Dentro del complicado panorama de recesión actual, una de las industrias que más afectadas ha sido es la de la construcción. Al freno total de la obras públicas nacionales por el argumento de “no hay plata” que tanto ha repetido la administración de Javier Milei se suman el problema del atraso en los pagos, los cuales ya acumulan alrededor de un semestre y las condiciones para cobrar parecen no ser las mejores para las empresas, y la pérdida de miles de puestos de trabajo.
Los números más recientes aportados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), arrojaron que en el mes de marzo la actividad se derrumbó un 42% en la comparación interanual, producto no solo de las obras públicas, sino también por el freno de la actividad privada.
Asimismo, en lo que respecta a puestos de trabajo, el organismo nacional indicó que en el mes de febrero de 2024 se registraron 398.289 empleados en el sector privado, lo que representa un -11,6% en la variación interanual. Pero esta situación se ha ido agravando con el correr de los meses. Para marzo, según la Uocra se perdieron en el sector al menos 80.000 puestos de trabajo directo a nivel nacional, y de acuerdo a Gerardo Fernández, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina (CPC), esa cifra puede llegar a 150.000 si se consideran los indirectos que genera la actividad.
Centrándonos en la provincia de Mendoza, se habrían perdido unos 2.000 empleos de forma directa y entre 2.000 y 3.000 de forma indirecta, de acuerdo a los aportados por Dalmiro Barbeito, presidente de la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza (Cecim). En este sentido, se calcula en dos empleos por uno directo. El dato positivo, según el presidente de la CPC es que la provincia todavía no ha tenido que lamentar el cierre de empresas de la construcción, aunque sí hay algunas que ya están entrando en estado crítico.
Mucho más que solo rutas
Los referentes del sector separaron la realidad de la obra pública en dos: aquella ejecutada con presupuesto nacional o con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyos fondos pasan por las arcas nacionales, las cuales están en su totalidad paralizadas. Y, por otro lado, las llevadas adelante por el gobierno provincial, las cuales se han ralentizado, una actitud destacada como positiva.
“Hay que reconocer el esfuerzo mantenerlas, aunque sea a un bajo ritmo. El gobierno reconoce que no tiene los recursos y no se va a comprometer más allá de lo que puede pagar. Para mantener las obras, entonces, ha bajado los ritmos. Eso es bueno, pero también empieza a haber complicaciones, porque no hay grandes licitaciones públicas desde hace prácticamente un año. Sale alguna que otra, pero la cantidad es insignificante respecto a la media histórica”, explicó Gerardo Fernández.
Si bien las obras de mayor resonancia son aquellas de gran envergadura que fueron canceladas por el Gobierno nacional (y ratificadas estas paralizaciones en el Informe 139 del Honorable Senado de la Nación donde el jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Posse, respondió a las consultas de los legisladores mendocinos) como las de las rutas 7, 40 u 82, en listado de obras canceladas encontramos barrios en Lavalle, Santa Rosa y Tunuyán y otras obras de instituciones educativas. Aunque las obras grandes de infraestructura como las rutas o puentes son tan importantes como las de arquitectura como viviendas y escuelas, son estas últimas las que forman el 70% de la mano de obra pública en general.
Cómo continuarán esas obras es una incógnita: “En muchos casos, el organismo nacional es el ente financiero de las obras, pero el ente contratante es el estado provincial o los municipios. En estos casos, entendemos que pasado un tiempo y algunas instancias administrativas, son ellos los que podrían decidir cómo sigue la obra o si se abandona”, detalló el presidente de Cecim.
La preocupación del sector es que todas las obras abandonadas no sólo sufren el deterioro por el paso del tiempo y los factores climáticos, también la inseguridad a la que han quedado expuestas las obras. “La mayoría está por encima del 85% en la ejecución. La gran inversión que está hecha, la verdad que cuesta comprender por qué esa decisión unilateral de abandonar eso, porque está a expensas de que sea víctima de vandalismo o de usurpación que es más grave”, sostuvo Fernández.
A eso se le suma otra complicación, el atraso de los pagos de las obligaciones adquiridas antes de la suspeción total de las obras, las cuales llegan a acumular seis meses. “Han quedado facturas del mes de noviembre que se pretenden pagar a valores de ese mes, antes de la gran devaluación de diciembre y el avance de precios que se ha tenido desde aquel momento hasta hoy. Las redeterminaciones de precios de esas facturas hoy van por encima del 100% y es inviable si no se renegocian los contratos”, agregó el presidente de Cecim.
La esperanza de la construcción
Más allá del oscuro panorama, la gran esperanza del sector se resguarda en la activación de la obra privada con el relanzamiento de los créditos hipotecarios UVA destinados a la compra o refacción de una vivienda con tasas de interés que oscilan entre el 3,5% y 8,5% apagar en lapsos de 20 a 30 años, los cuales ya están disponibles en más de un decena de bancos.
“Hacía muchos años que no había crédito privado para la construcción. Creo que con esto la sociedad puede llegar a cambiar la realidad de una demanda insatisfecha de viviendas que hay en la provincia que no podían concretarse con la ayuda estatal”, planteó Dalmiro Barbeito.
En cambio, Gerardo Fernández fue un poco menos optimista respecto al futuro del sector y planteó que la obra privada no está traccionando por la distorsión de precios que hay en el mercado: “La verdad que el panorama es incierto. Si bien en el sector privado siempre existe una actitud de mirar las cosas, siempre viendo el vaso medio lleno, no existen datos concretos que auguren una pronta recuperación”, completó.
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