Las empresas alimenticias y las principales cadenas de supermercados cruzan acusaciones por el salto de los precios en las góndolas que dejarán una inflación en los productos de primera necesidad del orden de 30% en diciembre.
Pero además de la histórica controversia entre productores y comercializadores se abrió una nueva grieta en el sector supermercadista entre las grandes cadenas nacionales e internacionales y las de menor porte con bases en el interior del país.
Si bien la puja entre las alimenticias y los súper es un clásico de la formación de precios en esta ocasión tomó un cariz especial porque el Estado se ha corrido de la discusión y en consecuencia se quedaron sin chivo expiatorio para responder a incrementos que en muchos casos resultaron injustificables.
El fogonazo inflacionario es el problema madre económico y social que debe atender el gobierno de Milei porque esta primera escalada está centrada en alimentos y bienes de la canasta básica, dado que aún no han golpeado la suba de tarifas de los servicios públicos, del transporte, y otros como el de la medicina prepaga que comenzarán a impactar desde enero.
La decisión de Milei de minimizar las funciones de la Secretaría de Comercio y derogar las leyes de Abastecimiento y Góndolas dejó el campo despejado para que los precios surjan directamente de la oferta y la demanda.
Desde las empresas alimenticias niegan que se hayan entregado listas con aumentos excesivos de hasta el 100% como se las acusan. Pero lo cierto es que en varias sucursales de supermercados de primera línea se observaron góndolas vacías tras un cartel que advertía que “el abastecimiento está afectado por aumentos de precios del proveedor”.
Los productores se defienden de estos cuestionamientos aduciendo que en muchos casos “los precios incluyen las condiciones de financiación” que imponen los supermercados.
Puntualmente se quejan de los pagos a 30, 60 y 90 días en el actual contexto inflacionario, además de los cupos de abastecimiento. Obviamente las cadenas rechazan enfáticamente que sea así.
El mundo supermercadista está dividido en dos segmentos. Por un lado las líderes Carrefour, Jumbo, Coto y Día están agrupadas en la Asociación de Supermercados Unidos (ASU). Por el otro, aparece Red Súper Argentinos donde están representadas las cadenas del interior. Aquí confluyen la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA).
Dada la conformación de cada uno de estos conjuntos, los intereses que defienden son diferentes. Si bien buscan evitar la confrontación pública, desde las líderes dejan trascender su descontento con las empresas proveedores: “Lo único nuevo es que la industria está tratando de instalar mediáticamente que los descomunales aumentos que están pasando, obedecen a que las cadenas de supermercados pagan a 90 o 120 días y eso es absolutamente falso”, aseguraron.
En esa línea afirman que “aún durante la vigencia de Precios Justos los proveedores obtuvieron importantes rebajas en los plazos de pago (oportuna y libremente pactados) a cambio de la entrega de producto (por cierto niveles de entrega siempre muy por debajo de lo requerido)”.
Como conclusión enfatizan que “todos los proveedores están por debajo de los 30 días de plazo de pago”.
Desde el lado de las cadenas del interior buscaron tomar distancia de esta puja y congraciarse con el Gobierno nacional anunciado que a partir del miércoles ofrecerán una canasta de productos con 20 productos con descuentos de hasta 20% por 60 días.
El programa lleva el nombre de “Precios Diferenciados”. El “detalle” es que no hay “detalles” de cómo se instrumentará, dónde se conseguirá esa canasta, cuáles serán los precios, y si se mantendrán en el lapso de tiempo anunciado o el descuento será sobre listas de precios actualizadas.
Una acción de acercamiento similar había intentado el sector frigorífico que le semana pasada le había ofrecido al Gobierno poner en las góndolas cinco cortes de carne a menor precios, con la curiosa salvedad que eran los cortes que no podían ser exportados y que obligatoriamente se venden en el mercado interno. A los pocos días se produjo un desplome de los precios de la hacienda en el Mercado de Cañuelas dado que la demanda no avaló la desmedida suba previa.
Mientras tanto, se suman proyecciones inflacionarias que sugieren que diciembre cierra con un 30% de inflación.
La consultora LCG que mide semanalmente la suba de precios relevando 8.000 productos ofrecidos en supermercados, señaló que entre el 13 y el 20 de diciembre los productos de primera necesidad tuvieron un incremento de 11,5%, con mayor incidencia en verduras (18,6%) y carnes (15%).
En tanto para ABECEB sería de 31,2%, para Eco Go de 28,2%, para FIEL de 25%, para Ecolatina de 25% y para Econviews de 25%. El dato oficial se dará a conocer el 11 de enero. En síntesis, la puja es la misma de siempre y los que pierden son los consumidores.