El ministro de Economía, Luis Caputo, viajará en las próximas horas a Estados Unidos para participar de la Reunión de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM) tras cumplir las metas correspondientes al primer trimestre del año, herramienta con la que intentará torcer la decisión del organismo de no avanzar en un nuevo apoyo financiero al país para salir del cepo.
El mayor logro, pero también el que el FMI mira con lupa, es el cumplimiento del superávit fiscal primario de 0,5% del PBI, un objetivo por demás ambicioso pero que el organismo observa con detenimiento por la forma en que se hicieron los recortes.
Según consta en el Staff Report del FMI, la Argentina debía alcanzar en el primer trimestre un superávit primario de unos $ 962.000 millones, cifra que se habría logrado en exceso. El resultado fiscal se informa cerca del 20 de cada mes, por lo cual tanto Caputo como la misión técnica del FMI que trabaja en forma directa en Buenos Aires, saben que ese número está en caja,
Pero en apariencias al FMI no le alcanza con la cifra sino que además en esta oportunidad está analizando cómo se alcanzó. Bajo el giro dialéctico de “cuidar la calidad” del recorte gasto público, el FMI le advirtió en al menos tres oportunidades al Gobierno que la forma en la que está logrando el saldo favorable puede que no sea sustentable en el tiempo.
Cómo ejemplo vale subrayar que la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) en su último informe señaló que en total de “los Gastos Totales devengados de la Administración Nacional se contrajeron un 42,9% ajustado por inflación en términos interanuales”, pero al mismo tiempo sostuvo que las prestaciones de seguridad social (jubilaciones, pensiones y diferentes planes sociales) se redujeron 38,4%.
La mayoría de los analistas económicos coinciden en que la mayor parte del ahorro fiscal se logró mediante la licuación de jubilaciones y pensiones, y planes sociales den todas sus formas situación que no puede extenderse en los próximos meses.
Si a esto se suma la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y de los ahorros en los bancos, se forma un cocktail sobre el FMI está posando la vista por el temor a la conflictividad social y a un posible cambio de humor sobre el gobierno de Milei.
Otro punto que estudia con atención el FMI es la deuda flotante, que es la diferencia entre la deuda devengada (o sea, cuando se aprobó el gasto) y la deuda efectivamente pagada (o sea, cuando se canceló efectivamente).
Según los números de Economía, al primer bimestre será de $ 1,6 millones, en línea con lo admitido en el acuerdo, pero la ingeniería contable suele hacer trampas y se revisa cada papel con detenimiento.
Uno de los puntos fuertes que podrá esgrimir Caputo es la acumulación de reservas. De acuerdo a lo firmado en enero, el Banco Central debía sumar unos U$S 6.000 millones al 31 de marzo, incluyendo lo que ya había incorporado en diciembre.
Si bien existen discrepancias entre los economistas sobre cómo calcular el nivel de reservas (por ejemplo, si se incluye o no el swap con China), la mayoría considera que se cumplió con la meta.
Un trabajo del IERAL señaló que hacia fines de marzo, las reservas netas siguen siendo negativas en unos U$S 4.000 millones, pero luego de un proceso de acumulación de U$S 7.200 millones.
El tercer punto que pondrá sobre la mesa de negociación Caputo es la desaceleración de la inflación. Al 11% de marzo se suman los primeros datos de abril que revelan que los alimentos seguirían en baja. No obstante, esta dinámica se verá compensada por subas de tarifas que llevarán la variación del IPC cerca del 10%, más allá de que pudiera quedar en un dígito formalmente.
Con este conjunto de resultados, Caputo intentará convencer a la recientemente reelecta, Kristalina Georgieva, y a su mano derecha, Gita Gopinath, de que Argentina está en condiciones de reformular el acuerdo vigente y recibir algunos dólares adicionales para apuntalar la salida del cepo.
Si bien aún no se comunicó la agenda del ministro, se descuenta que tendrá un encuentro directo con Georgieva para evaluar la marcha del programa.
A fin de mes Argentina deberá pagarle U$S 1,900 millones al organismo, correspondientes a las cuotas del acuerdo renegociado.
