Se acordó en la Ley Bases no privatizar el Banco Nación: en Mendoza tiene 1.000 empleados y 31 sucursales

Después de superar un intenso choque entre los bloques dialoguistas y en medio de la tensión generada por otra ofensiva de Javier Milei, la Cámara de Diputados tiene como objetivo emitir dictamen de comisión este jueves sobre la Ley Bases y el paquete fiscal, con la intención de debatirlo en el recinto entre el próximo lunes y martes.

El miércoles, el oficialismo tuvo que dar marcha atrás con su propuesta de reforma laboral de 60 artículos, que replicaba el capítulo del mega DNU 70/23, para calmar, al menos temporalmente, la tensión con la oposición dialoguista, que busca evitar las provocaciones del Presidente para avanzar con las leyes que ha estado reclamando para su plan de Gobierno.

En la reunión de este jueves, el oficialismo cedió ante la presión y acordó no privatizar el Banco Nación, una solicitud también respaldada por la oposición. El Nación tiene en Mendoza 31 sucursales en las que trabajan cerca de 1.000 empleados.

Esta disputa se desarrolla en un contexto tenso. El líder libertario no se retracta de sus descalificaciones hacia el Congreso y el miércoles, durante la gala anual de la Fundación Libertad, volvió a afirmar que no necesitará del parlamento para alcanzar los objetivos del Gobierno. “Ma’, tiren la Ley Bases”, expresó frente a empresarios y figuras políticas.

Plenario de comisiones para elaborar el dictamen de la Ley Bases Durante el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales, tanto el oficialismo como la oposición buscan dar un primer paso en el debate, que promete aún algunas discrepancias que quedarán reflejadas en distintos dictámenes.

Previamente, se formalizó la designación del libertario Santiago Santurio como nuevo presidente de la comisión de Legislación General, en reemplazo de Gabriel Bornoroni, quien asumió como jefe del bloque de La Libertad Avanza.

Por otro lado, Unión por la Patria designó a sus representantes en la comisión, nombrando a Mónica Litza como vicepresidenta segunda y a Constanza Alonso como secretaria segunda. Además, hubo un cambio entre los diputados del PRO, ya que Damián Arabia asumió como secretario primero en lugar de Florencia De Sensi.

A pesar de las concesiones del Gobierno, algunos diputados mantienen diferencias que serán difíciles de resolver en el debate de comisiones. Es por ello que habrá distintos despachos debido a discrepancias en las facultades delegadas, privatizaciones y la restitución del impuesto a las Ganancias.

Ante la posibilidad de que se frustre la aprobación de la ley omnibus, que Javier Milei espera tener aprobada antes del 25 de mayo, fecha en la que aspira a firmar un pacto con los gobernadores, el oficialismo tuvo que presentar una nueva redacción de la reforma laboral.

Los puntos clave de la Ley Bases han sido objeto de un acuerdo que ha dado como resultado una versión más moderada. Esta incluye una extensión del período de prueba laboral a seis meses, así como la opción del fondo de cese laboral por convenio, un sistema similar al aplicado en el gremio de la construcción (Uocra).

Además, se ha incorporado en esta nueva versión el endurecimiento de las sanciones por despido discriminatorio, con penas que van desde 6 meses hasta 3 años de cárcel para los responsables de bloqueos sindicales. También se contempla la eliminación de las multas por trabajo no registrado, una medida respaldada por la mayoría.

En resumen, aquellos artículos que afectaban los intereses sindicales han sido dejados de lado. Esta decisión ha llevado a que el radicalismo anuncie que presentará un dictamen de disidencia, ya que abogaban por medidas como la eliminación de la obligatoriedad de la cuota sindical.

Otro aspecto destacado del debate es el referente a los fondos fiduciarios, uno de los puntos que provocó el fracaso de la primera ley ómnibus en febrero. En este sentido, se ha acordado que si estos fondos son eliminados, se respetará el origen de los mismos. Es decir, si un fondo financiado por una asignación específica de un impuesto coparticipable es eliminado, el impuesto volverá a formar parte de la masa coparticipable y no ingresará al Tesoro, como pretendía el Ejecutivo. Esto permitirá ajustar el reparto entre las provincias.

Además, el Gobierno ha dado marcha atrás en su intento de disolver o intervenir organismos como el Conicet, el Instituto Malbrán, la CONAE, el INCAA, el Incucai, el Instituto de la Propiedad Industrial, Enacom, la Autoridad Regulatoria Nuclear, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Comisión Nacional de Valores, la Unidad de Información Financiera y el INTA.

Piden que el tabaco pague impuestos

En cuanto al capítulo del tabaco, se espera que genere tensión en este plenario debido a la decisión del Gobierno de mantener excluida la disposición que establecía que todas las empresas tabacaleras pagaran los mismos impuestos. La UCR, Hacemos Coalición Federal y probablemente Innovación Federal presentarán un dictamen en disidencia respecto a este punto.

Es evidente que no desean quedar vinculados a las presiones del empresario Pablo Otero, propietario de Tabacalera Sarandí, quien se ve fuertemente beneficiado por la legislación actual.

En relación con las jubilaciones, se avanza con la eliminación de la moratoria que permitía a las personas que no habían completado los 30 años de aportes pagar una cuota para jubilarse.

Para facilitar el avance del debate, el Gobierno también ha renunciado a un artículo controvertido que ampliaba las facultades delegadas, algo que era rechazado por todo el espectro opositor.

Además, se realizan modificaciones en algunas disposiciones del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), entre ellas limitaciones a la posibilidad del VPU (Vehículo de Proyecto Único) para modificar el plan de inversión, y se elimina la alícuota del 0% para los dividendos, estableciendo un pago del 7% durante los primeros 7 años y luego del 3.5%.

Para abordar las demandas de la oposición, se está promoviendo la creación de la Prestación de Retiro Proporcional, que garantiza una jubilación proporcional al tiempo de aporte, utilizando una fórmula que combina la Prestación Básica Universal (PBU) con 1.5 unidades por año de aporte. Sin embargo, se establece que en caso de que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) sea mayor, esta última será la que se otorgue.

En relación con las privatizaciones, otro tema que genera tensiones con la oposición, el Ejecutivo ha accedido finalmente a incluir al Banco Nación por separado, dejando fuera del proyecto a otras seis empresas del grupo Banco Nación, incluyendo Nación Seguros.

Sin embargo, se ha rechazado la propuesta de que un informe negativo de la SIGEN pueda detener un proceso de privatización. Aunque desde la perspectiva, al menos del radicalismo, se interpreta que si una empresa no cuenta con la aprobación del organismo, el Gobierno terminará retirando los pliegos de privatización.