La AFIP ha establecido un plazo para el cambio, en los comercios, de los controladores fiscales antiguos por unos de “nueva tecnología”. El cronograma comienza el 1 de abril y los equipos que se deben utilizar para cumplir con la normativa tienen un precio promedio de $ 75 mil. Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa solicitaron que se extienda el plazo para la renovación, por la caída en la actividad durante 2020, y ahora se sumaron al pedido los diputados nacionales Jimena Latorre y Federico Zamarbide.
La resolución 4444/2019 de la Administración Federal de Ingresos Públicos establece que el cambio obligatorio de los equipos clasificados como de “vieja tecnología” debe realizarse a partir del 1 de abril de 2021, según un cronograma que toma en consideración la cantidad de equipos antiguos habilitados. Así, quienes tengan 11 o más deben cambiarlos entre el 1 de abril y el 31 de mayo; quienes tengan entre 2 y 10, del 1 de junio al 31 de julio; y quienes tengan uno, entre el 1 de agosto y el 30 de setiembre.
A fines de diciembre, los directivos de la CAME –entidad de la que la Federación Económica de Mendoza forma parte- le solicitaron a la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, que prorrogara, por un año, este recambio obligatorio de los controladores fiscales para el sector comercial. El motivo que plantearon fue “la angustiante situación que atraviesa este rubro en todo el país, gravemente afectado por la caída de la actividad que produjo la pandemia, acuciado asimismo por el incierto escenario que nos depara el año venidero en relación con una posible recuperación”.
Desde la Confederación plantearon que la postergación de la modernización tecnológica de los sistemas de pago, “contribuiría a aliviar la presión sobre los contribuyentes comerciales pyme, a partir de la exención de un nuevo requerimiento y del costo que esta actualización conlleva y que, en las condiciones actuales, resulta imposible asumir”.
Ahora, los diputados nacionales Jimena Latorre y Federico Zamarbide solicitaron al Poder Ejecutivo Nacional que extienda por dos años el plazo para que los comercios adquieran los controladores fiscales de “nueva tecnología”.
“La crisis económica que atraviesa el país impacta directamente sobre el sector privado. Los comercios pequeños y medianos que han logrado subsistir este último año sufren la caída de las ventas y en muchos casos han adquirido deudas para cumplir con sus obligaciones. El gobierno debe contemplar la gravedad de la situación y tomar medidas para evitar la asfixia del sector y el quiebre definitivo de los que aún quedan en pie”, afirmó Latorre.
“Por supuesto que estamos a favor de las tecnologías que permiten un mejor control para evitar la competencia desleal, pero no es momento para exigirle a los comerciantes un gasto tan significativo. Se contactaron con nosotros desde la Cámara de Comercio de San Rafael y sabemos la opinión de muchas entidades que nuclean a comerciantes de todo el país. Así es que en virtud de la crisis económica generada por la cuarentena que impuso el gobierno creando un desastre, creemos que esto debe prorrogarse”, expresó Zamarbide.
Entre los fundamentos del proyecto de resolución se incluyen los datos informados por el Indec: el 2020 finalizó con un desplome de la actividad económica de 10%; el retroceso más pronunciado desde la crisis de finales de 2001, cuando la caída osciló el 11%. De acuerdo con el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), que refleja la evolución mensual de la actividad del conjunto de los sectores productivos a nivel nacional, en diciembre de 2020 se midió una contracción interanual de 2,2%, en línea con lo sucedido en los meses previos.
Según un relevamiento llevado a cabo por la Cámara Argentina de Comercio (CAC), no todo el sector comercial ha vuelto a la actividad: el 67,8% de las empresas se encuentra completamente operativa, el 26,3% está parcialmente operativa y 5,8% permanece sin operaciones. Según la encuesta, realizada entre el pasado 22 de febrero y 2 de marzo en empresas de comercio mayorista y minorista de todo el país, para 21,1% las ventas cayeron más de 50%, un 19,3% consideró que las ventas cayeron entre 26% y 50% y un 18,7% que las ventas cayeron entre 1% y 25% respecto de la situación previa a la pandemia en el primer bimestre de 2020
