa que, del total de 787 juicios, 427 fueron por accidentes laborales (54%), 231 por enfermedades profesionales (29%) y 129 por accidentes “in itinere” (16%); es decir, cuando el trabajador se dirige al trabajo o está regresando a su hogar después de la jornada laboral.
Miguel Ponce, secretario general de la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina), señaló que, pese a que cuentan con abogados laborales, muchos trabajadores del rubro que tienen un inconveniente no acuden al sindicato, sino que van directamente a los abogados privados, por lo que no tienen registro de la cantidad. Por otra parte, señaló que los letrados suelen interceder con las empresas e intentan llegar a un arreglo sin tener que iniciar un proceso judicial, lo que podría explicar la caída en las sentencias.
Sergio Giménez, secretario general de la Asociación Bancaria Mendoza, expresó que la accidentología en la actividad es muy baja, con la excepción de algún “in intinere”, aunque también tuvieron un caso de un trabajador que se resbaló en una escalera y se golpeó. Y sumó que tampoco han tenido procesos judiciales por desvinculaciones, porque ha habido un porcentaje muy bajo en estos últimos dos años y la mayor parte han sido producto de retiros voluntarios.
