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La Administración Federal de Ingresos Públicos está avanzando con más de 2.500 fiscalizaciones sobre los patrimonios superiores a 200 millones de pesos para que sus propietarios paguen el denominado Aporte Solidario y Extraordinario.
En el organismo recaudador que conduce Mercedes Marcó del Pont hablan de fiscalizaciones, ejecuciones, embargos y planes de facilidades de pago. Todo para que los entre 2.500 y 3.000 hombres y mujeres que deberían pagar el aporte, lo hagan. Y para los “rebeldes” habrá multas equivalentes al 100% de lo que les correspondería pagar por las buenas.
En principio, el organismo nacional está avanzando con las fiscalizaciones. Entre la semana pasada y la que está en curso, se cursaron notificaciones a hombres y mujeres afectados por el tributo extraordinario que impulsó el kircherismo de la mano de los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller.
El Senado había convertido en ley el 4 de diciembre pasado esta iniciativa. El principal espacio de la oposición, Juntos por el Cambio (JPC), rechazó en ambas cámaras al sostener que es inconveniente a los fines de conseguir inversiones para el país y vaticinar, además, que no servirá para nada.
Los creadores del impuesto por única vez y el Gobierno estimaron una recaudación de 307 mil millones de pesos. Pero para la Oficina de Presupuesto del Congreso, podrían llegar a cobrarse unos 420 mil millones.
Notificaciones
Según pudo saber este medio de fuentes oficiales con conocimiento del tema, la mayoría de las notificaciones fueron para contribuyentes que omitieron completar sus declaraciones juradas e ingresar los pagos correspondientes.
También existen casos donde se completó la declaración jurada pero no se canceló la obligación, por lo que se les está pidiendo a esos contribuyentes que terminen el trámite y paguen.
Marcó del Pont decidió que para avanzar con el proceso de fiscalizaciones el organismo habilitará la posibilidad de realizar ejecuciones fiscales y solicitar medidas como la traba de embargos bancarios o la inhibición de bienes contra esos contribuyentes.
Por otro lado, las fuentes consultadas por este medio dijeron que la AFIP sostiene su política de no iniciar ejecuciones ni medidas cautelares sobre las empresas que realizan actividades críticas y micro, pequeñas y medianas empresas.
No obstante, cuando se trate de personas alcanzadas por el Aporte solidario y extraordinario que no hubieran cumplido con su obligación el organismo podrá realizar ejecuciones fiscales y solicitar medidas cautelares.
Las fuentes del organismo consultadas por este medio afirman que como resultado de las tareas de control y fiscalización realizadas por las AFIP en todo el país, distintos contribuyentes presentaron sus declaraciones y realizaron el pago.
De esta forma, el monto total generado por el Aporte solidario y extraordinario supera los 230.000 millones de pesos, unos 7 mil millones de pesos más que al vencimiento.
Los procedimientos abiertos a través de la DGI le permiten a las autoridades analizar el patrimonio de quienes no cumplieron con sus obligaciones durante un plazo aproximado de 150 días donde el organismo está habilitado a solicitar información detallada.
Qué pasa con los que pagan
La AFIP dispuso que, sin perjuicio de los procedimientos de fiscalización iniciados, aquellos contribuyentes que adeuden el pago podrán regularizar su situación a través de planes de pagos.
La posibilidad de ingresar a un plan para cancelar el capital y otro para las multas estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2021.
Quienes opten por esa vía podrán cancelar el capital adeudado en hasta tres cuotas (un adelanto del 30% y dos pagos mensuales de 30%).
Aquellos contribuyentes que además deben pagar las multas correspondientes por no cumplir en tiempo y forma podrán allanarse a la fiscalización y regularizarlas en tres tramos.
Todas estas decisiones se oficializarán a través de dos resoluciones de la AFIP que se publicarán en los próximos días en el Boletín Oficial.
