Como una continuidad de las cumbres que por separado mantuvo el Gabinete Económico la semana pasada con dirigentes sindicales y representantes de empresas, este miércoles se definieron nuevas reuniones para la próxima semana. El objetivo es avanzar hacia un acuerdo de precios y salarios, que mitigue las presiones sectoriales. Así como el jueves pasado el Indec informó que la inflación de enero había repetido el 4% registrado en diciembre último, ayer se conoció sobre una variación del 4,2% para la canasta básica, también en enero. Estos valores anualizados superan la meta del 29% fijada por el Gobierno nacional en el Presupuesto para la inflación, de ahí la urgencia que existe en la Casa Rosada por poner en caja la suba de precios en los alimentos.
“Buscamos evitar descoordinaciones que se producen en algunos mercados, tener buenas pautas macroeconómicas y sumar acuerdos que van a ser útiles para ayudar a la desinflación. El año pasado se dieron pasos en este mismo sentido y la inflación bajó casi 20 puntos, así que pretendemos continuar trabajando para converger a las pautas establecidas sin desconocer las realidades sectoriales y las complejidades de cada cadena, pero con el objetivo de ir obteniendo resultados concretos”, dijo el ministro de Producción, Matías Kulfas, uno de los integrantes del Gabinete Económico.
La reunión se realizó en la Casar Rosada y fue presidida por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Además de Kulfas, estuvieron los ministros Martín Guzmán (Economía) y Claudio Moroni (Trabajo), el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco; la secretaria de Comercio Interior, Paula Español y el secretario de Política Económica, Fernando Morra.
Al aludir a “descoordinaciones que se producen en algunos mercados”, Kulfas se refirió a las distintas imputaciones que surgieron de las reuniones de la semana pasada. En la cumbre con los sindicatos, distintos referentes gremiales señalaron con el dedo a “las empresas formadoras de precios” por la suba de los alimentos. Los empresarios, que se reunieron al día siguiente con el Gabinete económico, negaron la imputación. A los sindicatos, el Gobierno les dijo que no impondrá topes para las discusiones paritarias, aunque es cierto que se recomienda no ir más allá del 29 por ciento.
El Gobierno nacional resaltó días atrás “el consenso” que encontró en sindicalistas y empresarios para avanzar hacia un acuerdo de precios y salarios en las reuniones celebradas en el Museo del Bicentenario. Cómo concretarlo fue la gran pregunta que quedó pendiente.
Ayer, el Gabinete Económico dio a conocer una hoja de ruta: la próxima semana empezarán a concretarse “reuniones sectoriales” en las que se analizarán las estructuras de precios de las distintas cadenas de valor.
“Vamos a comenzar con la reunión de la cadena de alimentos, tomando como punto de partida las mesas que ya están conformadas en el Ministerio de Agricultura, entre ellas las que vienen trabajando los casos del trigo y del maíz, y vamos a convocar a toda la cadena de productores de alimentos en Argentina”, explicó Kulfas.
Después seguirá una reunión de la mesa sectorial de la construcción, un sector dinámico, que viene arrojando números positivos en la creación de empleo por cuatro meses consecutivos. El año pasado esta actividad creció un 27,4% (el mayor crecimiento desde 2017).
“Se trata de una muy buena performance -dijo Kulfas- de un sector muy importante de la economía donde es necesario convocar a todos los eslabones de la cadena de construcción para generar un acuerdo de precios que vaya en línea con las pautas macroeconómicas”. La contracara de los buenos números en la construcción, fueron la suba de precios de los productos que se ofrecen en los corralones y la falta de oferta en muchos casos, sea por falta de stock o especulación.
El tercer sector que tendrá su mesa específica de discusión será el correspondiente a “electrónicos y electrodomésticos”, de importante nivel de demanda a partir del segundo semestre del año pasado.
Paula Español, la Secretaria de Comercio Interior dio a conocer detalles sobre las denuncias que en su momento llegaron al gobierno por falta de productos en las góndolas de los supermercados.
“Nos llegó información sobre desabastecimientos puntuales en algunos productos. Esto desencadenó una investigación donde se detectó que, en algunos supermercados y bocas de expendio, estaban faltando productos específicos. Las inspecciones determinaron que, en estos casos, el supermercado no tenía el producto, por lo que el problema no era del supermercado en sí, sino del abastecimiento por parte del sector industrial”, informó Kulfas, al final de la reunión.
“Las imputaciones se realizaron luego de verificar que las empresas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian, habrían incumplido la intimación a incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios para asegurar el transporte y la distribución”, dijo el Gobierno en un comunicado. Ayer se intimó a que las empresas acrediten en los próximos cinco días hábiles un descargo.
El Gabinete Económico también acordó realizar una auditoría integral sobre el programa ATP, para verificar el cumplimiento de los requisitos previstas a los fines de mantener los beneficios en el caso de que la empresa lo siga necesitando.
El programa ATP, según datos oficiales, asistió al 70% de las empresas del país, a través del pago del salario complementario a sus trabajadores, préstamos subsidiados y/o reducción o postergación de las cargas patronales.
El Estado Nacional se hizo cargo del pago de parte de los salarios de 2.966.000 trabajadores de 307 mil empresas a través del Salario Complementario. Los Créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos alcanzaron a 564 mil personas, mientras que por la reducción y postergación de las contribuciones patronales, cerca de 375 mil empresas obtuvieron una rebaja o postergación en el pago de las contribuciones patronales de 4.300.000 trabajadores.
