Argentina comenzó el 2025 con dos malas noticias en las sentencias que tiene abiertas, las cuales generaron un costo cercano a los US$630 millones. En primer lugar, sufrió una derrota con un grupo de holdouts que demandan al país por el default de 2001, y la justicia de EE.UU. autorizó la confiscación de bonos.
Poco antes, se ejecutó una garantía por más de 300 millones de euros que Argentina había depositado en el Reino Unido para apelar otra sentencia desfavorable.
"Empezamos el año con la noticia de que la Corte Suprema de EE.UU. decidió no tomar el caso argentino por los holdouts y habilitó el embargo del colateral de los Bonos Brady. En segundo lugar, se dio la ejecución de la sentencia en Londres del caso Cupón PBI en euros, luego de que la Corte Suprema del Reino Unido fallara en contra del país en octubre de 2024", recordó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors especializado en litigios contra Argentina.
El último golpe judicial ocurrió esta semana, cuando la jueza Loretta Preska autorizó la confiscación de US$210 millones correspondientes a bonos de deuda de EE.UU. que servían como colateral de los Bonos Brady y que estaban en manos de Argentina.
Según explicó Maril, en la misma orden, la jueza congeló otros US$100 millones hasta que dos grupos de acreedores (Attestor Master y Bainbridge Fund) resuelvan una disputa sobre el embargo de esa cantidad.
La jueza Loretta Preska. Foto: Gentileza.
La jueza Loretta Preska. Foto: Gentileza.
Este litigio fue iniciado por fondos que poseían bonos argentinos desde 2001, no cobraron y se negaron a participar en los canjes ofrecidos por el país, continuando con sus reclamos hasta lograr una sentencia favorable y ahora iniciaron el embargo para presionar al país a pagar.
Desde Londres, las malas noticias llegaron a mediados de enero con respecto al reclamo por la manipulación de las estadísticas del INDEC para evitar el pago del bono Cupón PBI en euros.
Argentina ya había perdido el caso, pero había depositado una garantía de 313 millones de euros para apelar ante el máximo tribunal británico, que desestimó su solicitud. Por ello, los acreedores ejecutaron ese monto para cobrar parte de su sentencia favorable, que asciende a 1300 millones de euros.
Las causas judiciales contra la Argentina que avanzarán en 2025
Durante el resto del año, varios litigios contra el país seguirán trayendo novedades. En particular, la causa vinculada con la expropiación de YPF será una de las que más actividad generará, dado que tiene varios procedimientos en curso simultáneamente.
"El próximo gran evento debería ser la decisión sobre el eventual embargo de las acciones de YPF en manos del Estado. Después vendría la definición sobre los alter ego", comentó Maril, sobre dos solicitudes de los beneficiarios del fallo relacionado con la nacionalización de la petrolera.
Por un lado, exigen que el Estado les entregue sus acciones en la compañía como forma de pago; por el otro, buscan demostrar que la Argentina y otras entidades (como el Banco Central, entre otras) son una misma cosa, con el fin de embargar los bienes de esos organismos.
Finalmente, el calendario judicial argentino podría tener una última instancia relevante a finales de este año o principios del siguiente, cuando la Corte de Apelaciones de EE.UU. emita su fallo sobre el recurso presentado por el país para tratar de anular la sentencia que lo obliga a pagar US$16.000 millones por la estatización de YPF.