Hace un año y medio que el Departamento General de Irrigación comenzó a trabajar en la elaboración de un Código de Aguas, que unifique y sistematice la normativa vinculada a este recurso. El proceso ha llegado a un estadio avanzado y esperan tener, en agosto, un borrador para presentarle al gobernador Alfredo Cornejo y que lo pueda remitir a la Legislatura. Desde diversas cámaras plantean que no han tenido participación en el proceso hasta ahora.
Al día siguiente de que el gobernador anunciara, en la apertura de las sesiones legislativas, “la creación del primer Código de Aguas de Mendoza, que tendrá como principal finalidad consolidar la institucionalidad del agua y la seguridad jurídica para la presente y las futuras generaciones”, Irrigación lanzó la plataforma Participa.
Se trata de un espacio participativo en el que, por ahora, hay información sobre por qué se necesita un Código de Aguas, cuáles son los principios y derechos constitucionales que no se podrán modificar, y la opinión de algunos referentes sobre la importancia de contar con esta recopilación normativa.
A fines de junio, se subirá a la plataforma el borrador consolidado, con los aportes de especialistas en diversos temas, a quienes se les ha remitido capítulos específicos vinculados a su área de conocimiento, para que brinden su opinión. Entonces, se abrirá la instancia de participación ciudadana y, luego de que se analicen estas observaciones, el superintendente se reunirá con los consejos de cuencas para elaborar un borrador definitivo, que le presentará al gobernador en agosto.
Sin embargo, en el proceso previo, para llegar a este primer borrador, se han realizado talleres informativos, no abiertos al análisis y discusión, y desde entidades productivas tienen una cierta preocupación por no estar al tanto de qué cambios podría introducir este código.
Inquietud
Fabián Ruggeri, presidente de Acovi (Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas), indicó que aún no tienen acceso al borrador, pero que ya han contactado a abogados especialistas en el tema para poder estudiarlo en cuanto se conozca. Añadió que, si bien entienden que el Código de Aguas puede ser una necesidad, les preocupan ciertos conceptos que se han ido planteando, como la mejora en el uso del agua y la plusvalía de este recurso en las actividades productivas. Sumó que no saben qué pueden implicar estas nociones y es justamente esta falta de conocimiento lo que genera inquietud.
Planteó que estaban al tanto de que se estaba trabajando en un código, como también en el Plan Hídrico 2050, pero no ha habido consultas a las entidades. “Hemos pedido novedades muchas veces, pero hay un cierto hermetismo”, indicó y añadió que están esperando a que suban el texto a la página para poder analizarlo, con el asesoramiento legal de conocedores de la cuestión hídrica.
Mauricio Marín, presidente de la específica de Agricultura, de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, coincidió en que ha habido reuniones informativas, pero no participativas, y que tienen preguntas sobre aspectos como la distribución mayorista, la determinación de la oferta y quiénes son usuarios del agua de un cauce (ya que ahora se podría ampliar la matriz y disminuir la disponibilidad del recurso para ciertos usos).
“Sólo nos han informado de qué se trata el código, que busca el ordenamiento de la ley y reglamentaciones que orbitan a la ley de aguas, para darle un formato práctico, eliminar lo que no sirve y agregar lo que hace falta”, detalló. Pero indicó que, pese a que ya se ha llegado a un borrador, la cámara no fue convocada a colaborar en la elaboración, cuando se les había manifestado que iban a tener participación en el proceso.
El gerente del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, Mauro Sosa, mencionó que saben de la iniciativa a través de los medios, pero no han sido invitados a participar del proceso previo, aunque consideró que esto quedará resuelto cuando se pueda conocer la propuesta desde la plataforma Participa. Añadió que ya se ha inscripto para poder ser parte del debate en cuanto se habilite.
Explicó que consideran que la iniciativa es oportuna, porque se trata de recopilar y actualizar una gran dispersión en materia legal, desde la ley fundacional (la Ley de Aguas, de 1884), hasta la actualidad, con todas las modificatorias y resoluciones. Pero enfatizó que es importante que se dé un espacio a los usuarios, desde agricultores y empresarios a ciudadanos, porque “si no es un proceso de acuerdos y consensos, no podemos esperar que sea exitoso”.
También consideró fundamental la incorporación de tecnología que permita hacer un uso más eficiente de un recurso escaso y la modernización de todo el esquema de riego, para ajustarlo a la realidad del cambio climático y las nuevas necesidades, pero siempre en el contexto de la limitación que establece la Constitución provincial.
Qué se cambia y qué no
En una conferencia de prensa que se desarrolló ayer, el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, subrayó que hay ciertos principios hídricos que establece la Constitución provincial y que no pueden ser modificados por ninguna ley o código, como la inherencia del agua a la tierra, la participación de los usuarios (a través de las inspecciones de riego), la autarquía y autonomía del DGI, y que las concesiones de uso de agua superficial las otorga la Legislatura, entre otros puntos.
Pero sí avanza sobre la planificación de largo plazo y se incluyó que los superintendentes que no planifiquen pueden ser destituidos. Esto incluye la obligatoriedad de revisar la planificación cada 5 años y de enviar un informe anual a la Legislatura, para explicar el estado de avance del plan.
También se establecerán pautas sobre cómo resolver los problemas interjurisdiccionales, no sólo con La Pampa, por el Atuel, sino también por el Desaguadero. Además, se plantea la incorporación de tecnología para tener certidumbre de cómo manejar el recurso. Y se suma al ambiente como un destinatario del agua, lo que incluye al arbolado público.
En cuanto a la minería, Marinelli subrayó que no existe un solo párrafo que le dé una ventaja a esta actividad sobre otras y que, cuando haya un pedido de agua, se seguirá el procedimiento actual, de proyectar la oferta y la demanda, y, en función de ese balance hídrico, determinar si hay suficiente recurso para un nuevo uso.
